Civica y constitucion. Evolución de la ciudadanía y la globalización

Evolución de la ciudadanía y la globalización

Lorena Arias Araque

Docente

Claudia Valero Carvajal

Universidad de Pamplona

Catedra cívica y constitución

Pamplona

2020

Introducción

La noción de ciudadanía que manejamos en la actualidad es el producto de una larga y compleja evolución. A lo largo de la historia, la ciudadanía ha tenido múltiples alcances y se ha visto enmarcada en muy diversos contextos, pero el actual, definitivamente puede ser catalogado como el más complejo. La globalización ha convertido el mundo en “una plaza grande, en un ágora, donde se mueven e interactúan gentes de todas las razas y culturas, y en un gran mercado en el que libremente transitan capital, tecnología, recursos, empresas y productos” Por lo que los Estados se han visto en la necesidad de evolucionar y abrir sus puertas a los grandes retos que trae la globalización. Uno de estos, la intensa movilidad humana y sus efectos sobre los derechos de quienes, siendo extranjeros, viven e interactúan activamente dentro del Estado.

Evolución de la ciudadanía y la globalización

El nacimiento del concepto de ciudadanía data de la antigua Grecia, hace unos 2.500 años aproximadamente. Aristóteles, fue el primero en formular una tesis sobre ciudadanía, pues para él, al ser el hombre un animal político que requería de la convivencia para sobrevivir, se convertía en un ser que puede mandar y dejarse mandar, por lo que, para él, el ciudadano se caracterizaba, principalmente, por su participación activa en la administración de justicia y gobierno de la polis. No obstante, estas importantes responsabilidades de participación en la vida pública estaban limitadas solamente a un grupo reducido de “ciudadanos”, ya que la ciudadanía era un estatus restringido y privilegiado al que no podía acceder toda la población. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros o metecos se encontraban excluidos de la ciudadanía.

Con el auge del Imperio Romano, el concepto de ciudadanía adoptó un nuevo modelo que se distanció del griego y tomó nuevas características. Según el modelo romano inicial, la condición de ciudadano era un estatus que le permitía al individuo vivir bajo la protección del derecho romano. Se transmitía por vía paterna y conllevaba de una serie de derechos y obligaciones, como el pago de impuestos y la posibilidad de votar, así como tener un escaño en la asamblea o ser elegidos como magistrados. Cabe mencionar que, en la práctica, debido a que el poder se encontraba sumamente concentrado en la figura del gobernante, la capacidad política real de los ciudadanos era muy escasa dentro de la Asamblea popular; por lo que, en realidad, en sus inicios, la ciudadanía brindaba atributos de reconocimiento social más que derechos de participación real y efectiva en el ejercicio político.

Con la llegada de la Edad Media, el concepto de ciudadanía cambió radicalmente. En la Europa medieval la ciudadanía prácticamente perdió toda su importancia. Esta representaba simplemente un privilegio del que se gozaba en una ciudad determinada, pero no dentro de un Estado. En general, la vida giraba en torno a un Rey que gobernaba, unos súbditos que obedecían y un grupo de señores feudales que dominaban a sus vasallos. Como resultado, aquella figura de ciudadano insertado en la comunidad que participaba activamente en la vida política casi desapareció y los individuos se convirtieron en súbditos sometidos a la voluntad y arbitrio del monarca sin que su pertenencia a la comunidad implicara derechos u obligaciones de tipo político-participativo.

En el siglo XVIII, de la mano de grandes pensadores como ROUSSEAU, y gracias a importantes Revoluciones como la americana y la francesa, la noción de ciudadanía volvió a tomar mucha fuerza. Solo que esta vez lo hizo ligada a un nuevo término, el de “nación”. Esta combinación dio origen a un nuevo orden mediante el cual, los sujetos pasaron a ser jurídicamente iguales y la nación se convirtió en la depositaria la soberanía. Bajo este nuevo modelo, la vinculación de la ciudadanía se trasladó a la nación, y por consiguiente, ésta se convirtió en el símbolo principal de pertenencia política a un Estado.

Uno de los resultados más importantes de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos de Hombre y el Ciudadano. La libertad, la propiedad y el reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley fueron los derechos estandartes de esta declaración.

Sin embargo, como su propio nombre lo indica, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, efectuó una demarcación de dos categorías de sujetos dentro de un Estado: hombres y ciudadanos. Con ello se incorporó una diferenciación entre aquellos derechos que les corresponden a todas las personas y aquellos derechos que les pertenecen exclusivamente a quienes están vinculados a la nación. Por un lado, se colocaron los “derechos naturales y civiles”, y de otro lado, se reservaron los “derechos políticos” únicamente para los ciudadanos. Para determinar quiénes pertenecían ésta categoría, se introdujeron criterios de propiedad y género, por lo que, una vez más, las mujeres, los niños, los sirvientes, los extranjeros, los mendigos y los vagabundos quedaron excluidos de la ciudadanía activa.

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