Texto Argumentativo

TEXTO ARGUMENTATIVO: La pena de muerte: un recurso facilista e irresponsable

Como si no hubiera problemas más urgentes en el país, incomprensiblemente, el nuevo gobierno ha colocado en la agenda de sus primeras semanas la implantación de la pena de muerte para los violadores y asesinos. No podemos dejar de expresar nuestra posición respecto a este tema, porque la discusión que se ha generado en torno a él muestra que lo que está en juego va más allá de la respuesta ´supuestamente eficaz al abuso y crimen contra la integridad humana, sino que implica un determinado enfoque de la democracia, de los derechos humanos y de los convenios que protegen estos derechos a nivel internacional. Ante esto diremos que, por principios, no estamos a favor de la aprobación de esta ley en ningún caso.

En primer lugar, porque ningún ser humano puede arrogarse la atribución de decidir la muerte de otro. Quienes somos cristianos sabemos que Él “no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva”, que “Dios hace salir el sol sobre buenos y malos”. Recordamos también las palabras de Jesús contra la ley antigua del “ojo por ojo señalando que la novedad del evangelio era, precisamente, el amor a los enemigos”. Respecto a este tema uno de los documentos oficiales eclesiales más recientes, “El nuevo compendio de la doctrina social de la Iglesia”, (2005), del Pontificio Consejo de Justicia y Paz del Vaticano (nª45) dice: “la Iglesia ve como un signo de esperanza la aversión cada vez más difundida en la opinión pública a la pena de muerte, incluso como instrumento de legítima defensa social, al considerar las posibilidades con las que cuenta una sociedad moderna para reprimir eficazmente el crimen, de modo que, neutralizando a quien lo ha cometido, no se le prive definitivamente de la posibilidad de redimirse”…

En segundo lugar, cabe señalar que los derechos humanos son derechos universales e irrenunciables, independientemente de la bondad o maldad de las personas. De otro lado la pena de muerte no es eficaz, no es disuasiva, pues estudios estadísticos comparativos muestran que, en los países en los que se ha implementado, los actos criminales no han disminuido después de la aprobación de esta sanción. Existe, también según estadísticas, preocupantes casos de error judicial, es decir personas que han sido matadas por el Estado, demostrándose a posteriori que eran inocentes. Desde el punto de vista jurídico y legal, la pena (privación de la libertad) está orientada la rehabilitación del reo; cuando en lugar de una pena se le imponerla muerte, no hay rehabilitación posible y más que de pena habría que hablar de venganza por parte de la sociedad. Con ello no estamos diciendo en absoluto que un crimen como la violación y el asesinato no deban ser severamente castigados. Es un acto repudiable e inhumano que merece la mayor de las condenas, que podría ser incluso la cadena perpetua. Entendemos plenamente el sentimiento de indignación que nos provoca como ciudadanos un hecho como ese. Pero las ganas, la emoción, nuestros impulsos no son siempre los mejores consejeros para tomar decisiones.

Finalmente, en el aspecto jurídico internacional, el Perú reconoció en 1981 la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y se acogió al Pacto de San José, según el cual los países firmantes no pueden ampliar las causales para aplicar la pena de muerte. Para aprobar la medida que propone el Presidente García el Perú tendría que denunciar ese Convenio Internacional. Lo cual sería muy grave, pues los derechos de todos los peruanos quedarían sin respaldo internacional. En cualquier país los poderes del estado, son necesarios para servir y proteger a la sociedad, puede incurrir, eventualmente, en abusos. La CIDH y el Pacto de San José surgieron, por acuerdo de los países firmantes, el Perú

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