Organismos De Cooperacion Y Educacion

Los Organismos internacionales de cooperación y la educación.

Sus principales definiciones.

Documento de trabajo

Se revela en las últimas décadas una creciente preocupación por la urgencia que los problemas vinculados con la educación y la pobreza tienen sobre los países dependientes o con escaso desarrollo.

La relación entre acceso y permanencia en el sistema educativo, como así también de la calidad de la enseñanza y la reproducción del circuito de la pobreza ha sido verificada en numerosos trabajos.

La inequidad en la distribución de los recursos económicos de los países se refleja claramente y se fomenta a partir de la inequidad en la educación o inequidad educativa. Mientras sectores minoritarios de población acceden a ciertos tipos de conocimientos, de adquisición de habilidades y destrezas, de infraestructura escolar, de atención a sus requerimientos, otro gran porcentaje -mayor en número y en intensidad de necesidades sociales insatisfechas- a veces ni accede a la escolaridad, otras lo hacen con serias interrupciones dificultando la producción de un proceso de aprendizaje significativo, otras no son recibidos por un sistema escolar que pueda proveerlos ni de los elementos tangibles no de los intangibles necesarios para construir capacidades que permitan incorporar conocimientos y desplegar aptitudes socialmente valoradas en un mundo complejo con tendencia centrípeta de exclusión y desafiliación.

Los Organismos de Cooperación Internacional, en este contexto, se vienen preocupando y ocupando por el tema. La OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) incluso ha definido su línea de trabajo fundamental en relación con la temática educativa.

Puede observarse que dichos Organismos, en general tienden a fomentar la producción de cambios de tipo estructurales necesarios para una mejor calidad y equidad educativa. Pero, en algunos casos sus orientaciones se vinculan más a la competitividad personal, en otros el énfasis está puesto en las destrezas para la inserción en el mundo del trabajo, otros apuntan a sostener cambios de orden más profundo en lo socio-político-cultural, otros hacen hincapié en la relación costo-beneficio. No obstante, cabe aclarar que, en general, es posible identificar la convivencia o integración de varios de esos criterios en cada Organismo.

En el presente trabajo, en relación con lo comentado, se pretende solamente presentar las que consideramos principales definiciones o lineamientos de algunos de los que se reconocen de relevante influencia en la definición de las políticas de los países miembros. Así, se han seleccionado: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), UNICEF (Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia), OIT (Organización Internacional del Trabajo) y CEPAL (Centro de Estudios para América Latina).

Insistimos en que no son los únicos, pero creemos que en nuestros países, por diferentes razones cobran relevancia en tanto su influencia en la planificación y evaluación de políticas educativas tendientes a asumir, de algún modo, la problemática de la inequidad. También advertimos que lo que se expone es una muy breve reseña de presentación de cada uno en relación al tema.

Banco Mundial

Según el enfoque del Banco Mundial, el énfasis de las políticas de los países en o con escaso desarrollo debe ponerse en lograr el mejoramiento del acceso a los programas de protección social e inversiones en capital humano, porque entienden que de ello depende la posibilidad de romper el círculo de la pobreza. En ese sentido, la educación es tomada como herramienta de constitución de ese capital humano.

Dado que la volatilidad en América Latina y el Caribe sigue siendo alta, el Banco señala que los países deben fortalecer sus defensas contra las perturbaciones económicas y necesitan crear redes de seguridad eficaces que protejan a los pobres en caso de pérdidas repentinas de su ingreso; ya que se observa que en situación de exclusión social hay escasas o nulas chances de que incluso vía la educación puedan revertirse las situaciones de extrema pobreza, porque si ni el acceso a ella está garantizado, no se podrán recibir y desarrollar los beneficios que la educación traería a los hogares y a los niños pobres en relación con su futuro. Por ello la protección social deberá acompañar, según el Banco, los intentos de mejora en el acceso y la calidad educativa en pro de la equidad.

El sector que se ocupa, dentro del Banco, específicamente de la Protección Social trabaja en América Latina y el Caribe fundamentalmente en:

- Redes de seguridad dirigidas a los pobres, mediante transferencias de dinero, asistencia social y programas de empleo con salario mínimo.

- Fondos sociales, que funcionan como intermediarios financieros para proporcionar inversiones elegidas por las comunidades pobres, como clínicas o escuelas.

- Pensiones, para mejorar el acceso de los pobres y garantizar la sustentabilidad fiscal de las obligaciones del gobierno, mediante préstamos de ajuste, préstamos para proyectos y asistencia técnica.

El BM sostiene que el mejoramiento de los sistemas de protección social y su conversión en elementos permanentes de las economías en desarrollo podrían ayudar a los países pobres a reducir la pobreza en forma más decidida y obtener mayores beneficios de la globalización con menos riesgos.

Este Organismo advierte que en los países en desarrollo es urgente proteger a los grupos de población pobres y vulnerables, pero no sólo durante los momentos de agitación y cambio económico. Los sistemas de protección, señala este organismo, deben existir antes de que se produzcan las crisis para que tengan oportunidad de producir buenos resultados.

El nuevo concepto de protección social del BM se ha plasmado en una definición de la misma en términos de “intervenciones públicas para ayudar a los individuos, hogares y comunidades a manejar mejor el riesgo, y prestar apoyo a quienes se encuentran en situación de pobreza crítica”. Así, otorga a dicha protección una función de previsión en términos de contribuir a la reducción de la pobreza de forma duradera.

Según el BM, para superar los riesgos hace falta reconocer su origen y sus características económicas.

La combinación adecuada de mecanismos (informales, basados en el mercado u ofrecidos por el Estado) y estrategias de manejo del riesgo (prevención, mitigación o enfrentamiento) en una situación dada depende del tipo de riesgo y de los costos y eficacia de los instrumentos disponibles. Los mecanismos formales constituyen todavía la forma principal de manejo del riesgo para la mayoría de la población mundial (por ejemplo, la compra-venta de activos reales, los empréstitos y préstamos informales, la diversificación de los cultivos y el aprovechamiento de la tierra y el uso de tecnologías de producción más seguras). Mientras que los mecanismos basados en el mercado se vinculan con el uso que los hogares hacen de instituciones como bancos y compañías de seguros. Como las instituciones formales de mercado se resisten a prestar a los hogares que no disponen de ingresos asegurados, el microfinanciamiento es también una característica importante de la gestión del riesgo social. Pero este requiere de ciertas habilidades cognitivas básicas y de manejo de información que es necesario desarrollar.

Por otra parte, el BM sostiene que los mecanismos públicos para hacer frente al riesgo son relativamente escasos y tienen una cobertura muy limitada en el mundo en desarrollo. El BM destaca que, cuando no existen mecanismos de riesgo informales o basados en el mercado, o cuando estos se desmoronan o no resultan eficaces, el Estado debe ofrecer o imponer programas de seguro social frente a riesgos como el desempleo, la vejez, las lesiones laborales, la discapacidad, la viudez y la enfermedad. Por esta razón , según el BM, hay un gran margen para la intervención pública en gestión del riesgo, ya sea en esta área como en la definición de políticas que permitan un acceso más extendido a sus implicancias en el ámbito privado.

En otro sentido, el Banco destaca que la reducción de la probabilidad de riesgo de deterioro de la situación es un poderoso instrumento de gestión del riesgo social, aunque muchas iniciativas de este tipo quedan al margen de la protección social, por ejemplo, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la creación de mercados financieros sólidos, la adopción de políticas orientadas al crecimiento y el establecimiento de medidas preventivas contra los desastres naturales; por el contrario, algunos instrumentos de protección social pueden contribuir a la reducción del riesgo, y están asociados fundamentalmente al mercado de trabajo, como la capacitación profesional, el mejoramiento de la calidad educativa y la capacidad institucional y la eliminación del trabajo infantil nocivo.

En 1998, en su documento “El conocimiento al servicio del desarrollo” definía el Banco que lo que distingue a los pobres -personas o países- de los ricos es no sólo que tienen menos capital, sino menos conocimiento. Y además entendía que los primeros tienen menos instituciones para certificar la calidad, imponer el cumplimiento de las normas y difundir la información necesaria para operar en el mercado y para producir capital humano y social.

En ese momento, invitan a revisar la idea -sostenida tiempo atrás- de que los mercados podrían por sí solos regular y mejorar la calidad de vida de las personas, a incluir la información y el conocimiento como variables relevantes para el desarrollo, y a la intervención estatal (provista de buen caudal y calidad de información

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