LA GOBERNABILIDAD EN EL PERÚ Y SU IMPACTO INTERNACIONAL

LA GOBERNABILIDAD EN EL PERÚ Y SU IMPACTO INTERNACIONAL

Estudiante: Kuening Josafat, Coz Caqui.

A medianos de los setenta, la gobernabilidad emergió como critica de preocupaciones políticas en las democracias occidentales. Las instituciones sociales en Europa, Norteamérica y Japón tenían limitadas capacidades de respuesta para conciliar una óptima administración, y de esa manera, el tema del buen gobierno se puso sobre el escenario de las decisiones cuando se suscitó el colapso del totalitarismo en Europa Oriental y el derrumbe de la Unión Soviética, sucesos que hicieron evidentes los temas de legitimidad, eficacia y eficiencia de los regímenes políticos.

La gobernabilidad, tiene una dimensión neutra y significa ejercicio de autoridad, control o más extenso, gobierno. El gobierno está asociado a la gobernabilidad, que se puede definir como dirección y control político, ejercido sobre las acciones de los miembros, ciudadanos o habitantes de comunidades, sociedades y estados.

La gobernabilidad, si le ponemos en un estricto concepto politológico, su significado se extiende a buen gobierno, ejercicio del poder eficiente, eficaz y legítimo, es indispensable para el logro de objetivos sociales y económicos. La eficiencia, es importante destacar su noción, en la lógica de alcanzar los objetivos de gobierno en forma transparente y sin dispendio de recursos, la eficacia, en sentido de lograr estos objetivos, mantiene la estabilidad y la credibilidad de las instituciones y el sistema político, y la legitimidad a los límites impuestos por la ciudadanía, la misma que reconoce el derecho a ejercer el poder e identificarse con las instituciones del Estado.

El trabajo en la gobernabilidad traspasa los límites de la economía, la ciencia política, la filosofía, la sociología y la administración. El concepto ha sido abordado desde vertientes tan disímiles como la normativa hasta la positiva, esta distinción Aristotélico-Maquiavélica ha sido desde la antigüedad una preocupación constante tanto de los observadores como de los actores políticos. En el año ochenta surgió como tema de debate en los países en desarrollo. América Latina tuvo en este mismo lapso un interesante proceso de transición de regímenes autoritarios a democráticos y fue una ocasión propicia para introducir tanto reformas políticas como económicas. Las presiones que se generaban en África y Asia, continentes con realidades sociopolíticas similares a Latinoamérica, obligaron a nuestra región a replantearse las formas de gobierno.

La ausencia de una adecuada educación política, ante la incapacidad de regímenes democráticos de otorgar bienestar y seguridad, gran parte de la población latinoamericana ha considerado que sistemas duros, le proporciona mayores niveles de confianza en el gobierno y que las fórmulas participativas y consensuales dificultan y retrasan las reformas económicas, sociales y políticas de algunos países. La experiencia histórica ha demostrado que no existe contradicción alguna entre la eficiencia en el poder y la democracia y que, por el contrario, son dos conceptos que se refuerzan. El diálogo, la participación popular y el consenso son factores indispensables para la instrumentalización de un proceso de gobernabilidad. La conquista del Imperio Incaico es todavía considerada un acontecimiento traumático que dividió la sociedad peruana en dos segmentos abismalmente separados hasta la actualidad: derrotados y triunfadores, esta situación ha permanecido por un lapso de tiempo mayor a los trescientos años e los cuales se ha mantenido un orden social, económico, político y cultural asimétrico. Este sistema ha generado una nación desintegrada y muchas veces enfrentada entre sí.

En Perú se inició en los últimos cuarenta años un proceso de cambios, esto adquirió una acelerada dinámica los diez últimos años. Los ochenta fueron tiempos difíciles, fue calificado como la década perdida, por todo lo que el fenómeno terrorista que inició el grupo Sendero Luminoso. Por estas circunstancias, la migración hacía las ciudades se desarrolló en el país, por la violencia de los terroristas y la aplicación draconianas a los campesinos por parte del estado, creando pobreza, agotamiento de servicios públicos. Pero no puede hacerse un diagnóstico objetivo sobre esta realidad si no se cita el proceso de reformas llevadas a cabo por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas que presidió el General Juan Velasco Alvarado en la década de los 70. Estas reformas se dieron principalmente en los rubros agrario, empresarial y educativo, y obligaron a un proceso de aceleración de la topografía social del país.

Al inicio de los ochenta regresó la democracia, y está coincidió con la aparición del grupo terrorista más sanguinario del mundo, Sendero Luminoso, cual su inauguración empezó fue el robo de las ánforas electorales del pueblo alejado de Ayacucho de Chuschi, también se daba la edificación de las redes del narcotráfico. Desde entonces se instaló en la conciencia un proceso de violencia que afecto, no solo los esquemas sociopolíticos del país, sino la estabilidad emocional de los habitantes.

 En esta época, se pone en práctica la nueva Constitución Política del Perú que había sido promulgada hacia los últimos años del gobierno de Francisco Morales Bermúdez (1980). En este documento, entre otros temas, se hacía referencia a la creación de los gobiernos regionales, los mismos que se pusieron en ejecución en 1981. Sin embargo, no dieron los resultados esperados y se generó una sensación de frustración en prácticamente todo el país. Más aún, la descentralización era, y es considerada por los peruanos, como la indispensable condición para entrar en un proceso moderno de desarrollo sostenible.

En los 90, el gobierno de Fujimori, entra en un nuevo conflicto, inicia su administración con reformas económicas radicales. El caos suscitado por el anterior gobierno, es reemplazada por una disciplina económica que detiene la hiperinflación, aunque al precio de una alta recesión y un aumento agudo de los niveles de pobreza.  Es posible que al presidente Alberto Fujimori lo impulsaron a cerrar el Congreso, el Tribunal Constitucional, a intervenir los periódicos y a perseguir líderes políticos la incapacidad para la negociación política, una cultura autoritaria o la imperiosa condición de poner en práctica un nunca confirmado proyecto diseñado para aplicarlo al país y gobernarlo durante veinte años de parte del sector militar.

Los sucesivos gobiernos que han transitado por la historia del Perú, casi recurrentemente, han citado una situación aguda para endilgársela a sus antecesores y sustraerse de ella; esta es una razón más que suficiente para reflexionar sobre el tema. En su concepción habitual, el término crisis refiere procesos o condiciones de diferente cobertura, intensidad o profundidad que interrumpen temporalmente el normal funcionamiento de las estructuras que la sufren. Como se sabe, la ocurrencia de crisis supone la simetría o armonía de las situaciones, movimientos o estructuras afectadas por ella e implica el retorno futuro a dichas condiciones una vez que haya sido superada.

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