Propuesta De Ley Para Regular Las Encuestas En Campañas Políticas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

Las encuestas electorales tienen su antecedente en la vida política de México a partir de 1994. En ese año, se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para darle atribuciones al Instituto Federal Electoral (IFE) para ordenar ejercicios demoscópicos el día de la jornada y se establecieron disposiciones relativas a las campañas electorales.

Con la reforma electoral de 2008 se dotó al COFIPE de mayores disposiciones sobre los estudios de opinión y a las encuestas electorales. Un ejemplo de la evolución histórica de la regulación de encuestas de opinión y su utilización en procesos comiciales son los cambios a las prohibiciones a que han estado sujetas. En 1994 no podían difundirse ocho días antes de la jornada y hasta el cierre de las casillas, mientras que en 2008 la prohibición se redujo a tres días. Asimismo, en ese mismo año se reconoció la necesidad de que el Consejo General del IFE consultara con los profesionales del ramo, los criterios científicos para la elaboración de encuestas o sondeos de opinión.

No obstante lo anterior, y a pesar del esfuerzo que ha hecho el legislador y el trabajo que ha efectuado desde 1996 el Instituto Federal Electoral para regular encuestas electorales, éstas siguen presentando algunos dilemas que se han problematizado a lo largo de los últimos procesos electorales. De hecho, en las últimas dos elecciones presidenciales éstas se convirtieron en elementos esenciales y especialmente relevantes del debate público en torno a las campañas electorales.

En el proceso electoral 2011-2012 fue posible apreciar una mayor participación de los medios de comunicación y espacios noticiosos en la difusión de encuestas electorales. Muchas de ellas fueron usadas sistemáticamente como insumo para editorializar notas periodísticas. En ese sentido, durante esta campaña parece haberse difuminado la frontera entre la finalidad informativa y la utilización propagandística de las encuestas electorales. El desenlace de la elección en contraste con la sensible disparidad que estos ejercicios mostraron a lo largo de la campaña, aunado al hecho de su intensa presencia en algunos medios de comunicación electrónicos y escritos, ha abierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles jurídicos sobre este tipo de instrumentos, a fin de evitar que se conviertan en modalides encubiertas de propaganda electoral en beneficio de partidos y de candidatos.

El papel protagónico que las encuestas han ido asumiendo en los procesos electorales, así como los aprendizajes que ha dejado la elección de 2012, enfatizan la conveniencia de incluir en el ordenamiento jurídico ciertas garantías, especialmente de trasparencia y de revelación de conflictos de interés, al flujo constante de encuestas y estudios de opinión en contextos electorales. Sin lugar a dudas, la elaboración de encuestas y su difusión son expresiones concretas de las libertades ideológicas e informativas que definen al pluralismo. Sin embargo, dada la potencialidad que este tipo de instrumentos tienen para inducir comportamientos de actores electorales y ciudadanos con efectos, incluso, determinantes en la formación de la voluntad electiva de la sociedad, es admisible regularlas para hacer valer el interés público de la equidad sin cercenar libertad alguna.

II. CONSIDERACIONES

La regulación de encuestas o sondeos de opinión a ser difundidas en la opinión pública es pertinente si con ella se pueden generar incentivos para incrementar la calidad y transparencia de la información.

Que las encuestas de opinión en materia electoral en algunos casos se utilicen, no para medir la opinión pública y proveer de información objetiva sobre preferencias en un tiempo dado, sino con propósitos de inducción de dicha opinión en un sentido electoral determinado, es una problemática que preocupa internacionalmente. Al respecto, en Estados Unidos y Canadá se ha visibilizado que el mercado sin regulación o controles públicos de encuestas políticas y en contextos electorales mina progresivamente la calidad de la democracia, e incide en el descrédito de la política y de los políticos, al tiempo que debilita la credibilidad de este tipo de ejercicios.

Por otro lado, estudios realizados han hecho posible apreciar la relación que guardan los medios noticiosos y la publicación de encuestas y sondeos de opinión. Se ha encontrado que el incremento de la audiencia, o del electorado, en espera de la publicación de resultados de opinión pública, ha creado un ambiente que incentiva la alta proliferación de encuestas, muchas de ellas sin rigor técnico y metodológico. En ausencia de controles efectivos, los ciudadanos carecen de elementos para distinguir cuáles de esas investigaciones demoscópicas han sido elaboradas sobre criterios científicos, de modo que aumenta la probabilidad de que las encuestas respondan a propósitos de propaganda electoral, es decir, a la finalidad de inducir la voluntad de los electores a favor o en contra de partidos o candidatos, y no al fin de proveer información sobre la fisonomía de la opinión pública en un espacio y tiempo concretos y al impacto que ciertos hechos pueden tener en dicha opinión pública.

En la reciente competencia electoral por la Presidencia de la República, el uso de las encuestas en medios de comunicación con propósitos editoriales provocó que la crítica política y social se enfocara en el empleo que se hizo de ellas y no propiamente en la calidad de los métodos empleados para su elaboración o en el grado de precisión de sus resultados.

En ese sentido, es imperativo que la elaboración y difusión de resultados de opinión en materia electoral sean regulados para dotar de mayor calidad a la información que recibe el electorado, y de integridad en los fines de los datos que está recibiendo. Es por ello que entre las consideraciones de mayor importancia para mejorar los medios regulatorios para la publicación de encuestas se encuentran tres problemas que inciden directamente en el ambiente democrático del país, y que es deseable evitar: (i) que los encuestados se vuelvan escépticos a las encuestas y se rehúsen a participar en

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