Retos de la cooperación en el Postplebiscito ¿Es posible capitalizar la Incertidumbre?

Retos de la cooperación en el Postplebiscito ¿Es posible capitalizar la Incertidumbre?

Por: Juan José Rebaza Yupanqui/Cod. 201529659

Después del plebiscito del 02 de octubre a muchos nos queda claro dos cosas: Primero, que en asuntos políticos, los electores tomamos decisiones emotivas y no racionales, comprobando una vez más los postulados de la economía comportamental y de la neuropolítica (Gutierrez , 2009), y segundo: Frente al rechazo al Acuerdo de paz, no sólo se generó incertidumbre respecto a la estrategia que deben seguir los cooperantes y el congelamiento de los fondos fiduciarios para el posconflicto, sino que además plantea para el gobierno una serie de retos que bien podría capitalizar en medio de la incertidumbre política.

Conviene en este punto analizar; por un lado, las consecuencias y retos del congelamiento de estos fondos; y por otro lado, los retos a los que se enfrentan no sólo los cooperantes internacionales en medio de la incertidumbre que atraviesa el país, sino también los que enfrenta la gestión de la cooperación en Colombia desde su condición de receptor y oferente de cooperación, debido a su condición de “economía emergente^[1]”. Por eso, conviene preguntarnos ¿Cuáles son los retos económicos y sociales del congelamiento de los fondos fiduciarios para el postconflicto? ¿Cuál es el enfoque que deberían adoptar los cooperantes? En este momento ¿Es posible que el gobierno pueda capitalizar esta incertidumbre desarrollando una estrategia basada en el liderazgo que legitime su posición?

A fin de responder a estas interrogantes de forma coherente, conviene analizar este escenario desde un enfoque triple: a) El de la oferta y demanda de los fondos (lógica económica) para comprender los retos económicos al que se enfrentan el gobierno y los cooperantes, b) El de las posibles soluciones que podrían adoptar los cooperantes –en la búsqueda de su reconocimiento como un actor de paz, de ser el caso–, y c) Por parte del gobierno y la institución responsable (APC), mediante la forma en que contribuyen a legitimar un “debilitado” proceso de paz (que aún no ha terminado) a través de una gestión basada en el liderazgo y el equilibrio entre oferta y demanda de cooperación.    

Analizaremos primero la lógica económica de los retos, partiendo de la particular forma en que se comunicaron los hechos. En palabras de María Ángela Holguín, Canciller de la República, sólo dos días después del plebiscito, cuando anunció el congelamiento de los fondos para el postconflicto por parte de la Unión Europea y Canadá –que serían alrededor de USD$650 millones^[2]–, de la siguiente forma:

“La comunidad internacional está aterrada […] esperan que las fuerzas políticas del país tengan la madurez para mirar cómo pueden retomar el camino del fin del conflicto […] No teníamos ningún plan B” (Ángela Holguin, Canciller de la República , 2016)

Desde la lógica económica, no existe peor temor para un inversionista, que el relacionado a la fuga de capitales –o desinversión en el caso de la cooperación en Colombia–, cuando se persigue una economía con crecimiento resiliente (Spence , 2012), en un eventual estado de postconflicto^[3]. Un breve análisis económico ayuda a comprender estos retos analizando tres aspectos básicos:

En primer lugar, una de las consecuencias de la suspensión de los fondos fiduciarios (desinversión económica), es el aumento del gasto público de corto plazo en las partidas de seguridad, para disuadir el desarrollo de cualquier amenaza mientras se ajustan puntos críticos del acuerdo. De hecho, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, de los COP$703.9 billones, el 44.1% es gasto destinado a Seguridad (Departamento Nacional de Planeación, 2015), porcentaje que podría aumentar de no recibirse los fondos para la paz ¿Qué impactos tiene esto en el desarrollo? Pues bien, económicamente hablando, implica menos inversión en ítems contra la inequidad social, como la transformación del campo y el desarrollo de infraestructura, solo por mencionar dos ejemplos.

En segundo lugar, según la teoría económica, una reducción de la oferta de estos fondos fiduciarios, sumada a las señales negativas enviadas a la comunidad internacional por causa del resultado del plebiscito, generan en el corto plazo un aumento en las tasas de interés porque los fondos fiduciarios para la inversión se vuelven escasos. Además de la devaluación de la moneda local asociada a la ‘pérdida de confianza’. En tercer lugar; en economía, cuando existe demanda mundial elevada por flujos asociados a cooperación, es fácil que ésta sea absorbida por otros países donde prevalece la demanda local, sobretodo la ayuda humanitaria en un contexto de emergencia, como sucedió sólo 6 días después del plebiscito en que España anunció la posibilidad de enviar los EUR$3 millones que originalmente estaban destinados al postconflicto en Colombia, como ayuda humanitaria a Haití debido al huracán Mathew (Terra, 2016).

Le corresponde al gobierno enfrentar estos retos económicos que hacen que esta incertidumbre sea de alguna forma más “cara”. Si a esto le sumamos la proyección hecha por la OCDE sobre la Ayuda Programable país^[4] (APP) para los años 2015-2018, observamos que más allá de ser del nivel de US$860 millones anuales en promedio, dicha proyección es “plana”, o sea con poca variabilidad entre cada año (Anexo 02); explicando la eventual reducción de AOD y cooperación al desarrollo porque Colombia se graduó como país de renta medio-alta y elevando la valla del reto económico para el gobierno.  

De hecho, a fin de dimensionar la envergadura económica de este fondo, se observa que los US$650 millones “congelados” para el postconflicto representan nada menos que el 75% de la proyección promedio anual de la Ayuda Programable hasta el 2018, la misma que considera inversión en el sector Salud de 29% (sólo por mencionar un ítem crítico) (OCDE, 2016). Dicho esto, es más evidente notar las consecuencias sociales relacionadas al congelamiento de estas inversiones, sobretodo porque como se dijo, la proyección actual de APP es plana para Colombia^[5].  

Para comprender los retos a los que se enfrentan los cooperantes, es necesario conocer el destino de los fondos. Tal como lo señalara en Mayo la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, el Fondo Fiduciario de la UE de EUR$575 millones^[6] (Delegación de la Unión Europea en Colombia , 2016), tiene 4 grandes líneas de trabajo: i) Generación de ingresos a 650 mipymes rurales mediante “negocios verdes”, ii) Financiación a proyectos de paz para radios comunitarias –Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander RESANDER–, iii) Asistencia para acciones de desminado y, iv) Alianza con la FAO para la implementación del diálogo social como mecanismo de participación en zonas de influencia y restitución de tierras de comunidades indígenas y afrodescendientes (Presidencia de la República, 2016).

Todo este coctel de eventos coloca los siguientes retos para los cooperantes: a) Encontrar un equilibrio entre la presión política por hacer efectivos los fondos y las decisiones del gobierno colombiano sobre la renegociación del Acuerdo. De hecho, el 17 de octubre, José Manuel García-Margallo (ministro español de Exteriores) comunicó que la Unión Europea esperaba firmar el fondo antes de fin de año (El Espectador, 2016) y el Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea, Francisco García, indicó que éste se firmará el 12 de diciembre. En la medida que se definan las modificaciones al acuerdo, se enviarán señales positivas a los cooperantes, facilitándoles encontrar ese equilibrio bajo presión política, b) La suspensión de los fondos crea una oportunidad para que tanto cooperantes como gobierno trabajen en la mejora de la coordinación actual de la cooperación, a fin de poder alinear los intereses de los cooperantes con los del gobierno, c) El fondo tiene un enfoque basado en el desarrollo local (Tierras, reforzar la presencia del Estado, asociativismo, cooperativas y sostenibilidad ambiental), por lo que resulta clave que los cooperantes trabajen en alianzas con organizaciones de la Sociedad Civil a fin de efectivizar la ayuda; d) Frente a la incertidumbre, los cooperantes pueden enfocarse en proyectos de rápido impacto: Fortalecimiento de la seguridad interna (corto plazo), y en el largo plazo, garantizar la prevención de conflictos –legitimando la ayuda–; y e) Alinear sus agendas a la Estrategia de Respuesta Rápida (ERR), si en caso algunas líneas de acción son modificadas en la renegociación del Acuerdo.

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