Practica Forense De Derecho Penal

DERECHO ECONOMICO

I.- EL ESTADO COMO RECTOR DE LA ECONOMÍA NACIONAL.

I.1.- LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL ESTADO.

La política económica —también economía aplicada o normativa— es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los países. Esta estrategia está constituida por el conjunto de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos económicos para obtener unos fines o resultados económicos específicos.

Las herramientas utilizadas se relacionan con las políticas fiscales, monetaria, cambiaria, de precios, de sector externo, etc. La política monetaria, por ejemplo, a través de las decisiones sobre la emisión de dinero, puede generar efectos sobre el crecimiento y dinamización económica, la inflación o las tasas de interés; la política fiscal, a través de las determinaciones de gasto público e impuestos, puede tener efectos sobre la actividad productiva de las empresas y, en últimas, sobre el crecimiento económico. La política comercial, o de comercio exterior, tiene efectos sobre los ingresos del Estado y, de esta forma, sobre el gasto que éste mismo hace, etc.

En general, la intervención del Estado se puede dar de muchas formas, sin embargo, fundamentalmente, tiene el propósito de modificar el comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos, estímulos, beneficios tributarios, etc., o de prohibir o limitar las acciones de estos sujetos.

Aunque en algunas ocasiones los objetivos buscados, al ser muchos, pueden ser contradictorios, debe existir una coordinación e integración entre las diferentes políticas, de tal forma que se produzcan los resultados esperados.

Los resultados buscados pueden ser en el corto y en el largo plazo. Los fines de corto plazo buscan enfrentar una situación actual; es decir, una coyuntura económica actual, por lo tanto, las medidas son coyunturales. Las medidas de largo plazo buscan otros tipos de finalidades, las cuales pueden afectar la estructura económica de un país, por lo tanto, son medidas estructurales. Las medidas de corto plazo buscan enfrentar temas como el desempleo, la inflación, etc., mientras que las medidas de largo plazo pueden ser, por ejemplo: incentivar el desarrollo de un sector específico de la economía (agricultura, industria, etc.), buscar una mejor distribución del ingreso, etc., todos ellos procesos que llevan tiempo para desarrollarse y que, en general, buscan el bienestar de los habitantes del país.

Política Económica

El principio de racionalidad y la especificidad de la política económica como disciplina

El economista interpreta el comportamiento humano como actos electivos que resultan de la concreción para un entorno dado de las reglas de decisión óptimas de los agentes. Estas reglas o funciones de reacción, es decir, las funciones de oferta y demanda de los agentes, se derivan de las condiciones de primer orden de los programas de optimización que los agentes supuestamente resuelven. Los actos humanos son vistos, por tanto, como actos de racionalidad. Este enfoque maximizador, en virtud del cual los agentes económicos se comportan a lo largo de sus vidas como si fueran controladores óptimos, es el aplicado tradicionalmente a consumidores y productores, y en tiempos más recientes también se ha extendido fructíferamente su empleo al análisis de fenómenos pertenecientes al campo del derecho, la sociología y la ciencia política.

De modo análogo, el economista analiza la actividad político-económica como actos de racionalidad del policy maker. La especificidad de la literatura político-económica, o de la política económica como disciplina, reside precisamente en la aplicación o extensión del enfoque económico del comportamiento humano a la toma de decisiones de las autoridades económicas. La formulación de la política económica se interpreta, consecuentemente, como el resultado de la previa resolución de ejercicios de optimización por parte de las autoridades económicas. Para ello, y desde la contribución seminal de Tinbergen (1952) a la teoría de la política económica, se recurre al concepto de modelo de política económica (véase Fernández Díaz, 1972) para expresar formalmente la lógica de la política económica. Para el economista, la lógica de la política económica queda condensada, por tanto, en la estructura de un problema de optimización condicionada. Esta estructura ha ido ganando complejidad con los avances experimentados por la teoría de la política económica. Así, desde las primeras aportaciones de los años 50, en las que ni siquiera se explicitaba la función objetivo del problema, se ha pasado en la década de los 80 a una estructura propia de un juego dinámico en el que tanto el gobierno como los agentes privados resuelven ejercicios de optimización dinámica estocástica.

I.2.- EL ESTADO Y LA ECONOMÍA NACIONAL.

Ahora que el nuevo acontecer social parece significarse por un discurso que llama a prescindir de la participación estatal en todos los órdenes, debe exigirse que los diagnósticos sobre el Estado empresario en los diversos sistemas sociales, se basen en el examen del funcionamiento real de los regímenes económicos. Hoy, la operación de éstos se proyecta no sólo sobre la administración pública paraestatal, sino también en los cambios impuestos por la reorganización industrial del presente.

¿Cuáles son los límites de la intervención estatal en la economía, cualquiera que sea el sistema social de que se trate?

Esos límites no existen ni existieron, pues el Estado moderno y la economía han arribado -como fruto de procesos históricos universales, proyectados en los ámbitos nacionales- a una relación dinámica interdependiente, que tiende a integrar y no a separar ni a yuxtaponer. Una brevísima referencia al esfuerzo intelectual vinculado a la intervención del Estado, bien podría orientarnos en tal sentido.

En la medida en que se investiga la existencia de las supuestas fronteras entre Estado y economía se obtiene, implícitamente, toda una cosmovisión en cuanto a la reflexión del hombre sobre las ciencias sociales y el poder estatal. Son los procesos civilizadores los que conforman la integración de tales conceptos, imposibles de concebir como modelos únicos si tan sólo se hace uso de recursos analíticos situados en un altísimo y, por tanto, esterilizante nivel de abstracción. La dificultad, implícita en la construcción de arquetipos civilizadores, conduce a imaginar fronteras donde no existen. En administración y en economía suelen utilizarse versiones banales de estos asuntos, por lo que se ve pertinente dejar de trazar acotamientos que carecen de sentido real.

La historia de la reflexión intelectual sobre la relación entre el Estado y el mercado tiene valor cognoscitivo en la medida en que se reconozcan estas premisas. Por ello, confundir la revisión del pensamiento económico con la historia de ese pensamiento, implica desconocer los fundamentos de su problemática. La reorganización pública y privada del presente está haciendo resurgir doctrinas y preceptos formulados ya hace mucho tiempo, que vuelven a aparecer como novedosos.

Los mercantilistas reclamaban la presencia de gobiernos fuertes y unitarios que consolidaran al emergente Estado-nación. La modernización de entonces pasaba por gobiernos laicos, artesano-industriales y urbanos, que neutralizaban el poderío cosmopolita del papado católico y la competencia de otros Estados. En aquella época, el apego al dinero metálico era una manera de sujetar la economía a las nuevas formas de crecimiento económico, basadas en el naciente proceso del trabajo industrial. Hoy en día, las posturas neomercantilistas de las escuelas neoliberales paracen coincidir con la versión de cierto capitalismo financiero.

Los fisiócratas, por su parte, nunca se dejaron atrapar por las falsas implicaciones del famosísimo "dejar hacer, dejar pasar". El gobierno gendarme, en cambio, se encargaba acuciosamente de hacer funcionar la organización mercantil privada de la economía, muy especialmente para dinamizar, de acuerdo con los medios de entonces, la generación colectiva de los excedentes y la apropiación privada de los mismos. Contrariamente a lo sostenido habitualmente, ese Estado gendarme no era prescindible, en la medida en que promoviese los excedentes mencionados. Por ello, si bien realizaba importantes transferencias de poder de decisión hacia la esfera privada, al mismo tiempo conservaba y acrecentaba el poder del orden estatal en otros campos, distintos a los que eran objeto de las transferencias indicadas anteriormente. Como ejemplo, basta evocar las cruentas operaciones destinadas a reclutar gente de escasos recursos, tanto para los ejércitos nacionales -totalmente resistidos y no reconocidos por las regiones-, como para los mercados de mano de obra en la Francia del siglo XVII. Numerosos aspectos fiscales de aquellos tiempos sirven para ilustrar el mismo asunto.

Correspondió a los clásicos profundizar sobre algunos aspectos de la relación entre el gobierno y los mercados privados. Si bien se juzgaba que el gobierno emergía de la sumatoria de las voluntades individuales, no se dejaba tampoco de reconocer la necesidad de un agente económico más individualizado, independiente de la visión inmediatista de los hombres de negocios. En ese último sentido, la gestión gubernamental de la piratería fue un buen ejemplo de cómo el Estado regulaba las actividades transnacionales de sus súbditos y de cómo la práctica económica fue moldeando el desarrollo de la teoría clásica sobre el papel que habría de desempeñar en la economía.

El evolucionismo

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