Conflictos Ambientales

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA.

Desde el año 2002, la empresa Minera Majaz S.A. con su proyecto Río Blanco, pretende explotar un yacimiento minero de cobre y molibdeno en la parte más elevada de la provincia de Huancabamba, generando un malestar en la población. Los campesinos de la comunidad de Segunda y Cajas, temen por los impactos que pueden producir las actividades mineras en los frágiles bosques de neblina y páramos, ubicados en las zonas altas y que con ellos se afecten las fuentes de agua, que tienen una implicancia directa en las actividades productivas agrícolas y pecuarias de la población.

Estos conflictos socioambientales que se vienen suscitando en contra de la actividad minera, en la provincia de Huancabamba, se desencadenan a partir del otorgamiento del estado de una concesión a la empresa minera Majaz, para la exploración y explotación de estos minerales, sin haber puesto de conocimiento ni consultado previamente a la población sobre este proyecto; produciéndose sucesivas movilizaciones, protestas y enfrentamientos entre las comunidades y policía nacional; entre quienes están a favor y quienes se oponen al desarrollo de la minería en dicha zona. Estos conflictos se manifiestan a través de bloqueos de caminos y carreteras, agresiones, amenazas, denuncias, encarcelamientos, difamaciones y hostigamiento contra líderes y dirigentes comunales, representantes de instituciones, miembros de la iglesia, etc.

El 2003 el MINEM (Ministerio de Energía Y Minas) aprobó la Evaluación Ambiental presentada por Minera Majaz, documentación que describe cómo manejará los efectos ambientales y algunos efectos sociales de la fase de exploración. Con esta aprobación la empresa inició la exploración de estos recursos minerales; cuya legitimidad ha sido desde entonces cuestionada por un informe de la Defensoría del Pueblo del 2006. Hallando cuatro fallas en el proceso por el cual el MINEM otorgó su autorización a la empresa para explorar en las comunidades de Yanta, y Segunda y Cajas.

a)Concluyó que el MINEM se tomó un plazo mayor a los 40 días estipulados para conceder el permiso a la empresa.

b)Encontró que los avisos publicados invitando a las comunidades a comentar la «Evaluación Ambiental» de la empresa habían consignado erróneamente el nombre del área en la cual proponía hacer exploración. Los avisos públicos se referían al distrito de Huarmarca (mal escrito pues el nombre correcto es Huarmaca) en la provincia de Huancabamba, cuando en realidad debía solicitarse permiso para exploración en el distrito de Carmen de la Frontera. La Defensoría sostiene que esto podría haber sido un obstáculo para la participación pública en el proceso, señalando que efectivamente el MINEM no había recibido observación alguna sobre el proyecto de exploración propuesto.

c) Halló que aun cuando la ley requiere que las actividades de exploración obtengan la aprobación ex ante de los dueños de los derechos superficiales del terreno donde se realizará la exploración, el MINEM cometió el error de no incluir este punto en la guía sobre los documentos que deben presentar las empresas que solicitan la aprobación de sus Evaluaciones Ambientales, lo cual podría significar que ellas no busquen obtener este permiso.

d)Señaló que allí donde el propietario de la superficie del terreno es una comunidad campesina, la Ley 26505 establece que el permiso para la exploración requiere la aprobación, en una asamblea general comunal, de dos tercios de los miembros de la comunidad. Minera Majaz solo obtuvo la aprobación de líderes

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