El proyecto de ley consiste en realizar por medio del Comité para la Depuración y Racionalización del Ordenamiento Jurídico Colombiano

El proyecto de ley consiste en realizar por medio del Comité para la Depuración y Racionalización del Ordenamiento Jurídico Colombiano, constituido con el fin de asegurar que la función normativa del Estado  sea coherente, racional y simplificada, y ofrezca seguridad jurídica a los colombianos.

“Este ejercicio trazara los lineamientos y estrategias conjuntas para la depuración del ordenamiento jurídico colombiano, suprimiendo del mismo las leyes y demás normas que se encuentren en desuso o que hayan  cumplido con la función específica para la que fueron creadas”

De acuerdo con la ministra, se estima que en Colombia se expiden 868 leyes y decretos al año, lo que ha suscitado una “hiperinflación normativa”. Debido a esto, hoy se cuenta con más de 20.000 registros de normas sin contar resoluciones y directivas presidenciales, varias de las cuales ya no son aplicadas.

“Vamos a seleccionar grupos de leyes y decretos por periodos de tiempo de cinco años. La idea es que al final del año el producto sea un decreto que derogue las leyes que están absolutamente obsoletas y que no tienen ninguna aplicación”.

En este proyecto de ley podemos encontrar una clara mejoría a nuestra norma a jurídica ya que esto promueve una actualización en las normas que nos rigen y así podemos saber cuáles nos aplica y cuales no en el momento de realizar alguna diligencia jurídica.

Por otro lado esto nos lleva a pensar que en Colombia nuestra rama judicial se dedica a generar normas, leyes, decretos y demás a diestra y siniestra sin tener claro la funcionalidad de esta en nuestra sociedad o ámbito para el cual se genera por lo tanto se emplea más tiempo en estas leyes que a la final no se utilizaran y no se emplea el tiempo necesario en la revisión de otras leyes o normas que afectan más a la sociedad y al común.

Claro está que nuestros altos mandos no les interesa el bien común solo se centran en los beneficios que ellos llegan a sacar de todo esto, por lo tanto mientras no se realice un  cambio en nuestros altos mandos por más que deroguen leyes inútiles ellos, los que están arriba seguirán generando más y más leyes para su beneficio así no sean normas a un bien común.

Es necesario un cambio urgente en nuestra sociedad ya que todos nos quedamos criticando y mencionamos que necesitamos un cambio pero no hacemos parte de él y siempre eligiendo a los mismos de siempre con la misma mentalidad política, jurídica y social.

El cambio que necesitamos viene desde nosotros así podemos apoyar los cambios tan trascendentales como lo plantea este proyecto de ley expuesto, cada integrante de la sociedad se debe apropiar e interiorizar los cambios que quiere ver en su país; cuando este proceso lo llevemos a cabo ahí podremos ver un gran cambio para nuestra justicia, normas y la vida en general.

Para cada persona es un punto de vista distinto todos tenemos una forma de pensar diferente pero eso nos llevara a grandes cambios para bajar a esas personas que se hacen llamar gobernantes, representantes de la sociedad los cuales solo buscan beneficios para ellos como selo ve identificado en la creación de normas porque si, sin ninguna funcionalidad para su país.

Desde otro punto de vista más enfocado a la motivación de la creación de este proyecto de ley podemos decir que busca una funcionalidad en nuestra justicia y sobre todo seguridad, confianza y creencia en ella.

Cabe hacer un énfasis en que este proyecto de ley busca derogar de manera expresa e integral un grupo de cuerpos normativos de carácter general y abstracto de rango legal que han sido identificados por las oficinas y dependencias jurídicas de los 24 sectores de la Administración Pública Nacional como depurarles dado el agotamiento de su objeto, su estado de desuso, su situación de obsolescencia, anacronismo, de incompatibilidad con el régimen constitucional vigente, la concurrencia de derogatoria orgánica o que no hayan sido adoptadas como legislación permanente; en aplicación de la metodología de depuración normativa que para tal fin elaboró el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el apoyo de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, en ejercicio de su función consultiva en materia de producción normativa, con el propósito de fortalecer el principio constitucional de seguridad jurídica.

...