Dignidad Laboral en Colombia, ¿el COVID19 es excusa para acabar con ella?

Dignidad Laboral en Colombia, ¿el COVID19 es excusa para acabar con ella?

En tiempos en los que la globalización y el acceso a la información han cambiado completamente las prioridades en las personas y la forma en la que el mundo avanza y se adapta a los desafíos a los que se enfrenta se ha visto acrecentado el debate en torno a los derechos de los trabajadores, quienes cada vez son más conscientes de la importancia de un pago justo, unas buenas condiciones laborales y garantías que aseguren su calidad vida, derechos que se han logrado con sudor y sangre, literalmente hablando, y que le generan costos a los empresarios de los que siempre han tratado de deshacerse. Lamentablemente en Colombia hemos visto como se han perdido frutos de esa lucha gracias a reformas laborales de gobiernos que olvidan la parte de trabajar para el pueblo y solo lo hacen tratando de beneficiar a esa pequeña parte de la población que financia sus campañas y en momentos en los que se plantean nuevos desafíos en virtud del impacto provocado por el virus del COVID19 nuevamente se ponen en la mesa reformas laborales que bien pueden atentar contra la dignidad de los trabajadores.

La OIT define el trabajo digno de la siguiente forma: “El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres” de manera que al ser Colombia parte de las Naciones Unidas, tiene aún la deuda de cumplir con los lineamientos establecidos en este ámbito que dictamina la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, por lo que antes de la pandemia podíamos ver ciertos avances en cuanto a regulación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y la prevención y estructuración de un sistema de protección en los casos de acoso laboral de los que pueden ser víctimas los trabajadores, más allá de eso también veíamos como las organizaciones se preocupaban cada vez más por ofrecer entornos saludables a sus trabajadores, bajo la premisa de que un trabajador feliz es un trabajador más eficiente.

Sin embargo esto solo es una pequeña parte de la tarea que el gobierno tiene pendiente desde la desastrosa reforma laboral del gobierno de Álvaro Uribe Vélez que nos regresó casi al inicio de la revolución industrial en temas de dignidad laboral, atentando contra el bienestar integral de los colombianos, mediante medidas que fomentaron la precarización laboral como la eliminación del pago de recargos nocturnos, horas extras, creación de contratos por prestación de servicios, la falta de garantías en seguridad social al convertir la salud en un negocio mediante la Ley 100, la eliminación de beneficios que tenían los pensionados como la mesada 14 y la falta de mecanismos de protección que garantizaran el derecho sindical.

Frente a esto, el gobierno de turno a través de la ministra de trabajo en 2018, Alicia Arango, ha dicho que se deben “reivindicar los derechos de los trabajadores, promover el emprendimiento, incentivar la formalización laboral, y la protección de todos los trabajadores colombianos” pero hemos visto que no se observan resultados positivos en este sentido, la generación de empleo se ha enfocado en la tercerización laboral, lo que propicia la inestabilidad laboral y el teletrabajo que si bien es una opción, no hay garantías para un desempeño saludable, ya que los patronos suelen contactar a los empleados en horarios no laborales para pedirles que desempeñen tareas y no reconocer las horas extras, además de irrespetar las horas de descanso a las que tiene derecho el trabajador, bajo la excusa de estar en su casa. Además de eso las cifras de desempleo ya venían en aumento desde antes de la pandemia, pasando a ser de dos dígitos y ubicándose en el 12.2% para el mes de febrero de 2020, cifra que se calcula teniendo en cuenta como empleos, los ejercidos por menores de

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