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Sistema de pensiones

El sistema de pensiones es una de las grandes conquistas del siglo XX, pero se enfrenta a tensiones que amenazan su salud financiera en pocos años. Con el aumento de la esperanza de vida y la mejora de las prestaciones, la factura del sistema casi se ha duplicado en sólo 10 años. Todas las proyecciones apuntan a un mayor gasto venidero, por lo que es necesario hacer reformas. Retrasar la edad de jubilación, endurecer el acceso y revisar figuras como la viudedad son las más debatidas

Los pensionistas han dejado de ser un colectivo residual en las sociedades modernas. En los albores de la democracia había en España cuatro millones de jubilados, que en poco más de 30 años se han duplicado con creces, hasta sumar 8,6 millones. Y la cuantía de la prestación se ha multiplicado por 10: de unos 70 euros mensuales que se percibían entonces se ha pasado a 776. Aunque hoy al pensionista le quede una media de 20 años de vida desde que accede a su nueva condición, la edad legal de retiro no ha variado. ¿Tiene sentido este esquema si se quiere mantener, incluso mejorar, el sistema de pensiones? ¿Qué reformas hacen falta? ¿Y de cuánto tiempo disponemos?

La salud financiera del sistema es, de momento, envidiable. Tras perder dos millones de cotizantes por la crisis y seguir sumando pensionistas, la Seguridad Social arrojó en marzo un superávit equivalente al 0,56% del PIB. Pero esas cifras no deben llevar al espejismo de que las reformas no son necesarias. Porque, si nada cambia, el excedente durará hasta 2023, según las últimas previsiones del Ministerio de Trabajo. Las tensiones podrían retrasarse hasta 2029 si se vaciara el Fondo de Reserva acumulado desde el año 2000, una hucha concebida para hacer frente a situaciones de crisis. "Es un colchón importante, pero no puede jugar el papel de que con eso ya tenemos solucionado el problema", admite Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social.

Casi todos los expertos abogan por ampliar la vida laboral

Los sindicatos proponen premiar más el retraso voluntario

El Gobierno quiere poner coto a las prejubilaciones, que lastran las cuentas

El número de pensionistas se ha duplicado con creces desde 1978

Si no se acometen cambios, el sistema entrará en déficit en 2023

Algunas previsiones erraron al vaticinar números rojos para el año 2000

La docena de personas consultadas para este reportaje coinciden en la necesidad de cambios. Las discrepancias surgen al concretarlos y al hablar de calendarios. Las proyecciones oficiales son elocuentes. En el denominador, el número de pensionistas casi se duplicará de aquí a 30 años y en 2060 los mayores de 65 años representarán el 59% sobre el total de activos. Pero poco se sabe del numerador, es decir, cuántos cotizantes habrá para sufragar las pensiones del futuro. Los analistas ya erraron hace años al calibrarlo y nada impide que vuelva a suceder.

Hay un elemento que pende sobre cualquier debate de las pensiones: la edad de jubilación. El mensaje que el Gobierno lanzó en febrero a los mercados al anunciar su intención de retrasarla de 65 a 67 años ha calado en la sociedad, aunque de momento haya quedado aparcado. Fue una señal clara cuando comenzaban las dudas sobre Grecia y su capacidad de contagio a otros países. Ahora esta y otras reformas se discuten sin prisas en el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que desde 1995 intenta pactar todos los cambios en el sistema de pensiones. El ritmo de esta comisión, que no tiene una meta temporal fija para cerrar la reforma, contrasta con la celeridad aplicada a otros recortes del gasto público. El Ejecutivo no ha apremiado a los negociadores, aunque están por ver las urgencias que imponen los mercados.

"El problema de la sostenibilidad vendrá aproximadamente en medio siglo. Entonces, si todo sigue igual, no habrá posibilidad de financiar el sistema que tenemos hoy. Todos los estudios apuntan a que el cambio más eficiente consiste en posponer la edad de jubilación. Eso es evidente". Quien así se expresa no es el jefe del servicio de estudios de un banco ni un defensor de los sistemas privados de pensiones. Es Gosta Esping-Andersen, uno de los mayores teóricos -y defensores- del Estado de bienestar europeo. Desde la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde da clases e investiga desde hace 10 años, este catedrático de Sociología danés sentencia: "Negarse a esto es un poco de Parque Jurásico".

Casi todos los expertos respaldan esa idea con argumentos parecidos: los sistemas de pensiones fijaron hace años una edad de jubilación en torno a los 65. Desde entonces, la esperanza de vida ha mejorado mucho (en España roza los 86 años, por encima de la media europea) y también las condiciones de salud en las que los trabajadores llegan a esa edad. "Si esperamos mucho, las reformas se tendrán que hacer a un ritmo mucho más acentuado y el coste entonces será mayor", advierte César Molinas, director de la consultora Multa Paucis y autor de un estudio sobre la jubilación de la Fundación de Estudios Financieros. Susana Barcelón, profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid e integrante de un grupo de investigación sobre esta materia, introduce una cautela: "Hay que tener mucho tacto. Porque no en todos los trabajos se puede estar hasta los 67 años".

La oposición más clara a esta propuesta proviene de los sindicatos. Tras una legislatura y media respaldando, con algún matiz, la política social del Gobierno, UGT y Comisiones Obreras enseñaron las garras por primera vez en febrero, cuando salieron a la calle a protestar contra el pretendido retraso en la edad de jubilación. "España es uno de los países donde la gente se jubila más tarde. Habría que empezar por incrementar los incentivos a retrasar la edad de jubilación", argumenta Carmen López, secretaria de Política Social en UGT. Su homólogo en CC OO, Carlos Bravo, añade: "Si incentivamos más ese retraso, y no es costoso para el sistema, estamos consiguiendo el mismo efecto". Bravo critica que el Ejecutivo haya presentado esa propuesta "para otro tipo de fines", es decir, para calmar a los mercados en un momento en que reclamaban contundencia.

Curiosamente, al rechazo sindical se suma en esta ocasión el Partido Popular. "Si uno de cada dos trabajadores se jubila antes de la edad legal, ¿por qué vamos a elevarla de 65 a 67 años?", se pregunta Tomás Burgos, portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo. Burgos resta valor al dato oficial de que

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