Los Conflictos Ambientales

Los conflictos ambientales por petróleo y la incidencia del movimiento ambientalista en el Ecuador

Guillaume Fontaine

Introducción

Las actividades petroleras han generado muchos conflictos ambientales en la Amazonía ecuatoriana, unos muy polarizados y hasta violentos, otros de baja intensidad o latentes, que han llevado a acciones directas o a conflictos abiertos. En este artículo recordaremos, en primer lugar cómo estos conflictos fueron estrechamente vinculados con la organización del movimiento ecologista en la década del noventa. Luego mostraremos que los conflictos del centro y sur de la Amazonía presentan rasgos particulares, que atañen más a la defensa territorial que a la preservación del medio ambiente. Mencionaremos en tercer lugar la evolución de los conflictos de las provincias Sucumbíos y Orellana, de reivindicaciones ambientales hacia otras más bien sociales. Finalmente analizaremos la evolución reciente del movimiento ecologista, en los conflictos relacionados con el Parque Nacional Yasuní.

Los resultados contrastados de la campaña “Amazonía por la vida”

La oposición a las actividades petroleras en la Amazonía ecuatoriana se organizó tras la creación de Acción Ecológica, en 1987. Esta ONG, que se define como una organización “ecologista radical”, marcó una ruptura con el ecologismo de tipo institucional, encarnado desde 1978 por otra ONG, la Fundación ecuatoriana para la protección y conservación de la naturaleza (alias Fundación Natura). De 1989 a 1994, encabezó la campaña “Amazonía por la vida”, donde convergieron dos tipos de organizaciones: las organizaciones de apoyo no gubernamental (ecologistas y de defensa de los derechos humanos) y las organizaciones representativas (indígenas y campesinas). Sus principales ejes fueron la movilización para denunciar los impactos de la era Texaco en el Norte, así como las manifestaciones en contra de la licitación del bloque 16 en el Parque Nacional Yasuní. Ambos conflictos se volvieron ejemplos emblemáticos de campañas de incidencia política, aunque tuvieron resultados distintos.

En efecto, la campaña contra Texaco fue al origen de un movimiento social regional, articulado con redes transnacionales de defensa. Al origen de este conflicto, se encuentra una demanda presentada en los Estados Unidos por los representantes legales de 30.000 ecuatorianos contra Texaco, por la contaminación producida por sus actividades entre 1972 y 1992. En 2002 este caso fue devuelto ante la justicia ecuatoriana, donde aún sigue su curso hasta hoy.

Cierto es que este conflicto no fue el primero. Basta con recordar la lucha entre la Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) y el consorcio Arco-AGIP, que se abrió en 1989 con el inicio de la campaña de exploración sísmica del bloque 10. No obstante el caso Texaco fue el más mediatizado de todos, en particular por el efecto demostrativo de la contaminación que sigue afectando al norte de la región amazónica ecuatoriana. No solo los ecologistas ven ahí una clave para cuestionar el modelo de desarrollo basado en la explotación petrolera, también subrayan que, más allá de sus efectos judiciales, este conflicto atañe a la organización y la educación popular en las comunidades amazónicas, así como a la responsabilidad del Estado. A fortiori, con la aceptación por el presidente de la Corte Superior de Nueva Loja, el 13 de mayo de 2003, de iniciar una instrucción en contra de Texaco (que había fusionado entre tanto con Chevron), este caso se volvió una referencia imprescindible para entender los conflictos ecológicos actuales en toda la región.

La lucha contra la explotación petrolera en el Parque Yasuní dio resultados más contrastados. Por un lado, la campaña “Amazonía por la vida” ganó un fuerte apoyo entre la comunidad científica internacional y las ONG. El papel simbólico asumido por los huaorani, al respecto, coadyuvó en gran parte a la convergencia del ecologismo y la etnicidad, así como a la lucha por los derechos indígenas. Sin embargo, estos actores no lograron a contrarrestar el avance de la industria petrolera, ni en el parque ni en el territorio de los huaorani, de tal suerte que esta zona se superpone hoy con cinco bloques en actividades, a los cuales se suman los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha (alias ITT).

En esta área, el consorcio Texaco-CEPE había realizado obras de exploración sísmica, en 1976, justo cuando la Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería echaba a andar una “estrategia preliminar para la conservación de los espacios notorios del Ecuador y recomendaba la creación de un sistema de conservación que incluyera 10 áreas – entre las cuales el Parque Nacional Yasuní. En 1979, año de la creación de este parque, el gobierno inauguró las vías Auca y Yuca, que se convirtieron de repente en ejes de penetración para la colonización de esta parte de la Amazonía.

Tras varias modificaciones, los límites del parque fueron establecidas en 982.000 hectáreas en 1992, lo cual no impidió la construcción de la vía Maxus, entre los ríos Napo y Tiputini, que se volvió a su vez un foco de colonización interna para algunas familias huaorani. Aquellas vías de acceso fueron abiertas a medida que se desarrollaban las actividades petroleras en la zona. Entre 1985 y 1987 se licitaron sucesivamente los bloques petrolíferos 15, 16, 14 y 17, en un área ubicada entre los ríos Napo y Curaray. En 1996 se añadió el bloque 31 al sur del Tiputini, justo cuando Petroecuador finalizaba la campaña de exploración sísmica en los campos ITT.

La decisión del Tribunal de Garantías Constitucionales de legitimar la superposición de bloques petrolíferos con ciertas áreas protegidas, en 1992, selló el fracaso del sistema de gobernanza ecológica y contradice la tesis del “efecto bumerang” en el Ecuador. En efecto, pese a la incompatibilidad de estas actividades con los objetivos de la conservación in situ, el parque Yasuní ilustra de manera trágica la incapacidad del Estado de llevar a cabo una política de conservación coherente con la delimitación de áreas protegidas. Esta decisión judicial abrió el campo a la administración privada del medio ambiente y las relaciones comunitarias en los bloques petrolíferos, lo cual constituye un obstáculo a la institucionalización de los arreglos en los conflictos ambientales.

Los conflictos del centro y sur de la Amazonía

Independientemente de su origen étnico, las organizaciones amazónicas optaron por tácticas de confrontación y negociación distintas, según el contexto geográfico e histórico donde se desarrollaron. En efecto, algunas se oponen con éxito desde 1998 al inicio de actividades exploratorias en los bloques 23 y 24, ubicados en territorios ancestrales quichua, shuar y achuar de Pastaza y Morona Santiago. Otros luchan por limitar los impactos ecológicos y sociales de aquellas actividades, como fue el caso de la OPIP, que logró impedir la construcción de una vía de acceso al bloque 10, hasta que las comunidades locales de esta zona revirtieran esta decisión, en 2002. Otras más se esfuerzan por negociar compensaciones e indemnizaciones por la posible licitación de bloques petrolíferos superpuestos con sus tierras comunales, como es el caso de las comunidades quichua de Napo y Pastaza. Estas (, que) enfrentan la inminente licitación de los bloques 20 y 29, y respondieron favorablemente a la consulta previa organizada por el Estado en 2003.

El punto común entre todos aquellos conflictos que implican a grupos indígenas es la defensa del territorio y la acción orientada por valores culturales. En efecto, los conflictos en contra de Burlington, CGC , ARCO y AGIP buscan preservar la integridad territorial. En sus luchas, los quichua, shuar y achuar consiguen una gran cohesión política y social, hasta finales de la década del noventa, gracias a la movilización de recursos simbólicos como las marchas hacia Quito, la ocupación pacífica de instalaciones petroleras o la retención de técnicos de empresas para obligarlas a negociar. Acudieron también a medios legales para impedir el inicio de las operaciones, como la acción por anticonstitucionalidad debida al no respeto del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

La multiplicación de los conflictos ecológicos en la década del noventa refleja entonces una creciente capacidad de afirmación de las comunidades amazónicas. No obstante, la necesidad para estas últimas de organizarse para interpelar el Estado y resistir a la lógica de mercado no dio lugar a una estrategia regional, pese a los intentos de conformar frentes de resistencias alas actividades petroleras. Por lo contrario, las divergencias sobre este tema y los intereses contradictorios, hasta en el seno de los mismos grupos etnolingüísticos, provocaron la desarticulación del movimiento indígena amazónico, muy activo durante el decenio de los levantamientos populares. Ante la presión continua de parte del Estado y las empresas petroleras para extender la frontera extractiva hacia el Sur, la CONFENIAE y sus filiales se encuentran actualmente desprovistas de mecanismos adecuados de consulta y participación, lo cual afecta a fortiori sus procesos de toma de decisión. Por otro lado, la dualidad entre los movimientos indígenas y campesinos sigue siendo un motivo de tensión dentro del movimiento amazónico.

En el Norte: de conflictos ambientales a conflictos sociales

En 2000, la perspectiva de la construcción

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