Informe De La Policia

Asignación: Resumen del Informe Federal a la Policía de P.R.

I. RESUMEN EJECUTIVO

La Policía de Puerto Rico (“PPR”) es la principal agencia de orden público en Puerto Rico. Su misión es fundamental: Proteger y servir a los residentes de Puerto Rico al diseñar e implementar políticas y prácticas que controlen el crimen, aseguren el respeto a la Constitución y al estado de derecho, y faciliten que la PPR disfrute del respeto y la confianza del pueblo.

Un gran número de dedicados y trabajadores agentes de la PPR sirven al público con distinción, en condiciones frecuentemente difíciles. Desafortunadamente, la PPR está viciada en varios aspectos críticos y fundamentales los cuales son claramente justiciables bajo la Ley de Control de Crimen Violento y Orden Público de 1994, 42 U.S.C. § 14141 (“Sección 14141”). Sustentados en nuestra extensa investigación, encontramos causa razonable para entender que agentes de la PPR cometen un patrón y práctica de:

• uso de fuerza excesiva en violación de la Cuarta Enmienda;

• uso de fuerza irrazonable y otra mala conducta dirigida a suprimir el ejercicio de derechos protegidos por la Primera Enmienda; y

• registros e incautaciones ilegales en violación de la Cuarta Enmienda.

En adición a estos hallazgos, nuestra investigación descubrió otras deficiencias de seria preocupación. En particular, existe evidencia alarmante de que la PPR falla frecuentemente en atender crímenes sexuales e incidentes de violencia doméstica, y que ejerce prácticas policiacas discriminatorias contra personas de origen dominicano en violación de la Decimocuarta Enmienda, la Ley de Calles Seguras, y el Titulo VI. En este momento, no hacemos un hallazgo formal sobre una violación de patrón y práctica en estas áreas, en parte porque la PPR no recopila la información necesaria para poder evaluar estos asuntos. No obstante, nos preocupa seriamente que la PPR carezca de sistemas básicos de asignación de responsabilidad que aseguren que todas las personas sean tratadas por igual por los agentes de la PPR, independiente de raza, origen étnico, nacionalidad o sexo, según requerido por la ley federal. Adicionalmente, nuestra investigación levanta serias preocupaciones sobre las políticas y prácticas de la PPR, las cuales son alarmantemente inadecuadas en prevenir y atender incidentes de violencia domestica cometidos por agentes de la PPR. Encontramos que estas deficiencias ocasionarán violaciones constitucionales a menos que sean atendidas. La continua incapacidad de la PPR en mantener información necesaria a la luz de nuestros hallazgos, a pesar de tener conocimiento de estos indicadores, es un problema muy serio y podría constituir un patrón y práctica en violación de la ley federal.

Reconocemos que la PPR enfrenta retos significativos al ser la agencia de orden público principal en Puerto Rico. Los actos inconstitucionales que hemos identificado ocurren en un momento de crisis en la seguridad pública. Contrario a la tendencia nacional, del 2007 al 2009, el crimen violento en Puerto Rico incrementó en un 17%. En 2010, Puerto Rico vio el segundo número de asesinatos más alto en su historia, una tendencia que sigue aumentando en el 2011. La tasa de esclarecimiento de asesinatos se mantiene muy por debajo del promedio nacional. Funcionarios gubernamentales de Puerto Rico sostienen que el tráfico de drogas y el deterioro social alimentan la ola de crimen violento. No obstante, el incremento en la criminalidad no puede ser utilizado para justificar las continuas violaciones de derechos civiles o la continua incapacidad para implementar reformas significativas. Las prácticas policiacas constitucionales y 6

un manejo efectivo del orden público están inseparablemente relacionadas. Un sistema de seguridad pública efectivo depende de la confianza y la cooperación de la comunidad, y a su vez, de prácticas policiacas constitucionales que respeten los derechos civiles. Nuestras esfuerzos previos de trabajar con departamentos de policía de gran tamaño, sugieren fuertemente que al atender las deficiencias sobre derechos civiles señaladas en este informe, el Gobierno de Puerto Rico no solamente cumplirá con su deber constitucional, sino que además reducirá el crimen, mejorará la seguridad pública e incrementará la confianza de la ciudadanía.2

Por muchos años, familiares de víctimas, líderes cívicos, legisladores y defensores de los derechos civiles han expresado su preocupación ante el crónico problema de abuso policiaco. Por ejemplo, en la pasada década, varias medidas legislativas han hecho un llamado a que se realicen investigaciones exhaustivas sobre conducta policiaca impropia, que se mejore la educación y adiestramiento provisto, y que se efectúe una auditoría sobre los fondos públicos desembolsados como resultado de demandas de derechos civiles contra el Gobierno de Puerto Rico. Otros grupos de interés comunitario y organizaciones de defensa social han enviado cartas a funcionarios gubernamentales de Puerto Rico denunciando alegaciones de discrimen contra personas de origen dominicano, y organizaciones civiles, y profesionales han emitido reportes investigativos detallando numerosas violaciones de derechos civiles a manos de la policía. Agentes de la PPR también han exigido reformas en la agencia. Un grupo de interés policiaco que representa a miles de agentes atribuyó la amplia baja moral existente entre los policías al abuso verbal por parte de supervisores, la indiferencia a los problemas personales de los agentes, la falta de apoyo y adiestramiento, la ausencia de actividades motivacionales y educativas, materiales y equipos deficientes, y los retrasos en el pago de salarios.

Los reclamos públicos para que se tome acción remedial están en parte fundamentados en el número abrumador de agentes que han sido arrestados y convictos por serios incidentes de mala conducta y actividad criminal. Entre éstos se encuentran: el asesinato de múltiples miembros de una familia en el 2007 por parte de dos agentes de la policía en la llamada “Masacre de las Piedras”; la grabación en video del asesinato a tiros de un ciudadano a manos de un agente de la Unidad de Operaciones Tácticas (“UOT”) durante la celebración de un cumpleaños en Humacao en el 2007; el asesinato de un teniente de la PPR en el 2007 a manos de un sargento en una estación policiaca de Yabucoa; la determinación de culpabilidad de múltiples agentes asignados a la Unidad de Drogas de Mayagüez en el 2008 por plantar drogas; la convicción criminal del director de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, y varios de sus agentes,

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