Sistema De Pensiones

Sistema de pensiones en EL Salvador

El gobierno salvadoreño sigue el manual de las instituciones financieras multinacionales para la completa privatización de los sectores que pueden amortiguar de alguna manera la extrema pobreza en la que vive el país. El actual gobierno es dirigido por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) acompañada del Partido de Conciliación Nacional (PCN), ambos de extrema derecha, y la práctica totalidad de las políticas que desarrollan defienden los intereses de los poderosos que son los dueños del país y que han elaborado leyes como la dolarización, con un resultado muy perjudicial para la mayoría de la población. La línea ideológica de las políticas se basa en la privatización de todos los sectores económicos y sociales del país y es amparada e impulsada por el Banco Mundial como decisiones imprescindibles para subirse al carro de la globalización. Así, ya se encuentran en manos privadas la electricidad, la telefonía, la educación o la salud por medio de concesiones y de la reducción continua de su presupuesto.

La política neoliberal ha venido a complicar las finanzas del Estado, la privatización y la entrada de multinacionales determina que cada vez le llegue menos dinero a través de sus empresas. Por lo tanto el gobierno desarrolla leyes y políticas que le permitan desentenderse de sus responsabilidades en la protección de la ciudadanía. Estas responsabilidades se podrían traducir en mantener un presupuesto estatal suficiente para desarrollar el sistema de educación, salud y pensiones accesible a toda la población. Y en una espiral viciosa, el Estado para obtener dinero rápido privatiza sectores económicos y sociales y los ofrece a inversores extranjeros. Con esta medida pierde la capacidad de gestionar y obtener dinero de su propia economía, y sigue privatizando porque no puede mantener financieramente los servicios sociales.

En este sentido se creó la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones en diciembre de 1996, por la cual se autorizaba el reparto del sistema público de pensiones a manos de la empresa privada (llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones), con la promesa de mejorar los servicios de los trabajadores públicos y privados. A través de esta ley ha dejado desprotegida a la masa de pensionados y sin posibilidades de hacer frente al alto costo de la vida. Si bien, es responsabilidad del Estado proteger la seguridad y el bienestar de los cotizantes, a fin de que obtengan una pensión digna, con equidad y asegurar una vejez sin pobreza. Es obvio que, hasta el momento, el gobierno ha dejado las pensiones al libre criterio del Ministerio de Hacienda, sin dar cumplimiento a las normas establecidas en el sistema anterior en el cual las instituciones estaban obligadas a realizar estudios de actualización cada cuatro años para revalorar el monto de las pensiones. En una vuelta de tuerca más, en el año 2006, el gobierno de la república de El Salvador ha creado una nueva figura para financiar el pago de las pensiones, que es la creación de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, como una medida de evitar el endeudamiento público. La dinámica del libre mercado en el sistema de pensiones ha ocasionado que de las múltiples empresas aseguradoras que existían al aprobarse la Ley del Sistema de Ahorro, actualmente queden únicamente dos:

CRECER Y CONFÍA, que administran miles de millones de dólares y los dueños de las dos son las mismas familias que representan el verdadero poder económico del país.

A. Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)

El Sistema de Pensiones establecido en El Salvador desde 1998, se basa en un modelo de capitalización individual, en el que los trabajadores afiliados son propietarios de una cuenta de ahorros en la que se depositan periódicamente las cotizaciones que ellos realizan junto con los aportes que les corresponden hacer a sus empleadores.

Los ahorros de los trabajadores de conformidad a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones son de su exclusiva propiedad y únicamente pueden ser utilizados para pagar pensiones u otros beneficios establecidos en la Ley al dueño de la cuenta y sus beneficiarios. Los ahorros de los trabajadores conforman en conjunto un "Fondo de Pensiones" cuya administración está a cargo de empresas privadas de giro único llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones, generalmente conocidas como "AFP".

Las AFP se constituyen de acuerdo a la Ley con el objeto de administrar los ahorros de los trabajadores, función que requiere ser realizada con total transparencia y en estricto cumplimiento de una normativa especializada. Por ello, la Ley establece la existencia de la Superintendencia de Pensiones, órgano que autoriza la constitución y operación de las AFP y se responsabiliza de fiscalizar y normar el sistema de pensiones, es decir revisar el cumplimiento de la normativa aplicable al funcionamiento de las AFP.

Las funciones principales de las AFP incluyen la recaudación de las cotizaciones de los trabajadores y sus empleadores, su registro en las diferentes cuentas individuales y la inversión de los fondos colectados, con el objeto exclusivo de generar rentabilidad para los afiliados. Para hacerlo, se realizan inversiones en el Mercado de Valores, tal como se explica en un apartado posterior.

Las AFP también son responsables de administrar el pago de los beneficios definidos en la Ley tanto a los afiliados como sus beneficiarios, los cuales incluyen el pago de pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia. En esta área juega un papel muy importante la contratación de una póliza de seguro colectiva de invalidez y sobrevivencia, tal como se explica más adelante.

B. Rol del Estado

El rol estatal dentro del Sistema de Pensiones tiene una doble naturaleza. En primer término y como se explicó con anterioridad, el Estado es responsable de la fiscalización y emisión de normas aplicables al funcionamiento del Sistema de Pensiones y para ello, la Ley establece la creación de la Superintendencia de Pensiones como el organismo especializado de supervisión. Otro rol fundamental desarrollado por el Estado es respaldar el otorgamiento de Pensión Mínima a aquellos afiliados que por sus propios medios no sean capaces de acumular ahorros suficientes para garantizarse el pago de una pensión al menos igual a la mínima. Al otorgar este beneficio, el Estado asume un rol subsidiario directamente focalizado en aquellos trabajadores de menores ingresos, que merecen ser auxiliados solidariamente por toda la Sociedad.

C. Mercado de Valores

Como se mencionó con anterioridad, los fondos de pensiones deben ser invertidos de acuerdo a la

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