Privatización En El Peru

PRIVATIZACION

CONCEPTO

La privatización es un proceso jurídico-económico mediante el cual las actividades empresariales son transferidas del sector público al sector privado, es decir, traspasadas o tomadas ya sea desde el Estado o la comunidad hacia agentes económicos privados. Es uno de los pilares de la libre empresa, existiendo empresas que libremente otorguen a clientes cualquier servicio que haya dado anteriormente el estado, ahora bajo la libre empresa y competencia para evitar monopolios e intervención estatal a favor de sectores económicos. Sin restricción comercial del estado ni servicios estatales obligatorios los ingresos privados deben ser resultado de la inversión privada, es decir son los ciudadanos y no el Estado quienes contratan servicios privados en un sistema privatizado.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

• Incrementar la inversión nacional y extranjera

• Dinamizar la actividad económica, aumentar la producción y promover la introducción de moderna tecnología.

• Aumentar y mejorar la calidad de empleo.

• Tarifas y precios más bajos.

• Propiciar la libre competencia, igualdad ante la ley y extender el acceso a los servicios esenciales.

• Mejorar la eficiencia en la administración de empresas.

• Accionariado difundido en las empresas.

Objetivos En Materia Fiscal

• Incrementar la recaudación fiscal al generar una mayor producción y actividad en las empresas privatizadas.

• Reducir el déficit fiscal ocasionado por las pérdidas que generaban algunas empresas públicas.

• Maximizar los ingresos del estado a través de la venta y/o concesión de su patrimonio empresarial, e incrementar los programas sociales.

APLICACIÓN EN EL PERU

Decreto Legislativo Nº 674

Aprueban en el Congreso de la Republica La Ley de la promoción de la Inversión Privada de las empresas del Estado, en el gobierno del Ing. Alberto Fujimori Fujimori

Decreto Legislativo publicado el 27 de setiembre de 1991.

Modificado por Decreto Ley Nº 25570 publicado el 23 de junio de 1992, Decreto Ley Nº 26120

Publicado el 30 de diciembre de 1992, Ley Nº 26438 publicada el 11 de enero de 1995 y Decreto Legislativo Nº 844 publicado el 13 de setiembre de 1996.

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley Nº 25327 el Congreso de la República ha delegado facultades legislativas al Poder Ejecutivo para que, mediante decretos legislativos norme, entre otros aspectos, el crecimiento de la inversión privada.

Que el crecimiento de la inversión privada debe promoverse en todos los ámbitos de la actividad económica nacional, propendiendo tanto al desarrollo de nuevas fuentes de generación de bienes, servicios y empleo, cuanto a la modernización, saneamiento y reforzamiento de las existentes.

Que la Actividad Empresarial del Estado no ha arrojado, en conjunto, resultados económicos y financieros satisfactorios, lo que, de un lado, ha impedido la generación de los recursos destinados a mejorar sus sistemas productivos y administrativos, reflejándose ello en los inadecuados precios con que ofrece sus bienes y servicios a la población; y, de otro lado, ha contribuido a la generación del déficit fiscal, con el consiguiente impacto inflacionario.

Que teniendo en cuenta lo anterior, resulta indispensable, de un lado, otorgar a los inversionistas privados las garantías de mecanismos claros y seguros de adquisición de acciones y bienes de empresas del Estado, y del otro, al Estado peruano, los instrumentos necesarios para una recuperación económica en el más corto plazo, que le permita contar con recursos para aplicarlos a la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura vial, entre otros.

Los Resultados en la Experiencia Peruana

Entre 1990-2000 se realizaron 228 operaciones de venta concesiones o liquidación de empresa públicas.

Se ha privatizado:

• El 90% del patrimonio empresarial en minería.

• El 85.5% en manufactura.

• El 68% en hidrocarburos.

• El 68% en electricidad.

• El 35% en agricultura.

Se Afectó el patrimonio del Perú

• Al vender empresas rentables mineras y de hidrocarburos, perdiendo el Perú la renta por la explotación de estos recursos.

• Al trasferir la propiedad y el control de sectores estratégicos indispensables para el desarrollo, cuyo centro de decisión hoy se halla en operadores extranjeros (muchos de ellos estatales).

• Al disponer de los fondos provenientes de la privatización de las empresas para financiar negocios ilegales de la red de corrupción, compre de armas o pago de la deuda externa, en vez de promover el desarrollo productivo.

• Al otorgar privilegios y beneficios tributarios a los nuevos operadores.

Impacto Sobre la Recaudación Tributaria

• Entre 1990-2001 se firmaron más de 600 contratos de Estabilidad Jurídica y Tributaria con empresas inversionistas y receptoras de inversión. Estos contratos “congelaban” el régimen tributario de las empresas y brindaban beneficios en libre remesa de utilidades, tipo de cambio preferencial, etc. Durante 10 años en la mayoría de los casos.

• A diferencia de países como chile y Colombia, donde los contribuyentes pagan una sobretasa de 7% y 2% respectivamente, sobre el impuesto de la renta para obtener la estabilidad, en el Perú se ha otorgado gratuitamente.

• En el Perú se hizo mal uso de estos convenios estabilizando normas constitucionales (D.S. 120-94-EF) que permitieron mecanismos de revaluación y de doble depreciación de activos para la reducción de la renta imponible y con ello dejar de pagar impuestos.

Privatizaciones y el Uso de Papeles Deuda

• Entre 1993 y 1997, el Perú asumió el proceso de recompra y renegociación de su deuda externa. Se destinaron aproximadamente $1000 millones.

• El proceso fue asumido por el ex Ministro Jorge Camet.

• En el mercado secundario a inicios del Fujimorismo, la cotización llegaba hasta menos del 10% del valor nominal.

• En 1994 se dispuso que una parte de las empresas públicas en los procesos de privatización podía ser pagad con papeles deudas, a pesar de las opiniones contrarias de los especialistas e incluso, de los bancos de inversión encargados de las privatizaciones. El valor de los papeles se multiplico beneficiando a los especuladores.

• Existen indicios de que empresarios privados se beneficiaron con información privilegiada, asociándose con los funcionarios de la operación.

El Costo Social: EL EMPLEO

• Se “sanearon las empresas de la carga laboral”, violando derechos constitucionales e igualdad ante la ley, ala in formación y a la legitima defensa.

• Se consideró como “costosos” a los trabajadores estables y antiguos. Ellos fueron las principales víctimas de despidos masivos.

• Se utilizó programas de retiros “voluntarios”. Los que no aceptaban simplemente eran cesados.

• Los nuevos puestos de trabajo son precarios y están bajo el régimen de intermediación laboral (sevices) careciendo totalmente de derechos.

PRIVATIZACION DEL SECTOR ELECTRICO

Introducción

Desde 1990 la economía peruana ha experimentado un profundo y ambicioso programa de reformas económicas que, entre otras medidas, ha incluido la privatización de importantes empresas estatales. Estas acciones han significado que paulatinamente el Estado abandone su rol en el proceso de asignación de recursos como productor directo o proveedor de bienes y servicios, pasando a ser un vigilante de las fallas de mercado.

Para el caso particular del sector eléctrico, el Gobierno ha reemplazado su rol de productor y distribuidor de la energía eléctrica por el de regulador en las actividades de generación y distribución, que corresponden a sectores donde la necesidad de regulación surge por la posibilidad de darse un equilibrio diferente al socialmente deseado si es que el Estado no interviniera.

Las reformas emprendidas en el sector eléctrico estuvieron determinadas, además, por la promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) en 1992. Con la finalidad de establecer las condiciones para un mercado eficaz y competitivo, la ley introduce la segmentación de las actividades de generación, transmisión y distribución dentro del sector eléctrico, estableciendo un régimen de libertad de precios para que los suministros puedan efectuarse en condiciones de competencia y un sistema de precios regulados para aquellos suministros que por su naturaleza lo requieran. La LCE describe las metodologías que se deben emplear para obtener los precios máximos de generación, transmisión y distribución de electricidad.

Por un lado, el estudio de la LCE permitirá evaluar la posibilidad de revisar la parte legal y discutir la incorporación de posibles modificaciones a ésta. Por otro, examinar los efectos de la metodología aplicada en el cálculo de las tarifas hará posible establecer cómo se comportan los agentes en el mercado y cómo les afecta la aplicación de la LCE.

Finalmente, el análisis comparativo de la eficiencia relativa de las empresas nos dará una visión sobre el tipo de empresas que conforman el mercado de la distribución eléctrica en el Perú, lo que permitirá rankearlas y conocer su grado de eficiencia.

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