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diecinuevInforme14 de Febrero de 2015

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La formación docente ha sido una parte sustantiva de dichas transformaciones. Por ello, la sanción de la nueva Ley de Educación Nacional 26.206 en su artículo 76 dispone la creación del Instituto Nacional de Formación Docente como organismo nacional desconcentrado, con la función primaria de planificar, desarrollar e impulsar las políticas para el sistema superior de formación docente inicial y continua y en respuesta al requerimiento social de políticas específicas y sostenidas para la formación de docentes en nuestro país. El diagnóstico del Sistema Formador de aquel entonces daba cuenta del alto grado de fragmentación y atomización de los Institutos Superiores de Formación Docente. La calidad desigual, la secundarización de la formación, la baja identidad y desarticulación eran parte de esta caracterización.

Una carrera docente en baja estima, con serios y recurrentes problemas institucionales y escaso compromiso del Estado Nacional completaban los aspectos salientes de este cuadro de situación. La implementación del Primer Plan Nacional de Formación Docente a partir de 2007 permitió una mayor coordinación y articulación federal, financiamiento y asistencia, cooperación e intercambio, acompañamiento y estímulo a las trayectorias estudiantiles y docentes, la extensión de la formación inicial a 4 años, la coordinación de criterios curriculares federales, acciones formativas virtuales y presenciales, mejoras en la infraestructura y equipamiento, producción de regulaciones para el sistema, fortalecimiento en los distintos niveles de gobierno y gestión y una mayor democratización institucional.

Desde la creación de las Escuelas Normales y los Institutos Superiores hasta este tiempo, han transcurrido múltiples procesos que procuraron de diferentes maneras modificar la formación. En esta historia pueden identificarse experiencias que tuvieron diferentes intenciones a la base, e intensidades variadas en sus efectos, pero que, sin dudas, dejaron huellas que hoy perviven en las instituciones, en los sistemas educativos provinciales y en sus actores. Procuramos que la formulación y el desarrollo de políticas en este subsistema parta del reconocimiento de estos antecedentes, en tanto constituyen el suelo en el que se inscriben las propuestas sobre el sistema formador.

Tal vez una de las herencias más críticas que presenta la formación docente es que, luego de la descentralización, es difícil reconocer un sistema que preserve una matriz nacional y común, dada la creciente dispersión que abonó a que se consolidaran sistemas provinciales de formación de docentes que hoy presentan escasos aspectos comunes, que los liguen como tales. En este marco, es preciso considerar los efectos producidos por los procesos desarrollados durante la última década en relación con la acreditación institucional, la validación nacional de títulos y el trabajo en torno a los diseños curriculares de la formación docente. Si bien éstos son aspectos que exigen ser considerados en el conjunto de las políticas, los mismos no agotan las problemáticas que deberán abordar el Ministerio Nacional, las Provincias y las instituciones.

Considerar la formación docente como parte de la Educación Superior significa otorgarle un carácter específico dentro del sistema –por el sujeto que es su destinatario y por su particular inscripción en el entramado social-, y asumir ciertas orientaciones de política. Tal como ya fue señalado, la formación docente es un ámbito que canaliza inquietudes, aspiraciones y compromisos de los jóvenes en su vínculo con la sociedad y la cultura a la que pertenecen, y de cuya construcción son futuros responsables. Dada la fragmentación y las brechas sociales y culturales que hoy imperan, la formación de los docentes puede constituir uno de los ámbitos con mayor

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