Crisis Petrolera En Venezuela

La más trascendente de las leyes de hidrocarburos anteriores a la nacionalización fue la promulgada por el Congreso Nacional en marzo de 1943, luego de una gran consulta nacional que unifica toda la legislación petrolera del país y reinicia el régimen de concesiones por cuarenta años más, contados a partir de ese momento, comienza a crecer el aporte de la actividad petrolera en el monto total de los recursos que recibe la Hacienda Pública Nacional, haciéndose más activa la participación del Estado en la administración de los recursos petroleros.

La Apertura Petrolera es un proceso, un conjunto de medidas adoptadas por la Industria Petrolera, Petroquímica, Gasífera y Carbonífera de Venezuela, con la aprobación de la mayoría parlamentaria del Congreso de la República y el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene por finalidad la nacionalización de la Industria en estrictu sensu, permitiendo que la nación, integrada por todos y cada uno de sus residentes, y no solamente el Estado, participe en el negocio petrolero. Dos objetivos trascendentales tienen dicha Apertura:

1. La expansión de PDVSA, que podrá llevar a cabo planes de inversión agresivos que le permitirán aumentar su producción petrolera y situarse con mayor presencia en los mercados internacionales.

2. Ofrecer al público en general, nacional e internacional, la oportunidad de invertir en un negocio extremadamente lucrativo que permitirá (si es que se institucionaliza una política dirigida a ello), además de los beneficios individualmente considerados, la reactivación directa e indirecta del proceso económico venezolano

Con la toma de posesión del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, si bien se insistió en que los contratos y acuerdos contraídos por la República se respetaran, también se anunció que ellos serían revisados en defensa de los intereses de la Nación. Los tiempos de la Apertura petrolera, en los términos de la década de los 90, quedaron atrás. Al iniciarse el gobierno de Chávez mantenía su vigencia la ley de 1943 que, conjuntamente con otras leyes promulgadas posteriormente y decisiones como la anteriormente comentada de la Corte Suprema de 1991, conformaban un marco jurídico complejo y no muy coherente. Esta situación fue modificada con la promulgación de dos instrumentos legales que derogaron toda la legislación previa y crearon un nuevo marco legal. En septiembre de 1999 se publica en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y en noviembre de 2001 la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Entre los cambios más importantes que estos instrumentos legales incorporan es la introducción de modificaciones sustanciales de la renta. La nueva legislación por un lado incrementa la regalía y por el otro equipara los impuestos sobre la renta, tributo a la ganancia, con las restantes actividades económicas en el país. Para el gas el mínimo para la regalía se fijó en 20% y para los hidrocarburos líquidos en 30%. Se procura con ello garantizar un ingreso fiscal más estable, compartiendo los riesgos de precios bajos entre el Estado propietario y la industria petrolera inversionista, de modo que la actividad no sea estimulada a fugarse del país.

La defensa de la Soberanía Nacional es uno de los pilares fundamentales de la política petrolera nacional desplegada por el Gobierno de Venezuela. Esta línea estratégica, orientada a concretar una auténtica nacionalización petrolera, pasa por la reafirmación de la propiedad de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de la nación y el rescate del control de la actividad petrolera, tanto desde el punto de vista del régimen tributario y legal como en el total dominio de la industria petrolera nacional. El 10 de octubre de 2004, el entonces Presidente de la República, Hugo Chávez, anunció un nuevo impulso a la política petrolera nacional para entrar, según lo dijo él en el programa dominical

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