¿Cuál es la relación entre la Constitución, el Estado de Derecho y las Garantías Constitucionales?

¿Cuál es la relación entre la Constitución, el Estado de Derecho y las Garantías Constitucionales?

En la actualidad, la gran crisis económica y política que se vive en el Perú, se debe en gran medida a la constante violación de los derechos humanos, de la Constitución y a la ineficiencia al momento de hacer valer las Garantías Constitucionales, teniendo como protagonista de estos actos a la corrupción, la cual se presenta en muchas instituciones, representadas por una autoridad o más autoridades, abusando de su poder jerárquico. A continuación, se apoya la postura del equipo de afirmar que la corrupción es una enfermedad social – política presente en nuestro país y que atenta contra los derechos que los seres humanos poseemos.

Para entender el escenario mencionado, como punto de partida, el presente texto menciona los conceptos de Constitución, Estado de Derecho y Garantías Constitucionales, para luego ir mostrando conexiones entre dos o tres de los puntos a la vez, para así poder encontrar las distintas razones que relacionan a estos tres conceptos que rigen nuestra actual sociedad.

Este documento tiene como objetivo general determinar la relación entre Constitución, Estado de Derecho y Garantías Constitucionales, y como objetivos específicos, el brindar información sobre los conceptos de Derechos Humanos, Constitución, Estado de Derecho y Garantías Constitucionales; así como dar noción del índice de Estado de Derecho del Perú y dar una opinión reflexiva al respecto.

Para entender la relación que existe entre Constitución, el Estado de Derecho y las Garantías Constitucionales, primero se debe tener noción de los derechos humanos, ya que estos tres puntos deben tener como prioridad el respeto de los derechos que posee cada persona.

Los derechos humanos, son un conjunto de prerrogativas conformadas por normas jurídicas, por principios, los cuales están encaminados para garantizar los aspectos más fundamentales de la vida del ser humano, en el cual ponen límites al poder para que no puedan violentarlos por acciones u omisiones y que siempre buscan la dignidad humana. Estos derechos son la base del desarrollo social, cualquier sociedad sin importar el sistema político que tenga o su organización política. Los derechos humanos siempre serán el punto central, por lo que deben estar garantizados. Estas son facultades que tienen los seres humanos desde que han sido concebidos, ya que el ser humano existe desde el momento de su concepción. Los derechos son las facultades que tienen las personas para realizar una acción o para omitir una acción, basado en el principio fundamental de la Libertad Personal. La Constitución dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que la ley prohíbe.

La Constitución peruana es la norma de mayor jerarquía y ninguna norma con rango de ley, ordenanza, decreto u otros, pueden contravenirla, el rol más importante de esta constitución es establecer los límites al poder del Estado a un nivel general. Es decir, el rol de la Constitución no es ser un documento extenso para establecer todos los procesos legales en un país, sino que establece reglas generales que definen hasta dónde pueden llegar los individuos, las instituciones, el presidente, los congresistas u otros, sin afectar los derechos de otras personas ni de la gobernabilidad. Todo esto es esencial porque impide que las reglas cambien constantemente y otorga predictibilidad, es decir, las personas pueden tomar decisiones a largo plazo sobre en qué trabajar, dónde vivir o dónde educar a sus hijos, porque saben que las reglas se mantendrán relativamente estables a través del tiempo. La Constitución define nuestro Estado. Todas las decisiones de esta entidad afectan a las personas directa o indirectamente. Según Kofi Annan, ex secretario de la ONU, este es el principio de gobernanza mediante el cual todos estamos sometidos a las leyes publicadas y estas no pueden cambiarse fuera de lo permitido. Así, las decisiones estatales son predecibles. Además, la Constitución reconoce el rol subsidiario del Estado. Es decir, solo puede realizar actividad empresarial por alto interés público o manifiesta conveniencia nacional y una ley debe autorizarlo primero. La valoración del Estado de Derecho juega un papel determinante y positivo en el desarrollo económico del país.

Borda, L. V. (2007) nos dice que la Constitución escrita es, sin duda, un elemento importante del Estado de derecho, pues permite más fácil y claramente realizar sus fines y garantiza mejor la seguridad jurídica en las relaciones entre el Estado y el individuo.

Vivimos en un Estado de Derecho, esto quiere decir que todas las personas, instituciones, el propio Estado, el congreso, el presidente, los jueces, entre otros, están sometidos a un conjunto de reglas que deben respetar y que no deben violar; de hecho, este concepto está incluido en la carta de las Naciones Unidas. Todo esto es importante porque garantiza que nadie en un país, sin importar el poder que tenga, puede legalmente puedan romper las reglas que permiten que un Estado de Derecho funcione.

El Estado de Derecho garantiza la primacía de la ley, la igualdad ante esta, el respeto a la separación de poderes, la participación ciudadana, la no arbitrariedad de las decisiones y la transparencia. Pero se debe tener presente que no solo es importante tener estos lineamientos, sino que realmente sean acatados y que existan los mecanismos para garantizar su cumplimiento. Según Borda, L. V. (2007) “la idea básica de este concepto de Estado de derecho consiste en que su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo y, de esa manera, conformar su carácter como “ente común (res publica)”. Un ejemplo de esto es la seguridad que un ciudadano tiene de que el Estado no puede arrebatarle una propiedad o bien sin un motivo que se sustente judicialmente. Según la Constitución, la propiedad es inviolable, y a menos que exista un contexto de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, esta no puede ser violada. Además, debe realizarse una indemnización por los daños causados. Por otro lado, si una persona es víctima de una agresión o de algún tipo de delito en su contra, esta tiene la opción de acudir a la policía y al Poder Judicial para rectificar lo sucedido.

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