EL EJE DEL DESARROLLO SOCIAL

EL EJE DEL DESARROLLO SOCIAL.

Este eje de desarrollo Social comienza, desde el momento en que toma posesión del poder como presidente en 1999 el comandante Hugo Rafael Chávez Frías quien jura ante la moribunda Constitución de 1961 refundar una nueva República con el acompañamiento del pueblo venezolano, quienes votaron a favor de una constituyente para la elaboración del nuevo proyecto político como lo es ahora La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de donde emana todo lo que en adelante va a regir a todos los venezolanos haciendo énfasis en que debemos respetarla hacerla respetar, siendo protagónico y participativos para que este proyecto político se cristalice, y construyamos una Patria Libre con un gobierno autónomo, sin exclusión social de ninguna índole, con una gran economía diversificada y bien desarrollada, basada en el trabajo colectivo, con una ética socialista donde reine la moral y las buenas costumbres y nos sintamos orgullosos de ser venezolanos forjadores de la Patria Nueva, obteniendo así la suprema felicidad social.

La suprema felicidad es de largo plazo que tiene como punto de partida la construcción de una estructura social incluyente, formada por una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, productivo socialista, humanista, endógeno dondevivíamosensimilarescondiciones.

Para lograr todo lo anterior tenemos que contribuir en el cambio de la estructura social de Venezuela que está en transición hacia una formación económica-social más incluyente porque el gobierno está ejecutando, especialmente con las Misiones, un proceso de inclusión social masivo y acelerado, financiado por la nueva forma de utilizar la renta petrolera.

Lo que ha permitido avanzar en la cobertura y la universalización en la satisfacción de necesidades de identidad, alimentación, salud, educación vivienda y empleo.

POLÍTICAS SANITARIAS Y EL DERECHO HUMANO A LA SALUD

El artículo 83 de nuestra Carta magna establece: La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.

Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

POLÍTICAS EDUCATIVAS Y EL DERECHO HUMANO A LA SALUD.

La carta magna establece:

Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley.

La Ley Orgánica de Educación (LOE).

Establece en sus artículos del 1 al 3

Artículo 1º La presente Ley establece las directrices y bases de la educación como proceso integral; determina la orientación, planificación y organización del sistema educativo y norma el funcionamiento de los servicios que tengan relación con éste.

Artículo 2º La educación es función primordial e indeclinable del Estado, así como derecho permanente e irrenunciable de la persona.

Artículo 3º La educación tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo de la personalidad y el logro de un hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en una sociedad democrática, justa y libre, basada la familia como célula fundamental y en la valorización del trabajo; capaz de participar activa,

consciente y solidariamente en los procesos de transformación social; consustanciado con los valores de la identidad nacional y con la comprensión, la tolerancia- la convivencia y las actitudes que favorezcan el fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos de integración y solidaridad latinoamericana.

La educación fomentará el desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, calidad de vida y el uso racional de los recursos naturales; y contribuirá a la formación y capacitación de los equipos humanos necesarios para el desarrollo del país y la promoción de los esfuerzos creadores del pueblo venezolano hacia el logro de su desarrollo integral, autónomo e independiente.

POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SU ARTICULACIÓN CON LA GARANTÍA AL DERECHO HUMANO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Establecido en los artículos 88 al 97.

Artículo 88. El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley.

Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.

2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.

3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.

4. Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.

5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.

6. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los protegerá contra cualquier explotación económica y social

EJE DE DESARROLLO POLÍTICO

A partir de 1999 comienza en Venezuela un proceso de cambios orientado a la construcción de un Estado Socialista. En ese orden de ideas, se diseñaron las líneas generales que definen el desarrollo político, social y económico del país. Estas estrategias están contenidas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar en su Primer Plan Socialista (PPS) para el período 2007-2013.

Estas directrices están divididas en siete enfoques en donde queda manifiesto el principio humanista y socialista que enrumbará a la Nación durante el septenio. La ética socialista, la suprema felicidad social, la democracia protagónica revolucionaria, el modelo productivo socialista, la nueva geopolítica nacional y la nueva política internacional.

El fin último es la refundación de la nación basado en cambios éticos, morales y políticos inspirados en la fusión de los valores y principios más avanzados de las corrientes humanísticas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar. La creación de una Patria Nueva encierra una relación dialéctica entre el viejo sistema (el Capitalismo) y sus principios liberales y; el nuevo sistema (el Socialismo), cuyos valores éticos se basan en la solidaridad humana y la realización colectiva de los ciudadanos y ciudadanas.

La consideración de una ética socialista como precepto fundamental del Proyecto Nacional Simón Bolívar, revela la conciencia de la existencia de un Estado signado por la injusticia, la impunidad y la corrupción que debe ser superado cualitativamente y sustituido en todos los órdenes de la vida.

Uno de los aspectos más importantes de esta propuesta política es la creación del Poder Popular. Esta concepción está fundamentada en el poder constituyente bajo la premisa revolucionaria de que la soberanía reside en el pueblo pero a diferencia del modelo liberal burgués, éste se mantiene vivo y es la base de todo en tanto descansa en el pueblo organizado en sus comunidades, puestos de trabajo y centros de estudios.

Este Poder Popular, bajo los principios de participación y protagonismo democrático, busca lograr que los ciudadanos y ciudadanas intervengan en todos los procesos de toma de decisiones. Es importante destacar, que los antecedentes históricos de este sistema político se encuentran en la Comuna de París, los Soviets de comienzo de la revolución rusa y en la experiencia de la antigua Yugoslavia; no obstante, es inédito y combina democracia directa (autogobierno) e indirecta.

El novedoso sistema trata abolir la figura de la representación política y prevé varios estamentos de participación. Uno de los más importantes lo conforman los Consejos Comunales, donde se fusiona la democracia directa con la delegación o vocería que representan la voz de la comunidad. Es obligado aclarar, que los voceros y voceras actúan sólo como puentes entre las comunidades y los órganos del Poder Constituido, en tanto no reciben de sus electores y electoras un mandato libre sino pautas; aunque tampoco reciben un mandato imperativo .

Al igual que con los Poderes Constituidos, la pluralidad político-ideológico, símbolo y valor de la democracia, está garantizada a través de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, instancia primaria para el ejercicio del poder, de la participación y el protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para el órgano (Consejo Comunal).

Cabe destacar, que este cambio de enfoque revolucionario en contraposición a la visión capitalista está orientado a construir una comunidad, no individuos aislados y egoístas para producir una voluntad general, en el sentido de un poder de todos y todas y para todos y todas, guiados por los principios de igualdad y libertad.

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