La garantía jurisdiccional de la Constitución

Juan Pablo Barría Correa

Derecho Diurno, Universidad de Viña del Mar

Paralelo 2

Tras los polémicos fallos del Tribunal Constitucional Chileno (TCCH) sobre la ley de interrupción del embarazo en tres causales, en cuanto a la modificación del protocolo de objeción de conciencia y la impugnación del Artículo 63 del proyecto de ley sobre reforma a la educación, el rol de este órgano de control constitucional en el escenario político democrático está siendo cuestionado una vez más.

Tratándose de una institución destinada a cumplir una función imprescindible en el orden democrático moderno, los cuestionamientos surgidos respecto de su actuar no sólo como un tribunal jurídico y órgano de control son en extremo alarmantes, teniendo en cuenta las prominentes facultades que le son atribuidas por nuestro orden constitucional.

Atendiendo al aspecto solamente jurídico, es durante el ejercicio de la función de control constitucional consagrada en el artículo 93 de la Constitución Política de la República (CPR), ya sea en su forma preventiva o posterior, que el TCCHes capaz de impugnar preceptos de una norma, trastornando completamente su espíritu y finalidades.

Tal ha sido el caso de lasmodificaciones realizadas al protocolo de objeción de conciencia requerido por la ley 21.030, modificaciones que han abierto la posibilidad para que instituciones de salud privadas puedan abstenerse de realizar el procedimiento de aborto terapéutico, creando así una limitación a un derecho establecido por ley y alcanzado tras un arduo proceso de discusión y deliberación democrática, en el que se ha expresado la decisión de una mayoría.

Este escenario sólo se agrava si consideramos que, de acuerdo a la CPR, artículo 94 “Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.”(Decreto 100, 2005), el TCCH no se encuentra necesariamente sometido a otro órgano que pueda revisar la pertinencia de sus fallos, como sí ocurre en el orden jerárquico de los tribunales de justicia, en el que las sentencias emitidas por tribunales inferiores pueden ser revisadas por los tribunales de orden superior.

El padre de los Tribunales Constitucionales y figura trascendental de la filosofía jurídica del siglo XX, Hans Kelsen, ya vaticinaba este escenario de conflicto, señalando que “La concepción de la justicia de la mayoría de los jueces de

este tribunal podría estar en oposición completa con la concepción de la

mayoría de la población y, por tanto, con la de la mayoría del Parlamento

que ha votado la ley.” y en este escenario, anuncia que “el poder del Tribunal sería tal que devendría insoportable.” (Kelsen, 1928).

En este sentido, se vuelve patente la legitimidad del cuestionamiento a la operación del TCCH, tal como señala Salazar Ugarte, “La sola propuesta de que las minorías recurran a la justicia constitucional para impugnar las decisiones mayoritarias acarrea un enorme poder en las manos de los jueces: no sólo son los custodios de la constitución sino también los árbitros del proceso político. Ello a pesar de su dudosa legitimidad democrática.” (Salazar, 2008).

Pero el inconveniente que supone la actividad controladora del TCCH para el proceso político no se puede limitar a la teoría jurídica. Desconocer el interés de los actores políticos en los fallos del TCCH sería, a lo menos, de suma ingenuidad.
Al hacer un breve repaso de la historia política chilena reciente, resulta obvia la actuación de un grupo político minoritario que recurre a las facultades del TCCH en busca de revertir acuerdos adversos a su ideario político-moral. En este sentido, el profesor Garretón(2010) señala que es evidente que el Tribunal Constitucional pasó a ser un poder fáctico, que decide sobre cuestiones que van mucho más allá de su competencia y al que recurre la oposición de derecha cuando es derrotada en la instancia democrática.

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