Carceles Del Mundo

La Perversión del Sistema Carcelario: el hacinamiento

La Perversión del Sistema Carcelario: el hacinamiento

Autores: Mónica Arancibia, Víctor Britos, Angel Favio Gramajo, Bruno Lisi, Natalia Soledad López Chermulas, Leticia Susana Luna, José del Rio

INTRODUCCIÓN

El fundamento legitimador de la institución carcelaria se centra en la “ideología del tratamiento”1, es decir la idea consistente en privar de la libertad a una persona a fin de lograr su reeducación, rehabilitación y reinserción social. Sin embargo, la realidad penitenciaria mundial demuestra que tal fundamento-finalidad deviene en ilusorio. Y esto a partir de la omisión de toma de decisiones de política criminal adecuadas o la equivocidad de las adoptadas.

En contraposición al paradigma socializador, nos encontramos frente a cárceles que propenden a colaborar con el proceso de etiquetamiento del recluso y su perfeccionamiento en la carrera delincuencial; más aún en cárceles que vulneran de manera flagrante los derechos y garantías constitucionales. Esto demuestra la contradicción inmanente en la idea resociabilizadora de “socializar o educar para la libertad en el encierro”2.

Las afirmaciones vertidas anteriormente son ratificadas, una vez más, mediante el presente trabajo, el cual pretende tener por objeto el análisis teórico-fáctico de la cuestión carcelaria relevando datos de diferentes realidades penitenciarias relativas: a la situación de los internos en relación a las plazas carcelarias disponibles, y a la constante deficiencia en infraestructura como su consecuencia; a la situación procesal de los internos; a la actitud concreta llevada a cabo por los poderes del Estado, y aquella que debieran tomar partiendo de los numerosos estudios científicos existentes al respecto.

Nuestro objetivo, a partir de estadísticas reales, es describir los índices críticos de hacinamiento carcelario evidentes e innegables en la realidad mundial, y particularmente en nuestro país y nuestras respectivas provincias.

Para finalizar este trabajo monográfico esbozaremos modestos aportes como intentos de vislumbrar una solución a la cuestión penitenciaria y, en concreto, al problema del hacinamiento carcelario.

LA REALIDAD PENITENCIARIA EN ARGENTINA Y EN EL MUNDO

Es un hecho verificable, que la mayoría de las instituciones penitenciarias en nuestro país y en el mundo se encuentran sobrepobladas, superando ampliamente su capacidad de alojamiento.

En Argentina, según un informe elaborado por la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación en el año 20013, respecto a 20 provincias, el número de internos asciende 34.971, mientras que las plazas disponibles son 29.550, lo cual equivale a un 118 % de ocupación, o bien alrededor de un 18% de sobrepoblación.

Del informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre ejecución de la pena (S.N.E.E.P.) perteneciente a la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, publicado en el año 2008 surgen los siguientes datos: en 1997 la población penitenciaria en todo el país ascendía a 29.690; en el año 1998 a 30.145; en 1999 a 31.683; en el 2000 a 37.885; en 2001 a 41.007; en el 2002 a 48.288; en el 2003 a 51.998; en el año 2004 a 54.472; en 2005 a 55.423; y excepcionalmente en el año 2006 a 54.0004.

Más allá de la diferencia de datos entre ambos informes, a cuyo motivo no podemos acceder; a la primera conclusión a la cual podemos llegar es que la población carcelaria en Argentina por lo menos hasta el año 2005 iba en incesante aumento.

Estos índices nos dejan entrever que en Argentina las cifras de la población penitenciaria siempre son superiores a las plazas disponibles en las penitenciarias.

Sin embargo estas cifras no tienen relación alguna con el crecimiento demográfico tal como lo pretende una de las opiniones tradicionales que intenta explicar la causa del incremento de la población carcelaria. Nos sirve de ejemplo que en nuestro país durante el período 1992-1999, el incremento del número de reclusos por un mayor uso de la pena privativa de libertad ascendió a un 90%, mientras que por el crecimiento demográfico solo a un 10%5.

El vertiginoso aumento de la población carcelaria tampoco se relaciona con el incremento de la criminalidad, si tomamos el período 1997-2006 la tasa de hechos delictuosos cada 100.000 habitantes aumentó el 37%6.

El ejemplo más significativo en cuanto a niveles de encarcelamiento lo registra Estados Unidos; de acuerdo a datos proporcionados por el Pew Center on the States7, más de 1 de cada 100 estadounidenses se encuentran presos. Para el primero de enero de 2008 las cifras nacionales, que incluye privados de libertad en cárceles estatales, federales y en calabozos locales arroja el siguiente número: 2.319.258; ascendiendo la población total de Estados Unidos a 230.000.000 de habitantes.

Este país ocupa el primer lugar dentro de las lista de los diez países con mayor población carcelaria, superando a China que cuenta con 1,5 millones de ciudadanos encarcelados. Incluso supera a Rusia en cuanto al índice de reclusos per capita: E.E.U.U. 750 de cada 100 mil personas; mientras 628 por cada 100 mil personas8. Lo cual nos permitiría rotular a ese país como “La cárcel más grande del mundo”.

Siguiendo el análisis por el cual desacreditamos la hipótesis que fundamenta la relación directa entre el aumento de la prisionización y el incremento de la criminalidad expuesto cuando hablamos de Argentina, en Estados Unidos el índice de criminalidad actual comparado con el de 1973 no ha variado a pesar de que la población carcelaria es 8 veces mayor que en los años 709.

En toda Latinoamérica es constante el incremento en la prisionización, dando lugar a la repetida e ineludible consecuencia del hacinamiento carcelario. Específicamente en esta región, entre 1992 y 1999 la población penitenciaria aumentó en promedio un 83%. De acuerdo a la tasa de personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes, Argentina, Chile y Bolivia casi duplican el indicador en el periodo que va desde 1992 a 2002. Particularmente Chile presenta las cifras más alarmantes, marcando los picos más altos de la serie entre los años 1996 y 200110. El único país que había disminuido su tasa en 2002 es Ecuador, debido a la promulgación de leyes de rebajas de penas que disminuían la condena a la mitad automáticamente, mecanismo que fue abolido en el 2001, lo que disparó los índices nuevamente.

Tras los casos antes mencionados

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