Inseguridad Alimentari

INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN MÉXICO

En la actualidad, en México no se producen los alimentos que sus habitantes demandan y existen amplios sectores que no tienen acceso a ellos. Entre otros aspectos, esta situación es resultado de la degradación de los niveles de vida de la población en la mayor parte del país, es decir, del incremento de los precios de los alimentos y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Además, es bien sabido que cada día hay menos mexicanos dedicados a la producción de alimentos, debido al abandono en que se encuentra desde hace décadas el campo.

La producción y el acceso a los alimentos debería ser una cuestión central de la política económica y social de cualquier país. Incluso debería ser uno de los elementos fundamentales de la seguridad de una nación, pues existen vínculos entre la seguridad alimentaria, la democracia, los derechos civiles y políticos, porque es parte del entorno necesario los ciudadanos tengan un mejor nivel de vida.

Garantizar la seguridad alimentaria es una tarea complicada para los gobiernos. En esta difícil labor también están involucrados los agricultores, los pescadores, los involucrados, las poblaciones indígenas y sus comunidades, y todas las demás personas que intervienen en el sector alimentario. En el presente boletín analizaremos qué se considera seguridad alimentaria, y cómo ha sido la situación de la misma en México, cuáles es su realidad y sus principales retos.

INSEGURIDAD POLÍTICA EN MÉXICO

México en la posición número 65 a nivel mundial en la tabla de Transparencia Internacional, en tanto que en la entidad Nacional el D.F es el estado con mayor índice de corrupción mientras Colima se localiza como el Estado de menor corrupción.

Se pueden señalar tres tipos de causas que posibilitan la aparición de la corrupción y que se pueden dar en mayor o menor medida en cualquier Estado:

Causas formales

Las causas formales se desprenden de la delimitación técnica del término y son:

• A falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado.

• La existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional.

• La inoperancia práctica de las instituciones públicas. Juntas o por separado.

Estas causas están presentes en buena parte de los países latinoamericanos.

Causas culturales

Antes de presentar estas causas es necesario señalar que el concepto que se maneja hace referencia a la cultura política de un país, es decir: "el conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas por los ciudadanos y que tienen como objeto un fenómeno político (en este caso la corrupción)". Las condiciones culturales permiten así delimitar la extensión de las prácticas corruptas, la probabilidad que se produzcan y el grado de tolerancia social con que pueden contar.

Causas materiales

Las causas materiales se refieren a situaciones concretas que dan lugar a prácticas corruptas. Las situaciones concretas de las que se trata en este caso son las distintas brechas existentes entre el orden jurídico y el orden social vigente.

INSEGURIDAD JURÍDICA EN MÉXICO

Si bien es cierto que no se toma como referente a la avaricia como una conducta sancionable, lo cierto es también que aquellas conductas que derivaron de la propia avaricia si lo pueden ser, y por consiguiente, tienen efectos y consecuencias jurídicas que pueden ser varias, las cuales van directamente desde la configuración de ciertos delitos hasta otras como la responsabilidad civil, patrimonial e inclusive sanciones directas a los Servidores Públicos.

En el caso del ejemplo que nos ocupa, uno de tantos delitos que pueden encuadrarse

es el de cohecho, consagrado en el artículo 222 del Código Penal Federal, mismo que establece el lo siguiente:

Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de

quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión, de trescientos a mil días multa y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

De la transcripción anterior, se advierte la sanción tanto para el Servidor Público como para aquel que no lo

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