PODER POLITICO EN COLOMBIA

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA

ESAP

EL PODER POLITICO EN COLOMBIA

DOCENTE

CLAUDIA USCATEGUI

ALUMNO

MARIO CAVIEDES

SEMESTRE VII

SAN JOSE DE CUCUTA

2017

EL PODER POLITICO EN COLOMBIA

HERENCIAS Y APTITUDES TRADICIONALES

La mera información sobre los comportamientos de las asociaciones políticas y sobre los mecanismos formales de acción electoral no es capaz de dar cuenta de las verdaderas dimensiones ni del sentido de la participación  política del colombiano, es decir, de los canales y del volumen de su influencia sobre la determinación de las decisiones que comprometen el conjunto de la colectividad considerada  desde  el  punto de vista de la Legislación y del gobierno que ella crea, sustenta y aplica. Esto es válido para cualquier tipo de sociedad, lo es más aun para América Latina, donde los mecanismos políticos formales son mucho más el resultado de meras traspolaciones de instituciones extranjeras, que el fruto del desarrollo endógeno de actitudes y tendencias sociales reconocibles y reconocidas.

En todas sus formas posibles, es obvio que la autoridad pública tiende a legitimar su poder argumentando de muy diversos modos que sus decisiones están al servicio del «bien general» y que sus mandatos implican, mágica o racionalmente, la traducción y el resumen de un ente que podríamos llamar el «interés común». Esta presunción está subyacente en cualquier sistema político históricamente conocido, pero no impide reconocer que no todas las formas de articulación de las voluntades particulares en la generación y el manejo de la autoridad pública son igualmente eficaces y fidedignas, ni garantizan en el mismo grado la participación de las gentes en el gobierno de su propio destino.

Para comprender las formas de asociación políticas y sus valores específicos dentro de la sociedad, es menester rastrear la formación de las estructuras del poder en una perspectiva histórica, porque las organizaciones iniciales han condicionado y condicionaran en gran medida todas las formas ulteriores de agrupamiento colectivo.

La cuestión clásica planteada por Juan Jacobo Rousseau sobre la viabilidad de construir un gobierno en el cual sea oída, articulada y utilizada la voluntad de cada uno para justificar y orientar el poder del Estado, probablemente no podrá ser resuelta jamás, de un modo satisfactorio para la democracia pura. Dicho de otro modo, no parece verosímil organizar Estado alguno sobre la base de que la voluntad general sea la suma de las voluntades particulares en un consenso libre e igualitario.

Esta necesidad se expresó a partir del final del siglo XVIII, en el proceso histórico de Europa y de los Estados Unidos como una exigencia ética que satisfacía, ante todo, en sus expresiones formales, un deseo igualitarista que se identificaba con la justicia. Todos los hombres nacen iguales, es la formulación explícita de la sociedad capitalista y mercantil de origen inglés. Igualdad, libertad, fraternidad, postula la Revolución Francesa al final de un proceso de lucha de clases donde la burguesía termina por imponer su dominio político-económico sobre los residuos feudales y monárquicos del antiguo régimen.

El desarrollo práctico de las nuevas actitudes igualitaristas inició en la mayor parte de Europa y en los Estados Unidos la complicada serie histórica de violencias y compromisos que fue moderando los organismos y los mecanismos de participación política que, dadas las condiciones socioeconómicas de cada sociedad, parecían necesarias para dar forma más precisa a exigencias progresivas de participación política universal.

Los sistemas liberales clásicos, ya de estirpe británica o correspondiente al modelo francés, encararon bien pronto un problema que no había sido previsto por sus formas constitucionales  el de los mecanismos concretos a través de los cuales sería dable ejercitar la participación política de los ciudadanos.

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