Las empresas estatales en el contexto de gobiernos populares

Joan Manuel Vezzato[pic 1][pic 2][pic 3]

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Maestría en Sociología Económica

Las empresas estatales en el contexto de gobiernos populares

El presente trabajo tiene como propósito realizar una comparación de las concepciones que rigieron sobre el control de las empresas estatales durante el accionar del tercer gobierno peronista (gestión de José Ber Gelbard) y el gobierno kirchnerista (Néstor Kirchner y Cristina Fernández), a partir tanto de los posicionamientos públicos, como del análisis cuantitativo con el que finalizaron sus mandatos.

CONTEXTO DEL TERCER GOBIERNO PERONISTA: UNA VUELTA DE TUERCA

La Asunción al gobierno de Héctor J Cámpora se da en el marco de la ya avanzada segunda etapa del proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Este periodo distó significativamente en sus condiciones iniciales del proceso que había caracterizado al primer y segundo Gobierno peronista.

La primera etapa de la ISI estuvo centrada en el desarrollo de la industria ligera con mano de obra intensiva, cuya producción estaba principalmente orientada a satisfacer el mercado interno que se expandía simultáneamente con la incorporación al consumo de vastos sectores populares. Esto se puede apreciar en el tipo de expansión en la producción industrial donde “el 45% era explicado por las ramas textiles, alimentos y bebidas” (Peralta Ramos, 2007; p72). Sin embargo, este proceso se encontró con el límite de la restricción externa, es decir, la imposibilidad de abastecer las divisas necesarias para sostener el nivel de importaciones requerido por el modelo (tanto para maquinarias como para materias primas).

El “desarrollismo” aparece como una respuesta al estancamiento del proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) como eje para el desarrollo económico. “La industria manufacturera va requiriendo, cada vez más, abastecimientos del exterior (maquinarias y materias primas)” (Cimillo y otros, 1973; p69) que no pueden cubrirse con el ahorro interno debido al estancamiento económico y la caída de los precios de los productos exportables (principalmente derivados del agro).

En pugna con quienes postulan la “vía autónoma” del desarrollo, esta propuesta coloca en un lugar central el rol de la inversión extranjera, lo que expresa un modelo de mayor dependencia externa basado en la “oleada expansiva de las empresas transnacionales (principalmente norteamericanas)” (Azpiazu, 1986; p32). El Estado debe cumplir la función de orientar la inversión a aquellos sectores de la industria y regiones que considera primordiales para el proceso de desarrollo. Se da en este ciclo una incorporación masiva de capitales extranjeros que se vuelcan a la producción industrial de nuevos bienes intermedios, de consumo durable y a la explotación petrolífera (Azpiazu y otros, 1988; p37).

Para conseguir esto, los instrumentos utilizados durante el período desarrollista pueden analizarse a partir de la Ley 14.780 de aliento a las inversiones extranjeras y de la posterior contemplación de la industria nacional incluida en la Ley 14.781 de “Promoción industrial”, como marcos generales. Como así también, de los decretos que establecían regímenes particulares tanto para sectores de la industria (petroquímica, siderúrgica, carbonífera, etc) como para regiones del país (patagonia, noroeste, etc).

Entre los objetivos de estos instrumentos se encontraba: equilibrar la balanza de pagos; descentralizar la industria; perfeccionar, ampliar y diversificar la producción industrial; promover la tecnología en la fabricación; entre otros. Las medidas adoptadas expresan beneficios tributarios, financieros, arancelarios y de otra índole entre las que se destacan: la liberación  de  derechos  arancelarios  para  la  importación de  maquinaria  y equipos; imposición  de  derechos aduaneros (o incremento de los existentes)  para aquellos  bienes  potencialmente  competitivos  de  los que  se  produzcan; tratamiento  cambiario preferencial para la exportación de productos industriales; otorgamiento  preferencial de créditos que faciliten el financiamiento de la inversión y la operación; suministro preferencial de materias primas, energía, combustibles y transporte; tratamiento  preferencial  en  las  compras  de  los  organismos  del  Estado; exención  o  desgravación  impositiva  por  períodos  determinados (Cimillo y otros, 1973).

Dentro de las grandes críticas a la herencia que dejó este modelo de desarrollo se destacan las nuevas debilidades en el sector externo, la enorme heterogeneización del mercado laboral, una redistribución regresiva en el ingreso y una alta concentración económica en las ramas de mayor rentabilidad.

Respecto al sector externo, la adopción de estas medidas en conjunto con acuerdos “necesarios” como el firmado con el FMI para la liberalización del mercado cambiario, atentaron contra algunos de los objetivos propuestos. La afectación en el sector externo es una de las más claras consecuencias provocadas por la conjunción de estas variables, debido a que -si bien durante los primeros años las IED superaban a las remesas de utilidades- “la exportación de capital (que se dirige a las áreas más rentables) una vez afirmado y habiendo agotado la posibilidad de expandirse internamente conservando la tasa de ganancia, el capital monopolista internacional emigra buscando otras oportunidades más rentables” (Cimillo y otros, 1973; p152). Asimismo, debe destacarse el requerimiento de importaciones que generó el propio proceso de desarrollo industrial y la dependencia tecnológica (regalías, patentes, etc).

El impacto en el mercado de trabajo es profundo y generó enormes brechas entre los trabajadores tanto entre ramas, como dentro de las mismas. Esta heterogeneidad fue aprovechada por las empresas transnacionales garantizándose ganancias extraordinarias a partir del alto nivel de productividad vinculado a la definición salarial a partir de las negociaciones colectivas que se regían en base a las posibilidades de las industrias más pequeñas (Azpiazu y otros, 1988; p61).

Asimismo, se expresa una fuerte caída de la participación de los asalariados en los ingresos nacionales, cayendo del 46% en 1954 al 40% en 1959. Mientras que debido a la heterogeneidad, antes mencionada, se genera una desigualdad dentro del sector del trabajo a partir de la mano de obra vinculada a las industrias más dinámicas de la economía en comparación de las industrias más clásicas (Cimillo y otros, 1973; p73).

La situación del entramado industrial en el año 1973 expresa una elevada participación de las empresas extranjeras con un 50,5% del total de la producción. A su vez, estas se caracterizan por un fuerte nivel de centralización en las ramas más concentradas, destacándose en la producción de bienes intermedios y de consumo durable. La herencia en este especto es “la consolidación en el seno de la actividad industrial de un sistema oligopólico de fijación de precios” (Azpiazu y otros, 1988; p63).

Sin embargo, cabe destacar que la estimulación de la inversión extranjera provocó entre 1958 y 1962 el ingreso de capital más grande de la historia, con un importante nivel de reinversión de utilidades y la instalación de fábricas de bienes durables que, aunque no lograron resolver el problema de la dependencia externa, generaron un cambio estructural importante en el modelo de acumulación (Azpiazu, 1986).

"A partir de 1964 maduraron las inversiones realizadas en los años anteriores y comenzó una etapa en la cual el PBI creció ininterrumpidamente durante una década" (Basualdo, 2006; p57). A su vez, la expansión de las exportaciones de origen industrial experimentaron un importante crecimiento, que se consolidaría luego con la llegada al poder del tercer gobierno peronista.

En síntesis, la matriz productiva argentina había asimilado profundas transformaciones, que si bien como se ha dicho no terminaba por resolver la restricción externa, empezaba mostrar signos de superación, que sería uno de los objetivos centrales del nuevo gobierno peronista.

LAS EMPRESAS ESTATALES COMO INSTRUMENTO DE UNA INDUSTRIALIZACIÓN SIN RESTRICCIONES

El 25 de mayo de 1973 la fórmula Héctor Cámpora - Vicente Solano Lima asumía la Presidencia de la Nación Argentina, terminando con dieciocho años de proscripción del peronismo en el Poder Ejecutivo Nacional, luego de imponerse en las elecciones por casi el 50% de los votos. Su presidencia no llegaría a cumplir el segundo mes de mandato y tras su renuncia asumiría el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Raúl Lastiri, quien convocó inmediatamente a elecciones y sería el encargado, a su vez, de entregar la banda presidencial en octubre de ese mismo año a Juan Domingo Perón luego de alzarse con el 61% de los votos.

Esta prolongada transición del tercer gobierno peronista, sin embargo, tuvo desde el primer día definida su estrategia en materia económica, como así también a la persona encargada de llevarla adelante: José Ber Gelbard. Nacido en Polonia y radicado desde muy joven en Argentina (primero en Tucumán y luego en Catamarca) iniciaría una carrera empresaria en la que se jactaría de haber comenzado como bolichero, para luego constituirse en un gran empresario y fundador de la CGE (Central General Empresaria). Un hombre con estrechos vínculos con el Partido Comunista, que no le impediría tiempo después ser ministro del propio Perón (Seoane, 2009).

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