RESEÑA DE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL DE LA MINERIA

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL-EMPRESAS MINERAS

La explotación minera en México, se remonta a la época prehispánica; el auge minero inició hacia 1530 con el ciclo del oro y hacia 1540 inició el ciclo de la plata, a partir de ese momento se buscó regular esta actividad para mantenerla bajo control de la Corona Española a través de diversas Ordenanzas y Leyes de Minas, hasta acuñar monedas, proceso que se da con la fundación en 1535 de la Casa de Moneda de México (González Reyna, Jenaro. 1944)

Durante la primera mitad del siglo XIX se dio otro momento de auge y fuerte explotación minera, dada en tres momentos históricos: durante el porfiriato, con el Movimiento Revolucionario de 1910 y la Constitución de 1917, y después de la crisis económica internacional de 1929. Está implícito, pero es necesario explicitar, que la minería y sus derivados forman parte fundamental de la vida cotidiana tanto rural como urbana (. Rodríguez. Nemesio J 2012)

La minería ha sido un sector de gran importancia para México, debido a su diversidad y abundancia y para su desarrollo industrial, particularmente en su industria petrolera, siderúrgica, química, de vidrio, electrónica y de la construcción.

Actualmente la minería en México es “la tercera industria que más inversión atrae al país, después del petróleo, las exportaciones automotrices y electrónicas, superando a la del turismo. En 2011 hubo una inversión de 4,700 millones de dólares en el sector, se crearon 307 mil empleos directos, un millón y medio de empleos indirectos (Secretaria de Economía).

Según la SE entre los años 2000 y 2010, se expiden 26,559 títulos de concesiones mineras en México, que significan el 35% del territorio nacional. En 2010, hay 301 empresas con proyectos mineros en el país cuyo, origen y orden de importancia por número de proyectos es el siguiente: Canadá (202); EE.UU. (51); México (14); Australia (7); China (7); Japón (6); Reino Unido (4); Perú (2); Corea (2); Chile (2); Italia (2); Bélgica (1); e India (1).15.

PROBLEMÁTICA

Los conflictos de recursos entre la población local y las empresas mineras pueden devastar comunidades, la reputación corporativa y causar daños costosos. El derecho internacional, los grupos de derechos indígenas y cada vez más, los inversores están presionando a los gobiernos y a las empresas a obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las comunidades locales antes de emprender actividades potencialmente dañinas, (Wilson, Emma y Buxton, Abbi. 2013)

Las concesiones mineras en la mayoría de los casos, suelen arrendar las tierras en conjunto con el Estado, sin consultar con los pueblos indígenas y, menos aún, pedir su consentimiento libre y fundamentado previo. Aun en los casos en que los pueblos poseen títulos legítimos de propiedad de sus tierras. Los derechos sobre la tierra están en la legislación, pero no son realidad. Son muy pocos los países que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, pero ni siquiera en esos países se han completado los procedimientos de otorgamiento de títulos y de demarcación de las tierras, y a menudo se demoran o quedan archivados cuando cambian los dirigentes o las políticas. La falta de seguridad jurídica de la tenencia sigue siendo un problema decisivo para los pueblos indígenas en casi todas partes (ONU-Foro Permanente Para las Cuestiones Indígenas).

El costo del desarrollo insostenible. Las actividades mineras han causado en muchos países el desplazamiento forzado de miles de personas y familias indígenas, que no han recibido una indemnización adecuada. Varias comunidades han sido trasladadas de los parques nacionales en contra de su voluntad, mientras que el desarrollo turístico de algunos países ha causado el desplazamiento de poblaciones indígenas y su creciente empobrecimiento. Cuando los pueblos indígenas han reaccionado y han tratado de hacer valer sus derechos, en muchos casos han sido objeto de maltrato físico, encarcelamiento, tortura e, incluso, han perecido (ONU-Foro Permanente Para las Cuestiones Indígenas).

En el conjunto de la sociedad mexicana se ha establecido ya, a diferencia de fines del siglo pasado, que la minería en el país conlleva conflictos. Se distinguen, de manera gruesa, tres subconjuntos: los que están en contra de la minería y que se agrupan por distintas razones (ambientales, socioculturales, defensas territoriales y/o una combinación de las anteriores); los que están a favor de la minería esgrimiendo argumentos económicos y legales (generación de empleos, derrama económica local-regional, atracción creciente de inversiones y observancia de la normatividad para la obtención de concesiones territoriales por autoridad competente); y la gran mayoría de la población que recibe, vía los medios masivos, informaciones fragmentarias e interesadas de ambos grupos anteriores sin tomar posición (. Rodríguez. Nemesio J 2012).

Según la estructura de la producción minera en oro y plata, por tamaño de las empresas, se tiene que la Gran Minería concurre al mercado con el 94.49% de oro y 95.07% de plata en 2009; son empresas mexicanas producto de la desincorporación minera y derivados por parte del Estado Los conflictos en este sector se dan, mayormente, con el sindicato del ramo y alrededor de los contratos colectivos, salarios y prestaciones. Estas grandes empresas de capital nacional representan el 85% de la inversión en el ramo, y además de la extracción del mineral también se dedican a su transformación (acereras, por ejemplo) y se ubican mayoritariamente en las zonas tradicionalmente mineras del país (Sonora, Durango, Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí) (Rodríguez. J. L. Sariego )

La mediana minería produce el 5.29% de oro y 4.79% de plata y es la franja que ocupan las mineras llamadas “junior” o “canadienses”, aunque no todas sean de ese origen. Estas empresas “se caracterizan por dos elementos distintivos: a) su carácter efímero, derivado del modelo de explotación intensiva que llevan a cabo; y b) su ubicación en lo que podemos denominar la tercera frontera de la minería mexicana, además del uso de tecnologías que producen notorios pasivos ambientales y desencadenan conflictos entre las poblaciones afectadas”, haciendo campamentos en “zonas aisladas e incomunicadas de la geografía nacional” y dónde las empresas nacionales no entran por los altos costos de producción. Estas áreas son la Sierra Madre Occidental y las Sierras de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán, Veracruz; es decir zonas indígenas, con alta marginalidad y pobreza y con escasa o nula presencia del Estado; La Pequeña Minería, que más que empresarial es individual y/o familiar, produce el 0.22% de oro y el 0.14% de plata y no genera conflictos sociales de gran impacto. (Rodríguez. J. L. Sariego).

En los conflictos, producto de la expansión territorial de las mineras “junior”, se

Confrontan los valores de uso versus el valor de cambio. Hay que agregarle, en todos los casos, una inadecuada y escasa información del proyecto minero a las poblaciones locales, con lo cual se acentúan procesos de desconfianza. Desconfianza que se da en ambos sentidos y que se profundiza con la falta de mecanismos institucionales para que los acuerdos sean legítimos, aunque se arriben a acuerdos formales y legales. A su vez, y es muy que las empresas establezcan interlocuciones con los miembros equivocados. Es en este clima relacional en que se dan tanto los conflictos socioeconómicos, socioculturales, como los socioambientales, y es dónde el Estado ha demostrado tener poca o nula capacidad para proteger y hacer respetar los derechos colectivos de los pueblos ( CIES, 2005).

Uno de los temas de conflicto entre las mineras “canadienses” por un lado y las sociedades locales y grupos ambientalistas por el otro es el de los pasivos ambientales. Estos son “residuos sólidos o líquidos, generalmente peligrosos para el ambiente y/o la salud humana que quedan como remanentes de una actividad minera (Infante, Consuelo. 2011).

El riesgo y su potencial impacto están relacionados y es proporcional a la escala del proyecto que se trate. Pero, también, su control se relaciona tanto con el grado y calidad de información transferida a la comunidad local para su toma de decisiones como por los resguardos financieros y técnicos que las empresas tomen y se comprometan bajo normatividad y vigilancia efectiva del Estado. Es decir, para que opere una minería que sea responsable con el ambiente y la población indígena, en los territorios en donde desarrolle sus actividades, es necesaria la presencia proactiva coherente del Estado, por la cual no se permita un desfase intra legislación ni que las instituciones que la implementen estén por debajo del nivel operativo requerido. OCMAL da cuenta de 164 conflictos mineros en 17 países de América Latina señala que en México se tienen 19 (OCMAL).

El uso del agua, por parte de las mineras, tanto en su cantidad como en la calidad residual es uno de los temas recurrentes y los argumentos esgrimidos son del siguiente tenor: “Para obtener una tonelada de cobre se necesitan 80,000 litros de agua o mil litros de agua por segundo para obtener un gramo de oro (y se remueve al menos una tonelada de roca); o la contaminación río abajo con cianuro por el proceso de lixiviación. Lo principal a entender es que los pasivos ambientales no sólo son un problema de riesgos e impactos sino que también son “una deuda que supone pérdida patrimonial para los países donde se desarrolla la faena, sus comunidades y los ecosistemas afectados por la actividad extractiva”.

...