Servicios Publicos

Los servicios públicos, es la prestación realizada por la administración pública de manera directa o indirecta, para la satisfacción concreta, son ejercidos por un organismo, pero también pueden hacerlo los particulares, bajo la autorización, control, vigilancia y fiscalización del Estado, con sujeción al ordenamiento jurídico permanente. En sentido general, están sometidos al régimen legal de derecho público, pero, también pueden estar sometidos a un régimen de derecho privado, siempre y cuando así lo disponga expresamente la Ley. Las bases constitucionales en materia de servicios públicos, en nuestro país están tipificadas en el artículo 236 Numeral 20, 8 y 24 en concatenación con el artículo 196, Numeral 6 que establece las Atribuciones de la Comisión Delegada para Autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para crear, modificar o suspender servicios públicos en caso de urgencia comprobada,142 y 178. Así mismo, siendo la constitución base de las Leyes de ella emanan las siguientes que garantizan los Servicios Públicos en Venezuela: Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, Ley Orgánica de Aduanas. Otras leyes como: Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para uso de Vehículos Automotores, Ley Orgánica de Educación, Ley Orgánica de Identificación, Ley Orgánica de Justicia de Paz, Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Orgánica para la prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico. En cuanto a la Doctrina los mayores exponentes de esta corriente fueron Hans Kelsen y Adolfo Merkl, formularon la teoría gradualista o de la “doctrina pura del derecho”. Para esta escuela toda función del Estado es función creadora del derecho; es lo que se ha llamado la "teoría de la formación del derecho por grados", y que encuentra su imagen en la pirámide de Kelsen, quien observó que en la función administrativa, como en la jurisdiccional, hay también creación de normas jurídicas. Por lo que, para los grandes juristas de esta escuela, toda la actividad del Estado es creadora del orden jurídico, y en dicho proceso de creación jurídica, la norma de orden más elevado determina más o menos el contenido de la norma de grado inferior, de manera pues, que mediante la legislación se está aplicando derecho, lo mismo que la administración y la justicia son actos de creación del derecho en relación a la ejecución de actos jurídicos en función de ellas mismas. Dentro de la actividad de los servicios públicos se pueden mencionar los siguientes elementos: Se deben suministrar con un criterio técnico gerencial y con cuidadosa consideración a las funciones del proceso administrativo científico: planificación, coordinación, dirección, control y evaluación, tanto en su concepción orgánica como en el sentido material y operativo, asimismo, debe funcionar de manera permanente, regular y continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por sobre los intereses de quienes los prestan, los servicios públicos no debe perseguir fines de lucro; se antepone el interés comunitario. La administración pública se rige por una serie de Principios fundamentales dentro de los cuales podemos mencionar el Iniciar y proseguir de oficio o a petición del (los) interesado (s), cualquier investigación conducente al esclarecimiento de asuntos de su competencia. Interponer, adherirse o de cualquier modo intervenir en las acciones de inconstitucionalidad, interpretación, amparo, medidas cautelares y demás acciones o recursos judiciales y, cuando lo estime justificado y procedente, las acciones subsidiarias de resarcimiento, para la indemnización y reparación por daños y perjuicios, así como para hacer efectiva las indemnizaciones por daño material a las víctimas por violación de derechos humanos, El Actuar frente a cualquier jurisdicción, bien sea de oficio, a instancia de parte o por solicitud del órgano jurisdiccional correspondiente. Mediar, conciliar y servir de mediador en la resolución de conflictos materia de su competencia, cuando las circunstancias permitan obtener un mayor y más rápido beneficio a los fines tutelados. Velar por los derechos y garantías de las personas que por cualquier causa hubieren sido privadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad, Denunciar ante las autoridades correspondientes al funcionario (a) o particular que incumpliere con su deber de colaboración preferente y urgente, en el suministro de información o documentación requerida en ejercicio de las competencias conferidas en el numeral 8 de este artículo, o que de alguna manera obstaculizare el acceso a los lugares contemplados en el numeral 6 de este artículo, Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que le sean ocasionados con motivo del mal funcionamiento de los servicios público. En relación a la clasificación de los servicios públicos, tenemos los esenciales que son aquellos que de no prestarse pondrían en peligro la existencia misma del Estado: policía, educación, sanidad. Los no esenciales; a pesar de satisfacer necesidades de interés general, su existencia o no prestación

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