Conflictos Sociales

III. CONFLICTOS SOCIALES EN EL PERÚ

El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia.

La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que intervienen en ellos, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se pueden presentar, o la debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos.

Por otro lado, existen comunidades que dan un rotundo no a la explotación minera, sin agendas “ocultas” de por medio (Río Blanco en Piura y Secclla en Huancavelica, por ejemplo). En estos casos se enfrentan diferentes concepciones del “desarrollo”. Mientras la posición de las empresas –y del Estado– se sustenta en su afirmación de promover el crecimiento económico y en la racionalidad utilitarista del mercado que desvincula la economía de los otros aspectos de la vida social, para las comunidades rurales la economía se encuentra insertada en un conjunto de relaciones recíprocas y construcciones simbólicas. El “ser campesino” o “ser indígena” no sólo representa una determinada modalidad de generar ingresos, sino una forma de vida [8].

Además, influye siempre el contexto social específico. Detrás del conflicto “socioambiental” en Secclla, por ejemplo, se encuentra –también, porque no es el único elemento que define la dinámica del conflicto– una disputa antigua entre dos comunidades, una de las cuales apoya el proyecto minero para dar realce a la rivalidad con la otra. En la comunidad Ecash, en Áncash, para mencionar otro ejemplo, existe una división histórica entre los sectores del valle y los de la puna. Algo parecido se detecta en la región Cusco, específicamente en la provincia de Espinar. Todo eso influye en los vaivenes que asume el conflicto, que hacia afuera se presenta como un problema “socioambiental” entre una o más comunidades rurales y una empresa minera.

El rol que antes asumían las federaciones agrarias, los sindicatos y hasta los partidos políticos, hoy en día lo ocupan organizaciones generadas muchas veces en el contexto del conflicto mismo: “comités de lucha” y “frentes de defensa” que, por lo general, se desintegran cuando el conflicto se resuelve. Una excepción son las federaciones indígenas en la selva. Actualmente, existen centenares de organizaciones amazónicas de primer grado, y decenas de federaciones regionales. [9]

Uno de los principales actores en los conflictos sociales es el Estado mismo, en un doble sentido. Por un lado, la gran mayoría de los conflictos se originan como reacción a alguna iniciativa del gobierno: un proyecto de inversión grande (Inambari, la planta hidroenergética en Espinar); la privatización de infraestructura estatal (Paita y otros puertos); o una medida legal (la llamada “Ley de la Selva”) que genera la resistencia de poblaciones afectadas.

Los conflictos por demarcación territorial –como aquel entre las regiones de Puno y Moquegua, o a nivel intrarregional, entre los distritos de Ituata y Ayapata en el departamento Puno– son conflictos entre gobiernos subnacionales (regionales, locales), cada uno apoyado por su respectivo frente de defensa o comité de lucha.

La demanda de fondo suele estar vinculada a la mayor asignación de recursos por el canon. Otras pugnas por recursos públicos son más directas, sin pasar por la demarcación territorial, como es el caso en el conflicto entre Tacna y Moquegua; y, en algunos enfrentamientos a nivel intrarregional (Abancay y Andahuaylas en Apurímac; Moyobamba y Tarapoto en San Martín; Ituata y Ayapata en Puno).

Otra fuente de conflictos está asociada al proceso de descentralización, inconcluso y deficiente en muchos aspectos. Varios expertos han señalado que el éxito de las políticas de descentralización depende en gran medida de la cultura política específica [10], y de la capacidad y voluntad de los gobiernos locales para desarrollar mecanismos de accountability. [11]

Ello, a su vez, requiere la implementación gradual de una estrategia para generar confianza entre los funcionarios y la ciudadanía. [12]

Es decir, la descentralización es un proceso que, en su fase inicial, casi inevitablemente genera una serie de problemas, los cuales, se espera, se solucionarán en el transcurso de su implementación.

Eso vale sobre todo para países con una larga tradición centralista y una cultura política marcada por una extrema fragmentación y un bajo nivel de institucionalidad, como el Perú, donde, efectivamente, se presentan muchos conflictos debido al proceso de transferencias sin acreditación ni recursos apropiados, y sin un adecuado proceso de reorganización administrativa de gobiernos regionales y locales.

De esta manera, en muchos de los conflictos sociales, el Estado es, o fuente indirecta (el gobierno central en particular) o actor directo, como demandante, lo cual tiene dos implicancias importantes: por un lado, ubica a su gestión en una posición protagónica y, por otro lado, genera una situación en la cual una buena cantidad de los conflictos sociales son plenamente previsibles (e incluso solucionables), en tanto algún nivel o sector del Estado está al tanto de las demandas existentes.

IV. CONFLICTOS SOCIALES EN EL DPTO. DE LIMA

Una primera observación que se aprecia, es que el centralismo capitalino insiste en considerar a la jurisdicción del Gobierno Regional de Lima como Lima Provincias; no se quiere entender que estamos en un proceso de descentralización en la que el Municipio de Lima Metropolitana tiene un estatus especial equivalente al de un Gobierno Regional y las nueve provincias restantes constituyen el Gobierno Regional de Lima con sede en Huacho, capital de la provincia de Huaura. [13]

En el territorio que corresponde al Gobierno Regional de Lima:

- Un conflicto relacionado con Gobierno Local (Oyón).

- Un conflicto comunal (Huaura).

- Seis conflictos de tipo socio ambiental (corresponden: uno a Huaura, dos a Huarochirí, dos a Oyón y uno a Yauyos).

- Dos conflictos laborales (Huaura, Cañete).

El conflicto relacionado con el Gobierno Local Provincial de Oyón, se originó por el cuestionamiento de la gestión del alcalde en el ejercicio de sus funciones por presuntas irregularidades. Como es de público conocimiento a través de lo resuelto por el JNE, el referido alcalde reasumió sus funciones.

Un primer conflicto socio ambiental de la provincia de Oyón, se da en el distrito de Oyón, Comunidad campesina de Quichas, quien denuncia a la empresa minera Raura por contaminación de suelos y un presunto despojo de la propiedad de terrenos comunales.

Un segundo conflicto socio ambiental se da en esta provincia, en la comunidad de Pachangara, quien demanda la modificatoria del convenio suscrito y sus condiciones para la extracción de minerales por parte de la empresa minera Los Quenuales - Iscaycruz.

El conflicto comunal de la Provincia de Huaura, específicamente entre las comunidades Muzga y Lacsanga, por el uso del manantial Chimba que les permita regar sus cultivos. Dicho conflicto fue materia de un proceso de mediación, de tal manera que el problema no llegó perpetrarse.

Un conflicto socio ambiental en la provincia de Huaura, se da en el distrito de Végueta, los pobladores se oponen a la autorización de uso temporal de área acuática y franja costera otorgada a la empresa Santa Sofía Puertos S.A. (Grupo Romero). Dicha empresa se encuentra realizando el estudio de impacto ambiental y ha comunicado que cuando se concluya el estudio, previsto para el próximo año, se evaluarán las alianzas estratégicas con comercializadores mineros para el almacenaje y traslado de materiales.

Un conflicto laboral en la provincia de Huaura, se da en el distrito de Sayán, entre dos grupos mayoritarios de trabajadores para obtener el control de la empresa agroindustrial Andahuasi S.A.A. La Mesa de Diálogo presidida por el Presidente del Gobierno Regional de Lima, acordó remitir una carta a los representantes del Grupo Wong dando a conocer el pedido de los representantes del Grupo Bustamante de incluir en la administración compartida transitoria, a los trabajadores-accionistas de la referida empresa azucarera.

Un conflicto socio ambiental en la provincia de Yauyos, se da en los distritos de Viñac (Centro Poblado de Canchán) y Catahuasi; los pobladores se oponen a la Central Hidroeléctrica “El Platanal”, porque la derivación de las aguas del río Cañete, les estaría afectando con la disminución del caudal del río y al medio ambiente.

Un primer conflicto socio ambiental de la provincia de Huarochirí, seda en el distrito de San Antonio por la contaminación del río Seco, amerito de la minería artesanal, resultando afectada la comunidad campesina de Jicamarca.

Un segundo conflicto socio ambiental de la provincia de Huarochirí, se da en el distrito de San Mateo de Huanchor, los pobladores se encuentran afectados por la amenaza de relaves de la mina Coricancha; al respecto mediante Decreto Supremo Nº045-2009-PCM se prorrogó el Estado de Emergencia en la zona.

Un conflicto laboral se da en la Provincia de Cañete, distrito de Chilca, el sindicato de construcción civil de Chilca reclama que la empresa Graña y Montero S.A. contrate a sus afiliados sin que se efectúe evaluación organizada por la empresa para la ejecución de la Central Térmica Las Flores. El 22 de julio de 2009, el Sindicato de Construcción Civil de Chilca y el Jefe Administrativo de Obras de Graña y Montero

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