Análisis De Movimientos Contrahegemónicos En Colombia Y Venezuela Y Su Incidencia En La Configuración Política Y Social

1. INTRODUCCIÓN

La siguiente propuesta de proyecto de investigación busca analizar cómo los movimientos contrahegemónicos de Venezuela y Colombia desembocaron en actos refundacionales y de renovación de sus contratos sociales a través de la promulgación de nuevas constituciones políticas; movimientos que corresponden a dinámicas multidimensionales de tipo histórico, social, político, económico y cultural, las cuales serán analizadas durante la investigación.

1.1. Caso Colombiano

La historia reciente de Colombia se caracteriza por su situación permanente de conflicto social, económico, político y militar, que oscila entre la presencia hegemónica del Estado, de la oligarquía y los partidos políticos tradicionales, enfrentados a movimientos insurgentes y de emancipación. Varios proyectos contrahegemónicos han buscado construir alternativas a los tradicionales partidos políticos liberal y conservador; el movimiento más importante en las últimas décadas fue el que generó la promulgación de la Constitución Política de 1991 de la cual se generó profundas transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Desde finales de la década de los 40, la participación política colombiana y el acceso al poder, a pesar de la existencia desde 1930 del Partido Comunista Colombiano (PCC), solo era imaginable si se era miembro de las oligarquías de los partidos liberal y conservador; así mismo, la administración del Estado ha estado plagada de hechos como la época de la violencia en Colombia (1948 – 1960), la cual materializó el enfrentamiento bipartidista entre liberales y conservadores , época marcada en su primera fase por la acción paramilitar de los conservadores, quienes perseguían, asesinaban y desplazaban a campesinos liberales y comunistas, situación que generó la conformación de grupos de autodefensas de masas que convergieron para defenderse del proyecto conservador, pero que tuvieron fracturas con la amnistía propuesta por el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953- 1957), a la cual se acogieron parte de las guerrillas liberales, amnistía que declaró ilegal al PCC, condenándolo durante este tiempo, prácticamente a la clandestinidad (Fals Borda, 2005).

En este ambiente de represión del Estado hacia formas alternativas de expresión política y social, respaldados por el proyecto contrainsurgente de Estados Unidos en plena guerra fría, fueron creados varios movimientos guerrilleros , cuyo surgimiento y consolidación continuaron en las décadas de los 70 y 80. Adicionalmente, surge y se desarrolla el Frente Nacional (1958 – 1974), que consistió en negociar la alternancia del poder entre liberales y conservadores durante 16 años, sin dar cabida a otras opciones u alternativas políticas (Sánchez , Peñaranda, & Hurtado Orozco, 2007).

Finalizando la década de los 70 y comenzando los 80, la militarización de la vida civil, el recorte de las libertades de expresión y movilización, la persecución de la izquierda legal, obligó a la clandestinidad a quienes se oponían al régimen (Kalmanovitz Krauter, 2003). “Colombia era gobernada entonces a través del Estado de Sitio permanente y los tribunales militares juzgaban a los civiles acusados de “subvertir el orden”. Un parágrafo del artículo 120 de la Carta Constitucional de aquella época, dividía a la sociedad en ciudadanos de primera y segunda clase. Los primeros, liberales y conservadores, dominaban por mandato legal toda la estructura ejecutiva del Estado y los segundos tenían derecho al voto pero no podían gobernar” (Arteta Dávila). A pesar de este contexto, en la década del 70 el PCC participa en procesos electorales, accediendo a asambleas departamentales y consejos municipales. Y en 1985 en el marco del proceso de paz entre la guerrilla y el gobierno nace el partido político de izquierda la Unión Patriótica, como una opción política legal de izquierda, partido cuyos miembros fueron exterminados casi en su totalidad por grupos paramilitares, miembros de Seguridad del Estado Colombiano y narcotraficantes.

Por otra parte, en los 60 y 70 surge el narcotráfico con la demanda mundial de sustancias psicoactivas, fenómeno que jugó y sigue jugando un papel importante en la configuración social, política, económica y cultural de Colombia. El narcotráfico inicia como un negocio de carteles al que se articularon posteriormente miembros de los partidos políticos, de movimientos guerrilleros y grupos paramilitares; complejizando aún más el conflicto social, político y armado, que por cuenta de sus luchas por el mercado, el control del territorio y la legalización de su negocio y activos, derivó en una guerra de grandes dimensiones que mantuvo aterrorizado e inerme durante los años 80 y primera mitad de los 90 al pueblo colombiano, en la que fueron asesinados ciudadanos y varios líderes políticos y funcionarios públicos que diseñaban estrategias de lucha contra el narcotráfico y estudiaban convenios para su extradición a Estados Unidos, que fue tema de discusión en la construcción de la nueva carta magna.

El proceso histórico de los últimos 40 años, además de momentos clave durante la década de los 80 como los acuerdos de paz con grupos guerrilleros, la presión de carteles del narcotráfico y los movimientos civiles (séptima papeleta ), hacen que en Colombia sea necesaria la realización de una Asamblea Nacional Constituyente que establezca un nuevo contrato social y permita el acuerdo ya no sólo de las élites políticas y la oligarquía del país, sino que incluya a diferentes sectores de la sociedad, incluso a miembros del movimiento insurgente colombiano, quienes contribuyeron en la elaboración de la nueva Constitución de 1991, abriendo las puertas a la participación política y ciudadana, posibilitando el acceso de nuevos actores de la sociedad al ejercicio del poder; en medio de un proceso de profundización del neoliberalismo y de la naciente apertura económica.

1.2. Caso venezolano

Similar al proceso de democracia excluyente del Frente Nacional Colombiano, después del periodo de dictadura de Pérez Jiménez (1948 – 1958) y en el marco de las elecciones de 1958 los partidos políticos venezolanos firman el Pacto de Punto Fijo para garantizar la estabilidad democrática, concertando la alternancia del poder, constituyéndose en una estrategia anti dictatorial, al servicio del capitalismo y las élites venezolanas, que comparten la misma visión socio económica; vigente por cerca de 40 años y del cual fue excluido el Partido Comunista Venezolano (PCV), considerado como un adversario; pacto que se caracterizó por establecer los principios rectores en que se sustentaría el sistema político venezolano. El ascenso del gobierno de la AD al poder con Rómulo Betancur (1959 – 1964) se caracterizó por una persecución a la izquierda y a la derecha, la promulgación de la constitución de 1961, la reforma agraria, el desarrollo de la industria petrolera con su adhesión a la OPEP, fuerte inversión en el sector educativo, el cese de gobiernos ilegítimos y dictatoriales y las políticas de recuperación económica que generaban protestas en el sector sindical. En este periodo la tendencia revolucionaria se caracteriza por una lucha urbana y por la sublevación de las fuerzas armadas contrarias a Betancur, luego entra a una fase de lucha guerrillera en sintonía con la revolución cubana y una tercera y última que en la que el PCV y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) deciden retomar el camino electoral democrático. Siendo importante destacar una característica del movimiento insurgente venezolano, y es que éste no se concibe sin la participación del ejército.

Posteriormente en 1962 se dan intentos de alzamientos e insurrecciones militares como la de Carupano, que protestaba contra la política de sumisión y represión de Estados Unidos y el Porteñazo o insurrección de Puerto Cabello. La primera mitad de la década del 60 se destaca por la presencia de grupos guerrilleros que son debilitados por la acción del ejército que logra en 1965 destruir las bases campesinas y desarticular el aparato clandestino del PVC y el MIR. En 1969 el ciclo de la vía armada en Venezuela se da por terminado con el reconocimiento legal del PVC acogiéndose a la Política de Pacificación del Presidente Rafael Caldera (Sosa, 1998, págs. 106 - 135).

Venezuela a diferencia de Colombia no tuvo que luchar contra un grande y fuerte movimiento insurgente, quedando con muy pocos núcleos guerrilleros en la década del 70. Posteriormente, durante el gobierno de Caldera se denunció el Tratado de Reciprocidad Comercial con Estados Unidos (1972), se nacionalizó la explotación del gas (1971), se firmó la Ley de Reversión, paso inicial para la nacionalización de la industria petrolera, y como consecuencia de la guerra de los seis días entre Israel y Egipto, subió el precio del barril de petróleo cuadruplicando el presupuesto del país. Es así como el Gobierno de Carlos Andrés Pérez encuentra un país con un vasto presupuesto y leyes que nacionalizaron el hierro (1975) y el petróleo (1976), acompañado de un proceso de endeudamiento de Venezuela (1974). En 1983 durante el gobierno de Luís Herrera Campis sucede el viernes negro, que consiste en la devaluación del bolívar frente al dólar, a lo que se le suma la caída en los precios del petróleo, pasando de una gran bonanza a una dura crisis económica. En 1982 surge el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, de carácter clandestino, inicialmente constituido por militares al que poco a poco se fueron sumando civiles. Motivado por conseguir la justicia social, combatir la inequidad en la repartición de la riqueza a pesar del boom petrolero y la corrupción

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