Ensayo politicas publicas en latinoamerica

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POLÍTICAS PÚBLICAS Y DEMOCRACIA

Trabajo presentado en el seminario DE POLÍTICAS EDUCATIVAS EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO presentado al Dr. MARCOS GUTIERREZ

ENADIS  VARGAS HERNÁNDEZ    IP 26175573

JOHANA RAMOS PEREZ IP50931860

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD RAFAEL BELLOSO CHACÍN

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

                                Maracaibo, Venezuela,  21 septiembre  de 2016

POLÍTICAS PÚBLICAS Y DEMOCRACIA

Las políticas públicas se han consolidado como una herramienta esencial en el ejercicio académico y práctico de la gestión pública. En la actualidad este tipo de políticas son la plataforma de los planes, programas y proyectos dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales existentes. Ahora bien, vale preguntarse: ¿Han sido las políticas públicas un instrumento efectivo para la resolución de anomalías y problemáticas de las comunidades, gremios y otros grupos de interés? O por el contrario, ¿han sido un elemento de legitimación electoral de la administración, con un bajo impacto en el sistema político? (Arrollave Alzate Santiago 2010).

Al momento de analizar la relación existente entre políticas públicas y democracia, se requiere determinar que se entiende por políticas públicas y cómo inciden éstas en la vida y desarrollo de las comunidades bajo gobiernos  democráticos. Dado que estas políticas de acuerdo al autor Arellano (2013) “constituyen un aspecto sustancial para su consolidación. En primer lugar, implican la acción de gobierno en un entorno plural, de intereses diversos, donde las problemáticas son también plurales y diversas de acuerdo a los intereses y valoraciones de las personas. Requiere construir procesos abiertos y sistemáticos de deliberación para consensuar los problemas que se han de enfrentar y de qué manera, esto es, para definir las políticas públicas a desarrollar. Sin embargo, en esta labor se necesita la acción conjunta de gobernantes y gobernados. Una ciudadanía informada, activa y participativa es un componente distintivo de las políticas públicas en democracia, las cuales deben contemplar mecanismos de participación en condiciones de igualdad para determinar las problemáticas a atender, la definición y el diseño de las políticas a emprender, conocer de su implementación y, finalmente, evaluar los resultados. Arellano” Pg.8.

Así lo referencia Arellano (2013) políticas públicas “no es otra cosa que la formulación de la estrategia que se seguirá para intentar resolver el problema en su contexto particular, entendiendo por estrategia el conjunto de instrumentos coherentemente integrados, así como las restricciones que éstos enfrentarían.

Por su parte Eugenio Lahera P(2004) afirma que “La gobernabilidad puede asegurarse de modo autoritario, por lo menos por un tiempo, pero es probable que lo sea de modo excluyente e inestable. La democracia, en cambio, es el sistema que posibilita una gobernabilidad incluyente y estable. Lo segundo, ya que por definición este sistema permite cambiar a los gobernantes sin crisis mayores. Un modo populista y conciliador de hacer política. Toda sociedad tiene un debate sobre sí misma. La riqueza de una sociedad se mide por su discusión pública, así como por su capacidad de transformarse a partir de ella. De allí que la democracia debe educar a sus ciudadanos en su habilidad de plantearse públicamente”.

Lo anterior, hace reflexionar acerca del papel que desempeñan las políticas públicas en una sociedad, en  la cual los ciudadanos deben conocer sus derechos y la forma como deben hacer uso de los mecanismos de participación; sin embargo, aunque en la constitución están consagradas la garantía que debe brindar el Estado para que estas se lleven a cabo de la mejor manera; es el mismo que acalla las voces de quien reclama y exige su participación y exige  sus derechos. Y no educa para hacer uso de estos mecanismos, más bien los invisibiliza, tergiversa e impone fuerzas oscuras que intimidan al pueblo, quien por temor no juzga, denuncia abusos y corrupciones.

A diferencia del significado que  expone el autor Fernando Enrique Cardoso,  cuando menciona que se puede entender que  dentro del marco de la democracia, las políticas públicas pueden ser negociadas, concertadas,  de acuerdo a los intereses del pueblo o de las personas, a nivel general, no obedeciendo a intereses particulares; por ello, si el gobernante es elegido por el pueblo democráticamente, y es el pueblo quien lo elige, junto a éstos se deben plantear estas normas que los beneficien a todos.

Sin embargo, observamos que los intereses particulares prevalecen sobre los intereses del pueblo, a pesar que existen políticas públicas de papel, consagradas en la Constitución y legislada mediante normas. Es así  que en la constitución política de Colombia en el artículo 103, se consagran mecanismos de participación ciudadana, los cuales dan la opción de ejercer el derecho a participar del poder político. Entre estos se encuentran el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

Estos, hacen creer que en Colombia como país democrático, busca que los ciudadanos sean quienes decidan el rumbo que toma el país, en diferentes acciones, políticas y en general decisiones, la Constitución Política Colombiana, consagra en el artículo 40 que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”.

Es así, como se presentan varios factores, que deben conocer los ciudadanos para hacer efectivo este derecho y ser participativo en las acciones del país, como lo es el elegir y ser elegido, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, difundir sus ideas y programas, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley y tomar parte en elecciones, plebiscitos, consultas populares, revocatorias del mandato, iniciativas legislativas, entre otras formas de participación democrática.

 Por ende: “El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan” (artículo 103).

Un ejemplo de esta normatividad consagradas en la constitución y legisladas a favor de la sociedad está la Ley 1098, por el cual se expide el código de infancia y adolescencia, El cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado; Ley 1641 el 12 de julio de 2013, La cual  tiene por objeto establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle dirigidos a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social.

 Lo anterior, escrito en la Constitución política Colombiana, no se ejecuta, sino medianamente se lleva la realidad debido al contexto de corrupción, clientelismo e ilegalidad, anomalías adheridas al sistema político, como efecto de unas dinámicas clientelistas triangulares, engendradas en cada uno de estos tres momentos previos, que han dificultado el fortalecimiento de las instituciones en todos los niveles territoriales. El tercer desafío que enfrentan las políticas públicas se da por estas relaciones entre funcionarios, políticos y empresarios. Donde los funcionarios necesitan de los políticos para alcanzar sus cargos y mantenerlos, los políticos necesitan de los empresarios para poder financiar sus campañas y los empresarios de los políticos para crear leyes que beneficien a sus empresas. Estas dinámicas recíprocas han sido uno de los principales obstáculos de las políticas públicas, pues crean un triángulo de hierro que concentra el poder y lo utiliza para el beneficio propio de sus actores, excluyendo a la sociedad civil organizada y no organizada, e impidiendo la construcción de una gobernanza. Dado que surgen  muchos problemas al momento de implementar las políticas públicas en Colombia.   Arroyave (2013), afirma que: “Las políticas públicas se han sustentado a nivel nacional en tres antecedentes: primero, la burocracia como elemento depositario de una previsión universal que trasciende los intereses particulares del ciudadano, es decir, una forma social fundamentada en la organización racional de los medios en función de los fines; segundo, la teoría de las organizaciones, que busca responder a la complejidad de las sociedades modernas a través de una organización corporativista que ha promovido la consolidación del institucionalismo colombiano; y, tercero, el Management Public, que consiste en aplicar dentro de la administración pública prácticas gerenciales propias del sector privado”. Es  decir, que se propende por favorecer  a los particulares y no al pueblo, quien es el que los elige.

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