Órganos De Control

- órganos de control.

Durante la historia de los regímenes jurídico- político vigentes, ´podemos encontrar dos sistemas de control del orden constitucional. El que se ejercita por órgano político y el que se realiza por órgano jurisdiccional.

ÓRGANO POLÍTICO

Este revela la existencia de un cuarto poder, al que se le encomienda la protección del orden jurídico establecido por la Carta Fundamental, o bien, dicha facultad se le atribuye a algún órgano en que se deposite cualquiera de los tres poderes clásicos del Estado.

Características:

• La petición de inconstitucionalidad de un acuerdo o de una ley se le confiere a las autoridades contra la o las responsables de la violación

• Las declaraciones de inconstitucionalidad tienen efector erga omnes o absolutos y el procedimiento observado para hacer tal declaración no es contencioso, pues en él no se entabla una verdadera controversia entre el órgano peticionario y la autoridad contraventora de la Constitución, sino que estriba en un mero estudio que hace el poder controlador acerca de la ley o acto reclamado, con la única finalidad de determinar si son o no constitucionales.

ÓRGANO JURISDICICONAL

En este, él órgano encargado de preservar el orden constitucional pertenece a Poder Judicial; por lo tanto entabla una verdadera controversia entre la persona que se considera agraviada y la autoridad responsable de quien emanó la ley o el acto violatorio de algún postulado constitucional.

Este sistema tiene la particularidad de que la sentencia en que se hace la declaración de inconstitucionalidad de la ley o el acto que se reclama solo tiene efectos relativos a la cosa juzgada, es decir, limita su protección al caso especial que planteó el gobernado cuando instó al órgano controlador para que emitiera tal resolución

- sistema de control por vía de acción y por vía de excepción

Cuando la preservación del orden constitucional se le encomienda a un órgano jurisdiccional, este control puede realizarse por vía de acción o por vía de excepción.

Por la vía de “acción”, su ejercicio se tramita y desenvuelve en forma de un verdadero procedimiento jurisdiccional y contencioso, en el que el gobernado que se considera afectado con el acto de autoridad, demanda y exige que un órgano judicial, distinto de la autoridad que incurrio en la violación, declare la inconstitucionalidad del acto que se reclama.

Por vía excepción, de “defensa” o de “control difuso”, la declaración de inconstitucionalidad del acto se plantea ante la misma autoridad judicial que lo emitió, ya sea como mera defensa alegada por una de las partes litigantes en el mismo juicio, o bien ante el superior jerárquico,

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