Democratización del proceso penal Guatemalteco

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        Índice        

Introducción        2

Capítulo I        3

1.        Participación ciudadana en el proceso penal guatemalteco        3

1.1 Jueces profesionales y jueces legos        4

1.2 Sistema de valoración de la prueba        5

1.2.1        Libre convicción.        5

1.2.2        Prueba Legal o Tasada        5

1.2.3        Íntima convicción.        5

Capitulo II        5

2.        Análisis Histórico de la Institución del Jurado        5

Definición        5

2.1 El Jurado en Grecia        6

2.2 El Jurado en Roma        6

2.3 El Jurado en Inglaterra        7

2.4 Criterios contrarios a la implementación del jurado: Luigi Ferrajoli        7

Capítulo III        8

3.        Antecedentes históricos de la institución del jurado en el proceso penal guatemalteco.        8

3.1 Mariano Gálvez en su papel de reformador del proceso penal guatemalteco.        8

3.2 Códigos de Livingston        10

3.2.1        Proyecto del código dirigido a la asamblea de Lousiana, Estado Unidos.        11

3.3 Problemas sociales relacionados con la institución del jurado en el proceso penal guatemalteco        13

Capitulo IV        14

4.        Clasificación del Jurado.        14

4.1 Jurado Anglosajón        14

4.2 Jurado Escabinado        14

4.3 Jurado Mixto        15

5.        Derecho Comparado: Análisis de la implementación del jurado en la provincia de Córdova, Argentina        15

6.        El Jurado Guatemalteco        17

6.1 Ley de Emisión del Pensamiento        17

Conclusión        20

ANEXO        21

Plan de investigación        22

Bibliografía        28

Introducción

El presente estudio tiene como finalidad definir cuál es la participación que en la actualidad le concede la legislación a la ciudadanía guatemalteca en el proceso penal, para establecer si la misma es lo suficientemente extensa, que le confiera credibilidad a la actuación jurisdiccional. Aunado a esto, analizar la institución del Jurado, desde sus inicios más remotos, para conocer el contexto social-histórico en el que se desarrolló y cuál ha sido la experiencia de algunos países de América Latina que lo han puesto en vigencia en sus legislaciones.  Considerándolo como una opción para Guatemala, de ampliar el campo de actuación de la ciudadanía, como una forma de democratizar y legitimar el sistema de justicia a través de una participación directa durante las diferentes etapas del proceso y específicamente en el juicio.

Conocer cuáles son los tipos de jurado que existen, sus características y los diferentes países en los que se utilizan. Una revisión de los antecedentes en Guatemala, de la utilización de la institución para definir cuáles fueron los hechos que incidieron en que fuera dejada sin efecto de la legislación.  

Democratización del proceso penal guatemalteco

 Capítulo I

1. Participación ciudadana en el proceso penal guatemalteco

Se hace referencia sobre la participación ciudadana a todas aquellas actividades realizadas por las personas con el objetivo de incursionar y hacer funcionar el aparato de justicia en sus diferentes etapas.

La fase introductoria o inicial de un proceso, en los delitos de acción pública dependientes de instancia particular, como se establece en el artículo 297 del Código Procesal Penal, requiere que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo, lo haga saber a las autoridades respectivas, para poder iniciar la fase investigativa. Más que reconocer un derecho, es una obligación la que se encuentra regulada en el artículo anterior, una modalidad de participación limitada, que dependerá de la confusión de denunciante y agraviado para definir si la persona, continuara en las subsiguientes fases del proceso.^[1]

Otra modalidad contenida en el artículo 116 del mismo texto legal, es el Querellante Adhesivo, que no es más que la víctima, su representante legal o heredero testamentario, a quien la ley faculta para colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Puede solicitar práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia que considere pertinente. Su participación es más activa, pudiendo en determinado momento no estar de acuerdo en la forma en que se realiza la investigación y solicitar ante el Juez contralor, una audiencia, en la que se diluciden las diferencias y de ser necesario, cambiar al fiscal. Durante las audiencias y el debate, es escuchado, seguidamente del Ministerio Público.

En los delitos de acción privada, existe lo que se conoce como Querellante Exclusivo^[2], quien es el titular del ejercicio de la acción, encargado de formular la acusación ante el tribunal de sentencia competente para el juicio. Cuando al querellado (denunciado) no se le haya podido individualizar plenamente, puede solicitar auxilio del Ministerio Publico, para que realice una investigación como está provisto en la etapa introductoria del proceso penal.

Estas son formas de participación directas en el proceso penal, pero existen otras como el testigo, quien es llamado a comparecer durante la tramitación de las actuaciones para narrar todo aquello de lo que tenga conocimiento, en relación a la comisión de un delito. Es un deber el concurrir y tiene que ser acatado por todo habitante del país o persona que se halle en él. Existen excepciones para poder cumplir con este papel como, por ejemplo, ser familiar o cónyuge del sindicado, el abogado defensor, etc. De la misma forma, entre las excepciones, se encuentran, el Presidente y Vicepresidente de los organismos del Estado, los diputados titulares, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, y los Representantes Diplomáticos acreditados, quienes no están obligados a presentarse a una citación, pero pueden hacerlo si así lo desean o en su defecto, hacerlo por informe. ^[3]

El defensor judicial del sindicado y del agraviado respectivamente, es el encargado de velar, porque se respeten los derechos y las garantías constitucionales y procesales, es quien sirve de contrapeso, para equilibrar la desigualdad existente por la falta de conocimiento de las partes y que pueda hablarse de legalidad, pero es el único consciente del camino que se recorre en la tramitación del proceso y las personas únicamente viven en carne propia y son espectadores del poder punitivo del Estado, sufren de una sentencia o son motivo de absolución. Y aun encontrándose en esta fase, desconocen muchas veces de los derechos que les asistieron y se hicieron valer en su favor.  

Estas son las formas de como la ciudadanía puede participar en el proceso penal en la actualidad. Una de las maneras de ampliar este campo de actuación es por medio de la institución del jurado, que le concede un papel más trascendental, permitiéndole acercarse al desarrollo del juicio como un guardián de la justicia, observando de primera mano las pruebas con que se cuentan, conociendo en la práctica sobre los derechos constitucionales inherentes a todas las personas, para pronunciar un veredicto que decida el futuro de uno de sus pares que ha sido sometido al poder penal.

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