LEY DE VICTIMAS

Prólogo

Ley de Víctimas

Uno de los pilares de la ruta de Gobierno hacia la Prosperidad para Todos lo constituye la consolidación de la paz, garantizando el Estado de Derecho dentro de todo el territorio a través de la preservación de la seguridad y el orden público, la observancia de los derechos humanos, la aplicación de una justicia eficiente y oportuna, como también a través de la implementación de mecanismos de justicia transicional que allanen camino hacia la reconciliación.

Una reconciliación que permita el restablecimiento de la confianza, que busca la reconstrucción de vínculos y el pensar en un futuro compartido. Para ello, el Gobierno Nacional ha volcado sus esfuerzos en el fortalecimiento normativo, con el propósito de responder de manera adecuada a las necesidades específicas de la población víctima de la violencia y coordinar los esfuerzos de las esferas públicas y privadas para garantizar los derechos a la justicia, verdad y reparación.

El Gobierno Nacional en cabeza del Señor Presidente de la República, ha liderado la construcción de un consenso general que le asegure al país, una ley integral de atención a las víctimas, reconociendo la titularidad de los derechos a la verdad, justicia y reparación que les asiste. Una ley, que como él mismo ha señalado “…ayudará a saldar una deuda moral con las víctimas”.

La ley de Víctimas y Restitución de Tierras se convierte entonces, en un marco fundamental para la consolidación de una sociedad democrática, porque permite entre otros aspectos, identificar y visualizar los derechos de las víctimas; plantea un concepto único de víctimas, priorizándolas dentro de la atención y servicios que provee el Estado, reafirmando la igualdad entre las víctimas, pero al mismo tiempo garantizando una atención diferenciada de acuerdo con sus características.

La Ley sienta las bases para la implementación de la política pública para la atención y reparación integral, bajo los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad. Así mismo, establece la institucionalidad encargada de su implementación, crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV- dentro del cual las entidades del orden nacional y territorial, tendrán la responsabilidad de formular, implementar y monitorear la política. También prevé la conformación del Departamento Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación que tendrá a su cargo la atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica, y dará lineamientos de política a la nueva Unidad Administrativa especial para la atención y reparación integral que será la encargada de coordinar y armonizar las actuaciones de las entidades que conforman el Sistema y adicionalmente,

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