La Constitución de la República del Ecuador

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política, regularmente se encuentran un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. El marco legal faculta a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo las labores de administración de conformidad a la estructura detallada dentro de sus mismas provisiones. Entonces, dentro de la República del Ecuador se cuenta con su propio Marco Legal en este caso enfocado a la parte Ambiental, a continuación se explicara algunas de las leyes, códigos y reglamentos que lo conforman.

Primeramente, se tiene La Constitución de la República del Ecuador, es la Norma Suprema, a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos, así como las del Estado y las Instituciones del mismo. Consta de 444 artículos, después se encuentran los Tratados Internacionales, Las Leyes, Acuerdos y Reglamentos. Inspirado en su historia milenaria, en el recuerdo de sus héroes y en el trabajo de hombres y mujeres que, con su sacrificio, forjaron la patria; fiel a los ideales de libertad, igualdad, justicia, progreso, solidaridad, equidad y paz que han guiado sus pasos desde los albores de la vida republicana, proclama su voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en el reconocimiento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas, invoca la protección de Dios, y en ejercicio de su soberanía, establece en esta Constitución las normas fundamentales que amparan los derechos y libertades, organizan el Estado y las instituciones democráticas e impulsan el desarrollo económico y social (Ministerio del Ecuador, 2008).

Seguido se puede mencionar el Derecho y Política Ambiental, como mecanismo de solución a los diferentes problemas ambientales surge el derecho ambiental, que en los últimos años ha logrado constituirse en uno de los instrumentos principales jurídicos orientados a la organización y ordenamiento de las sociedades, que requieren y merecen mejorar su calidad de vida y en su entorno natural y artificial; es decir, que el derecho ambiental es una ciencia jurídica moderna de orden público, responsable de la regulación del comportamiento de los seres humanos frente a la naturaleza, procurando siempre el equilibrio y racionalidad en el manejo de los recursos naturales, donde los seres humanos comprendan que son parte de la trama ecológica, por tanto participen en un auténtico desarrollo sostenible. (Inca, 2008) Por otro lado, Las Políticas Ambientales del Ecuador se encuentran establecidas en el Decreto Ejecutivo La preservación del Ambiente Objetivo Nacional Permanente del Estado Ecuatoriano (La preservación del ambiente objetivo nacional permanente del estado ecuatoriano. Decreto Ejecutivo No 764-Registro Oficial No. 193, de 19 de mayo de 1993) y en las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador (Políticas Básicas Ambientales del Ecuador. 1994. Decreto 1802 de 1 de junio de 1994, Registro Oficial No. 456, de 7 de junio de 1994. Comisión Asesora Ambiental.) La definición de las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador constituye uno de los hitos más importantes en la historia del país en lo concerniente a manejo racional y sostenido de los recursos naturales, principalmente guarda relación con la gestión ambiental, la cual determina que ésta compete a todas las personas y en cada instante de la vida, es decir que todos deberemos adecuar nuestra conducta hacia el mejoramiento ambiental. Cabe mencionar que es el Estado quien establece las diferentes políticas ambientales en base a los cuales se desenvolverán las diferentes instituciones del país, con la finalidad de la preservación ambiental y manejo sostenido de recursos.

Luego, tenemos El Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, contiene 9 Objetivos Nacionales, que se relacionan con el desempeño de las metas nacionales, con las distintas propuestas de acción pública sectorial y territorial, y principalmente con la necesidad de concretar los desafíos derivados del actual marco constitucional. La parte más trascendental del Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 son los objetivos que se plantean, los cuales se fundamentan en tres ejes principales, para alcanzar los retos planteados. Que contienen a su vez tres objetivos nacionales de desarrollo que rompen con la lógica sectorial y dan cuenta de las prioridades que tiene el país. Los Constitución de la República es el núcleo que irradia y orienta la construcción de este Plan, en tanto busca cumplir con el mandato de: “planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir”. El plan se construye pensando el ciclo de vida y busca consolidar el Régimen el Buen Vivir, por lo que de manera explícita ha sido elaborado desde el enfoque basado en derechos humanos. En este sentido, se entiende a las personas, individuales y colectivas, así como a la naturaleza como titulares de derechos, colocándolos en el centro del proceso de desarrollo. Es por esto, que busca el cuidado

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