Inseguridad ciudadana en Huancayo

Inseguridad ciudadana

Caso: Cercado de Huancayo, 2020

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AUTORES:

Machacuay Meza, Ciro Ivan

Montes Álvarez, Rusvel

Quispe Paitampoma, David

Salas Alvarado, Silvia

Salomé Ochoa, Yudith

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Huancayo 2020

INTRODUCCIÓN

La inseguridad ciudadana es un mal social que se arraiga en sectores predominados por la delincuencia y la baja atención de los órganos rectores públicos que deben coaccionar a estos primeros. Así, por la inseguridad se afecta directamente la convivencia democrática de los ciudadanos que perciben que sus derechos fundamentales son vulnerados y atenta también con el principio de que se debe sobrellevar en una buena convivencia y las buenas costumbres. Los daños materiales que produce la delincuencia, que son muy elevados, afecta distintas vertientes en el país incluida la economía y genera aun clima de desconfianza que es muy perjudicial y afecta la parte cognitiva de las organizaciones sociales.

La delincuencia es muy complicada para poder estructurarlo ya que no corresponde a criterios puntuales. En el caso de Perú corresponde también a otros factores importantes como puede ser: el narcotráfico, la tenencia ilegal de alucinógenos, el creciente consumo de drogas, la vulneración de derechos fundamentales, las condiciones de vida y de trabajo, la desocupación, la pobreza, la falta de servicios básicos, las carencias alimentarias, la masiva difusión de los crímenes por los medios, el alcoholismo y así se puede enumerar una infinidad de las aristas de la inseguridad que se suscita en nuestra nación. Por lo que, la seguridad pública se ha vuelto un factor de atención en los procesos de política pública que va desde la materialización de dispositivos legales, implementación de acciones policiales, hasta la utilización de cuerpos de seguridad como los militares, serenazgo, juntas vecinales y comunidades campesinas. Es necesario establecer puntos de análisis en el presente fenómeno que no precisa soluciones celéricas, sino procesos de largo plazo que estudie detalladamente los factores que inciden en la problemática descrita.

La inseguridad a mérito de la violencia y la delincuencia no es un problema ajeno en nuestra sociedad y más cuando se cita a la sierra central de nuestro país y en particular la ciudad de Huancayo; en la actualidad la población de Huancayo percibe que la inseguridad se va incrementando paulatinamente con el transcurso de los años; por lo que, la presencia de la policía y personal de serenazgo en las calles es escasa. En ese sentido, el poblador de Huancayo manifiesta que se encuentra vulnerable a ser víctima de la delincuencia y/o criminalidad, afectando su estado emocional, generando a mérito de ello la desconfianza a las instituciones del Estado que tienen el rol de coaccionar a la actividad criminal.

En el presente ensayo se desarrollará los alcances y extremos de la inseguridad ciudadana teniendo como población la ciudad de Huancayo, para ello ahondaremos más sobre el presente tema y poder alertar y describir las acciones competentes para enervar dicha inseguridad a través de las medidas que corresponde a las entidades que tienen competencia sobre dicho ámbito y/u otros, además de ello se realizó una encuesta a la población del epicentro de la ciudad de Huancayo con 65 encuestas aplicadas virtualmente, con cuyos resultados presentaremos el estado actual del problema de la inseguridad. También se recoge datos estadísticos de seguridad ciudadana emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) 2020; así con un análisis objetivo llegar a tener resultados definidos para efectos de matizar la problemática mencionada líneas arriba.  

Palabras clave: Inseguridad ciudadana, criminalidad, victimización, institucionalidad

La inseguridad ciudadana es uno de los temas que más preocupa en Perú y en América Latina. La problemática de la misma es que es creciente, ya que no solo va en aumento la delincuencia sino también otras vertientes que comprenden el riesgo y el peligro frontal para con la población. Así que la inseguridad ciudadana es una amenaza permanente en cualquier lugar que uno se encuentre, pero los lugares más propensos donde se delinque son en las ciudades que alberga más población y existe más flujo económico. Según datos estadísticos el problema principal para los peruanos es la delincuencia, ya que esto afecta de forma directa tanto material como cognitivo al ciudadano promedio. Esto se debe también al incremento de actos delictivos en todas las modalidades, que se suscitan diariamente y una parte de estos hechos se encuentra cuantificable por las denuncias que van realizando las víctimas, así como también la propagación de las noticias delictivas en los medios de comunicación; se tiene que tener en cuenta los datos no cuantificables que son actos delictivos no denunciado, ni propagados por las víctimas por temor a represalias, desconfianza en el sistema de justicia u otros.

En la ciudad de Huancayo la delincuencia no es ajena y es por la alta proporcionalidad de ser delinquidos en lugares aglomerados, despejados u otros. Y esto, por la sensación de inseguridad debido al aumento de la criminalidad y la delincuencia, así también por las dificultades por parte de las autoridades para prevenir y coaccionar los actos dolosos. Las empresas y/o industrias exhortan una acción más predeterminante y exhaustiva por parte de los organismos de control, ya que muchas de estas actividades económicas se encuentran más propensas a ser extorsionados, coaccionados y otros que identifica el tipo penal por la misma actividad a que se dedican; eso genera en la población y empresas la incertidumbre y temor a ser delinquidos, vulnerando también la parte psicológica y causando pérdidas económicas de toda la población de la ciudad incontrastable de Huancayo. El problema de la delincuencia es también la gran capacidad de difusión por los medios de comunicación, todos los días desde muy temprano, si uno revisa el periódico, enciende la radio, sintoniza un noticiero o navega por las redes sociales encontrará la invasión masiva de noticias concernientes al crimen que suscitan por defecto a diario. Se entiende que el problema de la inseguridad es mayúsculo y complejo y, no es materia exacta ni tácita para ser combatida de forma frontal, pero no por eso la lucha contra el crimen debe menguar y, bajo el amparo de la protección de los bienes jurídicos en obligación insoslayable del Estado a través de actividad sancionadora, su función jurisdiccional y su rol regulador el resguardar la integridad y seguridad tanto de las personas naturales como jurídicas.

La institucionalidad punitiva a través del Poder Judicial, Ministerio Público, el Ministerio del Interior y otros con carácter coercitivo al crimen, actúan como medio de control social. Cabe mencionar que otras entidades pertenecientes a la esfera del derecho administrativo como son los Gobiernos Locales se encuentran en la potestad de coaccionar y velar por la tranquilidad a través del personal de campo que lo connotan como serenazgo y Policías Municipales. Estos elementos mencionados actúan a través de la coerción que se encuentra permitida en el mismo ordenamiento jurídico, siendo una violencia formalizada que apunta a lograr el bien común. Como se puede apreciar el control social a través de las entidades tiene una doble dimensión que es: corregir la conducta o comportamiento desviado, es decir, la conducta que es valorada negativamente dentro de un orden social que se encuentra determinado y la reacción o respuesta social frente a la conducta delictiva.

Por lo señalado en el párrafo anterior, se puede complementar que el Estado a través del ius puniendi (potestad sancionadora que le compete al Estado) se divide en dos grandes manifestaciones: 1) la potestad sancionadora penal y 2) la potestad sancionadora administrativa. es decir, el poder que tiene el estado para imponer sanciones a las personas que afecten bienes jurídicos protegidos por éste, a través de delitos por un lado y de infracciones administrativas por el otro. La administración pública a través de sus entidades también puede cooperar con las Instituciones coercitivas que atacan directamente la criminalidad. Es así, que, en un plano local y administrativos, para efectos de resguardar la seguridad ciudadana, en el artículo 85° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 ^[1]determina las funciones de las municipalidades referente en la seguridad ciudadana y el artículo 145° de la misma ley señala: “Para la elaboración del sistema de seguridad ciudadana se convocará y concertará con las organizaciones sociales, vecinales o comunales, las rondas urbanas y campesinas, los comités de autodefensa y las comunidades campesinas, nativas y afroperuanas”; siendo el plan de elaboración del sistema de seguridad ciudadana respectivamente; y esto para efectos de dotar competencia a las municipalidades provinciales y distritales en la lucha contra la inseguridad ciudadana. También, en el artículo 10° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867 señala que entre las competencias compartidas con los gobiernos regionales se encuentra la seguridad ciudadana.  Así mismo, es ratificado por nuestra Constitución Política en el artículo 197° que manifiesta “Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley”. También existe una ley especial que es la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - Ley Nº 27933 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana para garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional para lograr una situación de paz social y protección del libre ejercicio de los derechos y libertades. 

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