Ensayo Taller de modelos de toma de decisión pública

Ensayo Taller de modelos de toma de decisión pública

Por Daniela Brito Martínez

Introducción

El 25 de Octubre de 2020 se realizó un plebiscito en nuestro país para aprobar o rechazar una nueva constitución en reemplazo a la establecida en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet, y también se le consultó a la ciudadanía a través de qué medio debía ser redactada la nueva constitución, si a través de una convención mixta, incluyendo a parlamentarios en ejercicios, o a través de una convención constituyente, que contempla redactores 100% elegidos por voto popular sin participación de quienes hoy integran el congreso nacional. Los resultados fueron avasalladores, con casi el 80% de las preferencias, los chilenos y chilenas y decidieron que querían una nueva constitución a través de una convención constituyente.

Todo este proceso fue resultado de una grave crisis social que se ha vivido en Chile durante las últimas décadas, que ha afectado a la mayoría de la sociedad, quienes hace años y de diversas formas han manifestado su descontento, el cual culminó en el estallido social de Octubre de 2019, cuando millones de chilenos salieron a las calles para buscar mejoras en su calidad de vida.

En el siguiente ensayo analizaremos algunas de las principales causas de la revuelta social y los detonantes del malestar popular, junto con establecer qué se espera de la nueva constitución que podría regir al país y cómo podría mejorar la situación de millones de chilenos, esto lo buscamos resolver a través de la siguiente interrogante: ¿Qué errores se deben evitar cometer para que la sociedad chilena no vuelva a colapsar? ¿Qué tipo de políticos podrían encabezar el proceso de una nueva constitución de forma mas beneficiosa para la población?

Para comenzar el análisis, debemos partir de la premisa que el Estado se mantiene en constante cambio y la gestión pública debe ir modernizándose de acuerdo a las necesidades de la sociedad, desde ese punto, la actual constitución del 80’ no responde a las problemáticas de la sociedad, inclusive acentuando más la crisis social, puesto que muchos intentos de reformas y mejoras de políticas públicas, no se pudieron realizar por considerarse inconstitucionales, lo que combinado a los nuevos tiempos de cambio en la democracia que existe en Chile desde 1990, se manifestaron una serie de problemas públicos y sociales que se han acumulado desde décadas y ningún gobierno desde el retorno de la democracia ha sido verdaderamente capaz de enfrentar con éxito y obtener resultados satisfactorios para la ciudadanía y sus necesidades, creando agendas públicas insuficientes que no abarcaban ningún problema de forma profunda, sino que solo superficialmente, ya que las políticas públicas eran elitistas y fuera de la realidad nacional, quienes imparten la política en Chile en su mayoría no pertenecen a la clase trabajadora, sino a la elite del poder político y económico en nuestro país, por lo que la mayoría de los intereses no coinciden con los intereses del pueblo. Entre los principales problemas que enfrentaba la sociedad chilena nos encontramos con la mala calidad de la educación pública en relación a la educación particular^[1], el alto costo de la educación universitaria, lo que la hace inaccesible para muchos jóvenes^[2], críticas al sistema privado de pensiones, las AFP, puesto que los resultados económicos de afiliarse a este modelo para los trabajadores están lejos de la realidad que se prometía en sus inicios^[3], déficit de la calidad de la salud pública en nuestro país, dejando muchas veces como alternativa la salud privada, la cual por su alto coste, es difícil de acceder a ella, crisis medioambientales que afectan a muchas zonas de sacrificio en Chile, incluyendo la escasez de agua en sectores agrícolas y mineros, ya que se suma la sequía natural producto del cambio climático con el uso indiscriminado del agua de las grandes industrias mineras, ganaderas y agrícolas, además el costo de la vida en nuestro país es muy alto en relación a los ingresos de la mayoría de los chilenos, lo cual provoca que el endeudamiento sea la única manera de sobrevivir para miles de familias^[4]entre otras deficiencias en diversas áreas a cargo del Estado que en distintos periodos han sido visibilizados por quienes se ven más afectados.

Todos estos componentes de descontento, sumado a un detonador, el cuál fue el aumento en el precio del transporte público, colapsó el sistema social, y se realizaron multitudinarias y diversas protestas a lo largo de todo Chile con la esperanza de que la población mejorara su condición de vida. Estas manifestaciones estremecieron el sistema político, el cual para intentar apaciguar el descontento social propuso un plebiscito para que los chilenos decidieran si querían o no cambiar la actual constitución a través de un plebiscito directo y vinculante con la ciudadanía, el cual resultó en la aprobación de la redacción de una nueva carta fundamental, la cual será redactada por una convención constitucional compuesta de actores elegido democráticamente, con escaños reservados para pueblos originarios y garantía de paridad de género, para lograr una nueva constitución lo más representativa posible y que logre ayudar en el proceso de la resolución de los conflictos sociales.

A raíz de los conflictos mencionados anteriormente se ha presentado una oportunidad para Chile, de mejorar como país y sociedad, y buscar las fórmulas para que algunos, y ojalá la mayoría de los problemas se puedan solucionar y la calidad de vida de los chilenos y chilenas mejore sustancialmente, y es en base a esta nueva oportunidad que muchos se preguntan, qué se espera de este nuevo Chile y quienes deberían estar a cargo de la esperada transición.

De acuerdo a los resultados del plebiscito podemos hacernos una idea que lo que se busca es la innovación, especialmente en la clase política, la cual está tremendamente deslegitimizada por diversos factores, entre ellos los casos de corrupción y fraudes económicos que han sacudido a la política, la poca conexión de los políticos con la realidad nacional de millones de personas, ya que esta clase abarca principalmente a grupos de poder económico, social y político, por lo que las políticas sociales y las agendas de gobierno se han realizado con exclusión de los actores sociales directamente afectados por el problema, y la toma de decisiones se realiza dentro de una elite cerrada que no comprende ni padece las necesidades de la mayoría de las personas. La agenda se construye en base a las conveniencias políticas y económicas de la elite, alejada de los beneficios directos hacía la ciudadanía y enfocadas en los intereses empresariales y de mercados, tomando especialmente sentido la frase: La burocracia se sirve a sí misma en lugar de orientarse al interés público (Parsons). En Chile hay un poder ejercido por la fuerza, no así una autoridad influyente y persuasiva, la autoridad es meramente legal y carece de legitimidad social.

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