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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FACULTAD DE PREGRADO.

Daniela FrancoDocumentos de Investigación10 de Mayo de 2017

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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FACULTAD DE PREGRADO.

PROGRAMA de Pregrado en Administración Pública territorial.

Guía didáctica enfoques del desarrollo.

Autor. JAIME MEJIA GUTIÉRREZ.

Profesor de la Escuela Superior de Administración pública ESAP, en la Facultad de postgrados. Investigador y Consultor. Doctor en Ciencias de la Educación de Rudecolombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Línea historia de la universidad latinoamericana. Miembro investigador de HISULA. Magíster en Administración de la Universidad de los Andes. Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia universidad Javeriana. Especialista en Proyectos de desarrollo de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro Brasil. Especialista en Defensa Nacional y Resolución de Conflictos de la Universidad Militar Nueva Granada. Investigador y Consultor. Ponente internacional en los congresos 52 de Americanistas en Sevilla España, año 2006, en el congreso internacional de la FIEALC (Federación internacional de estudios de América latina y el caribe) en Macao- China, año 2007. Ponente en el congreso internacional de Educación RudeColombia 10 años Paipa- Boyacá en el año 2006. Ponente en los seminarios de Vendimia sobre Nación y Universidad, Villa de Leyva 2007 y 2008. Ponente en el CLAD, Brasil 2009.Ponente en congresos de Costa Rica y Chile, 2016, 2015.  Editor Científico de la revista Nova et Vetera.

Por. JAIME MEJIA GUTIÉRREZ. Profesor de planta ESAP.

Introducción.

En Davos Suiza se ha dicho en el 2017, que ocho (8) magnates de los negocios internacionales, es decir, los dueños de la globalización poseen tanta riqueza como la que tienen 3.600 millones de pobladores de la tierra, considerados pobres, excluidos del desarrollo. Ochocientos millones de personas sufren de hambre en el mundo, los niños de la guajira se mueren de hambre y sed en un país que como Colombia posee más de 100.000 hectáreas en posibilidad para producir alimentos de alta calidad y sanos para el consumo humano. ¿Esto es desarrollo o es genocidio? Si talamos árboles y deforestamos la tierra con grave daño ambiental, decimos que es un indicador de desarrollo.

Los momentos de la vida administrativa, política, social, económica y cultural del país, requieren de una reflexión equilibrada, de un análisis innovador y de una capacidad de comprensión que nos permita revisar y proponer mecanismos de organización institucional, económica, financiera, política y social para avanzar en  la lucha contra la pobreza, la exclusión, la inequidad, la ausencia del estado en territorios nacionales importantes, la presencia de diferentes portafolios ilícitos representados en guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico y redes criminales que incluyen agentes del estado. Mecanismos que fortalezcan las administraciones públicas locales y la participación de la sociedad civil, en la formación de capital social que sustente una activa y permanente política pública que inspire un desarrollo con base en los recursos locales, las capacidades, las  habilidades de sus habitantes y las prospectivas que la participación política de los actores proponga. En los frentes de la resolución pacífica de los conflictos y de la construcción del estado social de derecho debe usarse el marco del legado constitucional colombiano (25 años de promulgación, ejercicio, reformas, interpretaciones y aspiraciones).

Hoy nos debatimos en medio de una perspectiva ambiental que nos exige, no sólo la formulación de políticas públicas de preservación de los recursos, sino las encaminadas a la mitigación, adaptación, comprensión y acción en los retos del cambio climático y sus efectos económicos, sociales, culturales y políticos. Los fenómenos del niño y la niña serán cada vez más fuertes, más recurrentes y más amenazantes contra el recurso agua, la alimentación sostenible y sana, la salud, la energía,  el desarrollo llamado sustentable. En el periódico el colombiano de agosto 8 de 2016 en columna de Marian Escobar se dice: “En 2010, cuando Yolanda Kakabadse se posesionó como presidenta de WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), la certeza sobre el cambio climático se debatía fuertemente entre expertos y líderes mundiales.

Entonces, la que fue ministra de Medio Ambiente de Ecuador declaró que el tema ya no era solo asunto de conservacionistas y científicos, sino que merecía de los políticos un trato igual al que reciben las crisis económicas o el futuro electoral.

Seis años después, el problema se impuso en las agendas. El quinto informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (Ipcc) reveló que el grado de certidumbre de que la actividad humana esté detrás del calentamiento pasó de “muy posible” a “extremadamente posible”; la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21) comprometió, por primera vez, a China y a Estados Unidos a reducir sus emisiones; incluso, asumir esta responsabilidad, o no, define en buena medida las elecciones del país norteamericano”. Son 169 metas las de la sostenibilidad.

“La definición de daño ecológico y del daño ambiental está sujeta a la racionalidad científica y técnica., la ciencia se encuentra ante lo ecológico sin la certeza que aporta en otros ámbitos…” (Briceño 2009, 28).

La investigación, la discusión, la reflexión, el estudio constante, el debate, la toma de decisiones y las propuestas en los conceptos de las redes sociales y políticas, nos invita a interpretar las maneras de construir un Estado que tenga como componente sustancial la capacidad de gobernar (Dror, 1996). Francis Fukuyama (2004) en su libro, La construcción del estado  hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI, afirma:” La capacidad de fortalecer o crear, partiendo de la base, instituciones y competencias estatales hasta ahora ausentes ha pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda global y probablemente se haya convertido en un requisito imprescindible para garantizar la seguridad en importantes partes del mundo”.  Agregaríamos nosotros que el reto en Colombia es el de la gobernabilidad, por razones de amplitud de territorio y de ausencia de estado. Los elementos múltiples que constituyen la “estatalidad” en términos de Fukuyama,  se refieren a las funciones, las capacidades y los ámbitos de legitimidad del gobierno.

Si algo deslegitima hoy a los estados como el Colombiano son las grandes manifestaciones de la pobreza, la marginalidad, la exclusión social, la inseguridad. Las brechas sociales, económicas, educativas, de inclusión en los derechos sustanciales de  segmentos poblacionales, especialmente  de niños y niñas, de adultos y desempleados, acusan una angustia en las maneras de resolver los asuntos desde las políticas públicas. El diagnóstico nos señala que el 20% de la población en Colombia, es decir, cuatro millones de habitantes, se beneficia del 70% del PIB. El 60% de los segmentos poblacionales rurales, más de seis millones de personas, se encuentran en pobreza absoluta. Si se aplica el indicador de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), el 30% de la población urbana está enmarcada en los linderos de la pobreza.

La diáspora poblacional que ha tenido que emigrar a otros países, fundamentalmente lo ha hecho por falta de oportunidades internas para producir y crear riqueza.” En efecto mientras el actual proceso de globalización prioriza la movilidad internacional de objetos (bienes, capital, tecnología, dinero), al mismo tiempo relega a un segundo o tercer plano la movilidad de las personas, es decir, justamente aquellos que deben estar  en el centro de una globalización más humana y justa”. (Solimano, 2013, 195).

El DANE ha dicho que esta población es de tres millones y medio de compatriotas. El aporte de estos colombianos que laboran en los Estados Unidos, en España, en Venezuela y en muchos otros países a la economía nacional y a la creación de la demanda efectiva para usar los lenguajes Keynesianos, es de más de tres mil quinientos millones de dólares, como ingresos reales que se aplican al pago de servicios de salud, de educación, de adquisición, mejora de vivienda y tantas veces para iniciar las actividades de pequeños negocios de servicios, de microempresas productivas, de taxis, de camiones, de pequeñas fincas e igualmente para el consumo suntuario especialmente en motos, jugueterías , vestuarios, fiestas familiares y de vecindades ruidosas. En pequeñas poblaciones y en áreas rurales estos ingresos de remesas son los únicos momentos monetarios y de oportunidades de satisfacción de necesidades que la marcha normal de las economías territoriales les niegan a tantos colombianos(as).

Si nos referimos  a la gestión y planeación del desarrollo con base en los postulados de la sostenibilidad y sustentabilidad ambientales, tan mencionados en los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, con respecto a la cuenca más importante de Colombia, Manuel Rodriguez Becerra (2015, 20) en el  libro ¿Para dónde va el río Magdalena?, en el acápite de lo que nos va quedando del río dice:

“la deforestación asciende a 77% de su cobertura vegetal original y 42% de ella se produjo en las tres últimas décadas; la pesca ha caído en más de 50% en los últimos treinta años; el transporte de sedimentos al bajo Magdalena se incrementó 33% en la última década; y la erosión alcanza 78% del área de la cuenca (véanse los textos de Vilardy, Walschburger, Angarita y Delgado, Restrepo y Valderrama, passim). Esta situación tiene graves implicaciones, toda vez que en la cuenca del

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