A DON ALBERTO BALLARÍN MARCIAL.

DISCURSO CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO AGRÓNOMO DE HONOR CONCEDIDO POR LA ETSIA A DON ALBERTO BALLARÍN MARCIAL.

Excelentísimos e Ilustrísimos señores, queridos amigos y amigas:

Mis primeras palabras tienen que ser de gratitud sincera y de reconocimiento auténtico por la concesión de este título que tanto añoraba yo, tanta ilusión me hacía y tanto valor tiene para mi currículum. Cuando en el Quijote, Sancho Panza le pregunta a su señor el por qué de sus salidas al campo a fin de remediar las injusticias y apoyar a los débiles, aquél le responde: “lo hago, primero por servir a la nación y segundo, por añadir honra a mi apellido”. Del mismo modo yo puedo decir que el título que se me acaba de conceder añade mucha honra al mío, dada la importancia de esta escuela y del papel que le corresponde a la ingeniería agronómica en este momento histórico, según voy a mostrar a continuación.

Cuando uno lee el informe de 1795 sobre la Ley Agraria de Don Melchor Gaspar de Jovellanos, también declarado ingeniero agrónomo de honor, queda impresionado al comprobar que en los aspectos técnico-agrarios ese distinguido autor utiliza y recomienda la técnica propia del romano Columela y de los agrimensores de esa época histórica, si bien en el Renacimiento español había existido la figura destacada de Alonso de Herrera.

En el siglo siguiente España tenía que entrar en la modernidad y no cabía ya hacerlo con soluciones romanas sino afrontando el desarrollo adquirido por la ciencia agronómica con el paso del tiempo. La Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid se funda en 1855 gracias al impulso inicial del joven letrado burgalés Alonso Martínez. Esa institución tiene que afrontar desde su inicio una serie de desafíos a fin de formar convenientemente a los ingenieros agrónomos, que tendrían que dirigir la evolución de la agricultura española.

El primer desafío era el de la Reforma Agraria, un fenómeno que modernamente se inicia con las actas del primer ministro británico Gladstone para que los arrendatarios irlandeses pudieran pasar a la condición de propietarios de la tierra que cultivaban. The Land Reform no tuvo paralelo en España, a pesar de que los grandes propietarios de fincas las explotaban también, por regla general mediante numerosos contratos de arrendamiento. La Reforma Agraria en España queda como algo pendiente de realizar en el futuro. En 1889 se promulga el Código Civil español y en él no encontramos solución alguna para liquidar el latifundio como no sea el artículo 1062, que establece la igualdad in natura entre todos los herederos, lo que suponía que una finca grande tenía que dividirse. Otro precepto que yo citaría es el del artículo 1523 de ese cuerpo legal que pretende solucionar el problema del minifundio mediante el retracto de colindantes. A la vista de lo sucedido procede declarar que ambos preceptos fueron manifiestamente insuficientes. La verdadera reforma agraria que se hace en España en el siglo XIX es la desamortización de las tierras públicas y eclesiásticas que en 1855 firma Mendizábal y que arroja a la economía del momento una masa ingente de tierras por lo que aumenta también la producción y la población española en ese siglo del “vapor y del buen tono”. La asignación de tierras se hizo mediante subastas públicas sin el menor sentido social por lo cual pudo decir Joaquín Costa que la Desamortización había hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. En Francia, según nos lo recuerda el agrarista Viñas Mey, con los bienes de los emigrados políticos se constituyeron explotaciones familiares asignadas a verdaderos profesionales de la agricultura como la que aparece rezando el ángelus en el famoso cuadro de Millet en el que vemos a marido y mujer armados respectivamente de horca y rastrillo. Al terminar el Siglo XIX España contaba con una venerable Ley de Aguas y con un Código Civil estimable. Pero lo cierto es que agotamos esa centuria con problemas del latifundio y del minifundio planteados en toda su crudeza y con leyes injustas para los arrendatarios y obreros agrícolas.

La primera revolución que se propone en el terreno intelectual es la de la política hidráulica, ya atisbada en 1860 por el primer catedrático de economía Montecho que tuvo la Escuela. El desarrollo de esa política hidráulica ocupa el libro de ese título publicado por Joaquín Costa, el cual inspirándose también en el órcense Lucas Mallada, alaba todas las ventajas que tiene el regadío respecto del secano, especialmente en un país como España y propone que la construcción de los embalses y de los canales de distribución sea obra del Estado y no de la iniciativa privada. La venerable Ley de Aguas de 1866 no contemplaba las medidas precisas para esa transformación, la cual empieza en la Ley de riegos de 1911, con subvenciones a los propietarios que ponían en regadío sus tierras, también hay que decir que en 1907 el Vizconde de Eza a la sazón Ministro de Fomento, propuso y consiguió una ley de colonización y repoblación interior creándose unas cuantas, pocas, colonias agrícolas de las cuales todavía subsiste hoy la de Jerez de la Frontera.

En la segunda mitad del s. XIX se había empezado a afrontar la revolución química de la agricultura, al crearse los abonos, con lo cual las tierras se hacen mucho más productivas y también la revolución que significó la mecanización, que empieza en los Estados Unidos, con la máquina gavilladora, luego la trilladora, y, más tarde, la cosechadora y que no ha cesado de progresar hasta llegar hoy día a la máquina de pelar naranjas, inventada recientemente en Alemania. Estas realidades influyen naturalmente en el currículo de las asignaturas dadas en la ETSIA.

En España, llegamos a la dictadura del General Primo de Rivera y aparece entonces un ingeniero de caminos de extraordinaria valía, Lorenzo Pardo, el cual es consciente de toda la problemática agraria, si bien prestó una atención especial a la política hidráulica, redactando el primer Plan Nacional de Riegos; creándose por el conde de Guadalhorce las Confederaciones Hidrográficas, en primer lugar la de Zaragoza de la que fue presidente Lorenzo Pardo y se implanta el concepto de “Cuenca única”.

En 1931, en la Constitución de la II República se promete la Reforma Agraria, que se materializa en la Ley de 1932, tras los trabajos de la Comisión Técnica Agraria, entre cuyos integrantes encontramos al gran ingeniero agrónomo Pascual Carrión, autor de un libro magnífico sobre el latifundio y que tuvo gran influencia en esa ley, la cual cometió el error en mi opinión de prever las asignaciones de tierra, no en propiedad privada, sino

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