La ciudadanía y cultura

El presente ensayo enfoca al ciudadano como potencial constructor de las democracias contemporáneas, actuando no sólo como sujeto de derecho, sino ejerciendo dichos derechos y asumiendo responsabilidades dentro de la comunidad. En esta nueva dimensión del concepto de ciudadanía activa, el individuo no sólo espera que el Estado respete e implemente los derechos universales, sino que lucha por ellos en espacios públicos, haciendo valer sus argumentos. Se llega a enfrentar al Estado políticamente, a través de alianzas con la sociedad política, en busca de un proyecto democrático participativo. Por ello, se enfoca como cuestión fundamental que, para educar al ciudadano en valores y prácticas democráticas, y para que éste pueda actuar de manera crítica, consiente y responsable, es preciso tener en cuenta que sin una educación ciudadana sólida es imposible una sociedad democrática. Se partió de una concepción general de ciudadanía para finalizar expresando cómo la educación desde temprana edad puede incidir en el pleno ejercicio de la misma. Se puede afirmar que, entre los distintos criterios sobre cuáles son los elementos que integran el concepto de ciudadanía, se distingue un componente jurídico - político, un componente socio - cultural y un componente institucional. las responsabilidades que se encuentran reconocidas en las constituciones políticas nacionales y en los tratados de la órbita de Naciones Unidas (principalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Cabe resaltar que Marshall expresaba que los derechos de ciudadanía se han desarrollado en tres dimensiones históricamente sucesivas: la civil, la política y la social. Tal como observa Marshall dedica una gran parte de su obra a identificar a través de qué instituciones se desarrollan cada uno de estos derechos. A finales del siglo xix, el concepto de ciudadanía se enmarca en una “cuestión social”, se vinculó, de manera más directa, con la necesidad de reivindicar de modo más formal a los derechos sociales y la noción del trabajo para la construcción de un Estado de bienestar social. Importa un enfrentamiento del Estado y la sociedad civil, cuyas asociaciones ejercen su libertad, autonomía y expresan sus intereses. Recién en el siglo xx surgieron los derechos políticos colectivos, se eliminaron las restricciones pecuniarias para ser electo y elector, y se logró el voto adulto masculino universal. A mediados del siglo xix surgió la política de ayuda social a los pobres a través de prestaciones a quienes no eran ciudadanos. La ciudadanía combina elementos de identidad colectiva y de acceso a la justicia y a la igualdad que suceden con la democracia. Sobre el concepto de ciudadanía, surgen, por parte algunos autores, críticas a la visión de Marshall; pero, a su vez, reconocimientos. Unas veces se le considera como favorecedor del capitalismo y otras como aprovechado de las oportunidades que una sociedad en transición, como lo era la inglesa, le brindaban. Al incluir Marshall a los derechos civiles, políticos y sociales en el concepto de ciudadanía, no se distingue entre el status civitatis (de ciudadanía) y el status persona (personalidad jurídica). Esta distinción surge de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 —homme et citoyen (persona y ciudadano) incluidos en todas las constituciones, en que se distinguen los derechos de las personas. Pero también cabe referir, que un enfoque del neoliberalismo plantea la reformulación de roles entre el mercado, el estado y la sociedad. La idea del ciudadano en la perspectiva neoliberal es el de la sociedad donde cada individuo desarrolla por sí mismo las capacidades necesarias para insertarse en el mercado sin la intervención del estado expresando que la educación y la sociedad civil son un ideal en el Estado constitucional unidos por valores, tales como la libertad y la dignidad humana, la democracia y la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad, la disposición al esfuerzo, el profundo respeto a la vida, el amor por la paz, la capacidad de crítica, el sentido de justicia, así como la conciencia ecológica. Un ciudadano comprometido debe conocer la organización funcional del Estado a que pertenece, sus fundamentos, los principios en que se basan la Constitución y las leyes, elementos fundamentales para entender el ámbito político y social en el cual está inserto. Los conocimientos sobre la organización funcional del Estado se enmarcan en la educación cívica. Las diversidades de los profusos estudios sobre el tema en América Latina plantean la oportunidad de devolver a lo social la importancia y centralidad que debe tener en el análisis de los sistemas políticos y económicos. Sin embargo, son pocos los estudios que abarcan las dimensiones ya referidas de la ciudadanía en el hemisferio. Cabe destacar que parte significativa del debate formal de ciudadanía en América Latina y el Caribe se ha originado en las contribuciones del pensamiento feminista sobre la participación plena de la mujer en el ejercicio de los derechos que le corresponden. En América Latina, el sector educativo contribuye a la formación del individuo hacia la construcción de ciudadanía enfocada hacia la responsabilidad social; se centra más en la educación sobre valores, y, según Julio Cesar Olvera, los valores no se definen, se practican; por tanto, este enfoque no ha sido hasta el momento suficiente. Para este autor, el concepto de responsabilidad social inserto en las instituciones universitarias debe entenderse en tres niveles. Se puede expresar, por tanto, que en los países de América Latina, en particular en México donde los cambios son constantes y sumamente complejos, es fundamental reconsiderar la formación ciudadana para generar los espacios cada vez más amplios de participación en esta incierta era de globalización. Fernando Escalante, al referirse al ciudadano mexicano, habla de un ciudadano inacabado, incompleto, perdido o imaginario. La mayor parte de los profusos y serios estudios de ciudadanía originados en México en épocas recientes han estado centrados en la participación política del ciudadano, en sus preferencias electorales, en el sufragio, y han dejado de lado su involucramiento en los asuntos públicos cotidianos sin perjuicio del auge cada vez mayor que van adquiriendo las organizaciones de la sociedad civil en el reclamo de reivindicaciones de lo que consideran injusto. En esta misma dirección, las Metas Educativas 2021 de la Organización de los Estados Iberoamericanos se proponen impulsar la educación que se necesita “para la generación de los Bicentenarios”. El proyecto se presentó en la antesala de la década de los Bicentenarios de las independencias de la gran mayoría de los países iberoamericanos. La nueva Agenda Educativa Interamericana fue adoptada por los ministros de educación en la séptima reunión que tuvo lugar en febrero de 2015. Se continuó el programa de becas para utilizar la tecnología de la información a través de la educación a distancia. Dentro del marco jurídico internacional, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño proclamó hace más de veinticinco años el derecho de los menores a la participación. Destaca la importancia de la familia en su protección y asistencia, la necesidad de protección jurídica antes y después del nacimiento, el respeto a los valores culturales de su comunidad y el papel de la comunidad internacional para que los derechos del niño se hagan realidad. Lamentablemente, se ha tratado de una aceptación retórica que no siempre, y menos dentro de los sistemas jurídicos nacionales, ha sido acompañada de medidas para que efectivamente puedan ejercerse los derechos que allí se consagran, por más que sea un instrumento vinculante desde el punto de vista jurídico. Freire sostiene que la tarea de enseñar debe comprender a docentes y alumnos en su entorno social y cultural. En los aspectos primordiales de su enseñanza, nos dice que enseñar exige el reconocimiento y la asunción de identidad cultural.

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