Desinstitucionalización En Colombia

Colombia es actualmente un país atractivo para la llegada de nuevas inversiones, sus moderadas medidas en política monetaria, cambiaria y fiscal, acompañada de una baja inflación y un perfil de deuda de Gobierno favorable, crea un ambiente seguro y saludable para los inversionistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, la desinstitucionalización que se presenta en el país ha frenado el crecimiento y ha generado desconfianza en los mercados, y para este país, en el que la inversión extranjera es un rubro importante, la desinstitucionalización puede causar grandes estragos.

Las instituciones no son edificios, y tampoco son reconocidas por el simple hecho de ser designadas por la ley; necesitan del reconocimiento y la confianza de los ciudadanos, para quienes fueron finalmente creadas, pero desafortunadamente el escepticismo justificado hacia las instituciones es un problema de vieja data. Colombia presenta un dramático y constante desequilibrio de poder, y por ende, unas instituciones abrumadas por la opinión pública, que han dejado de trabajar en función del país para comenzar a moverse en pro de una lucha de poderes y jugadas políticas.

Son muchos los acontecimientos que ponen en entredicho la eficacia de las instituciones, y no hay que irse muy lejos en tiempo y en lugar para encontrarlos. La agonía constante sobre el caso de Gustavo Petro es una muestra álgida del problema jurisdiccional y de desautorización constante en el país. La última noticia sobre su restitución, en la que como todo hay defensores y detractores, va más allá de un debate o una contienda política, pues dicho suceso ha incrementado el índice de desfavorabilidad de las instituciones colombianas. Por un lado, genera sospecha que un simple juez de restitución de tierra, sin intenciones de menospreciar, sea el que haya tomado esta decisión, las cuales son tomadas por lo general por las altas cortes del país, y por el otro lado el hecho de saber que esta decisión fue impugnada por el Presidente y que sigue en pie el proceso de revocatoria pone a pensar ¿de verdad Petro va a administrar Bogotá o va seguir buscando las herramientas para mantenerse en el poder?

Es importante resaltar que el problema no es precisamente Gustavo Petro, aunque ha quedado claro que la “izquierda” no ha dejado bien parada a Bogotá en los últimos años. El verdadero problema es la confusión que este tipo de medidas genera en la población civil, ¿está en capacidad o no el Procurador de destituir e inhabilitar a funcionarios públicos?, ¿qué pasará con las decisiones que fueron tomadas anteriormente con otros funcionarios?, ¿cuánto le costará al país esta decisión?, ¿habrá otra ola de tutelatón?, ¿debería limitarse el alcance de la tutela?, ¿seguirán las leguleyadas mientras la ciudad se encuentra en caos?, ¿puede el Estado garantizar realmente la seguridad y la estabilidad del país?.

Resulta imposible entonces, que esta condición de desinstitucionalización no afecte directamente al mercado colombiano. De hecho, esta situación no le genera seguridad jurídica a ningún contratista, la posibilidad de que hoy un alcalde que ya no era alcalde pueda simplemente terminar o no con un contrato, hace que los inversionistas se encuentren inmersos en la incertidumbre y desconfianza. Desafortunadamente, lo anterior no es una inocente posibilidad, ya se han comenzado a ver los efectos de la agobiante y agotable situación, pues generó un impacto negativo en la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), una manera de medir el eco de esta situación en las anteriores empresas es a través del comportamiento de la acción en la Bolsa de Valores de Colombia, pues desde el primer momento en el que en diciembre del 2013 se anunció la destitución de Petro, las acciones han presentado un comportamiento muy volátil, con el

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