La Privatización En El Peru

LA PRIVATIZACIÒN EN EL PERU

LA PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS ESTATALES EN EL PERÚ 1991-2000

En 1968 existía en el Perú entre 18 y 40 empresas estatales cuyas actividades representaban entre el 1% y 6% del PBI. El 8% del patrimonio empresarial manufacturero era de propiedad del estado, así como el 1% del patrimonio empresarial del sector minero. En los siguientes siete años, las empresas estatales crecieron significativamente en razón de que el gobierno revolucionario del General Juan Velasco Alvarado les asignó un rol fundamental en la estrategia de desarrollo, llegando a conformarse 174 empresas estatales en 1977.

Como consecuencia del intenso proceso de crecimiento de la Actividad Empresarial del Estado (AEE), las empresas estatales tuvieron una gravitación macroeconómica significativa. De acuerdo a la información de la Corporación Nacional de Desarrollo (CONADE) en 1991 existían 186 empresas estatales, de ellas 135 no financieras y el resto ligado al sistema financiero, cuyas actividades generaban alrededor del 20% del PBI.

De acuerdo a una clasificación elaborada por CONADE en el año 1991 los activos de la AEE no financiera pertenecen en 29% al sector de electricidad, 19% al de hidrocarburos, 15% al de minería, 9% al de industria, 7% al de comunicaciones, 7% al de saneamiento y vivienda, 6% al de transporte y 8% a otros sectores. El estado peruano participaba en el 100% de la generación de electricidad, agua potable y comunicaciones; controlaba el total de la producción de petróleo y gas; generaba el 35% de la producción manera y el 33% de los servicios de transporte y estaba presente en los sectores de pesca y comercialización de alimentos. En general, es posible afirmar que existían empresas estatales en prácticamente todos los sectores económicos.

Según un estimado del Banco Mundial, el valor en los libros de los activos de las empresas estatales no financieras ascendían aproximadamente a US$ 5500 millones en 1988. Según estimados de CONADE, este monto representaba alrededor del 95% del total del patrimonio empresarial del estado. Asimismo, las empresas estatales canalizaban, aproximadamente, el 28% del total de las exportaciones y el 26% del total de las importaciones. Se estima que en 1991 a través de las empresas estatales se desarrollaba un tercio de la inversión pública, y en 1989 la inversión realizada por las empresas estatales equivalía al 1,5% del PBI. Con relación al empleo, la AEE dio ocupación a unas 200 000 personas, lo que correspondía al 2,6% de la PEA.

Claramente la AEE en su conjunto constituía un grupo empresarial de enorme importancia en la economía peruana. Sin embargo, sólo unas pocas empresas de este conglomerado explicaban la mayor parte de los agregados económicos mencionados. Del valor de los activos, el 60% correspondía a tres empresas y sus afiliados (ELECTROPERÚ, PETROPERÚ y ENTELPERÚ); 30 empresas representaban el 85% y entre 50 y 60 al 98%. Asimismo, la mitad del valor de la producción correspondía a las actividades de petróleo, energía y minería. Por su parte, el 40% del empleo en la AEE se encontraba en los tres sectores anteriormente mencionados.

Las deficiencias en la gestión de estas empresas empezaron a ser cada vez más visibles, llamando la atención de la opinión pública. El servicio telefónico estaba fuera del alcance de la mayoría de la población, y la espera por una línea telefónica tomaba muchos años. Esta situación empezó a modificarse en la década de los noventa, después de abril de 1992 cuando el presidente Alberto Fujimori decidió disolver el Congreso e intervenir el poder judicial, concentrando el poder en el Ejecutivo. De esta manera obtuvo mayor margen para llevar a cabo las reformas, dando inicio al proceso de privatizaciones. En 1994 tuvo lugar la subasta de las acciones de la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú (ENTEL PERÚ), la más importante de todo el proceso, por el monto recaudado y el compromiso de inversión de la empresa Telefónica de España, beneficiaria del proceso. Ese mismo año se inició la venta de las empresas de generación y distribución de electricidad.

La privatización de las empresas de electricidad y de telecomunicaciones en el Perú estuvo acompañada por la creación de nuevos organismos con el objeto de regular el funcionamiento de las empresas privatizadas. Simultáneamente se promulgaron leyes de protección al consumidor así como también nuevas normas de promoción de la competencia. Las primeras estuvieron dirigidas a elevar el grado de transparencia en el funcionamiento de los mercados y en particular a facilitar a los consumidores el acceso a la información relevante antes de decidir sus compras. En el caso de los servicios de electricidad, telefonía y transportes, las funciones de regulación fueron delegadas a agencias especializadas: OSINERG, OSIPTEL y OSITRAN.

OBJETIVOS DE LA PRIVATIZACIÓN EN EL PERÚ

El programa de privatización busca promover la eficiencia y competitividad global de las empresas peruanas para alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivos empresariales

 Viabilidad y prosperidad de las empresas a largo plazo.

 Rápida recuperación operativa.

Objetivos políticos

 Transparencia y agilidad del proceso.

 Propiciar la participación de los ciudadanos en la propiedad de las empresas.

Objetivos legales

 Propiciar el establecimiento de marcos regulatorios modernos.

 Efectuar una correcta transferencia de la propiedad en las actividades privatizadas.

 Asegurar la irreversibilidad del programa.

Objetivos económico-financieros

 Generación de empleo productivo.

 Incremento de la inversión nacional y extranjera.

 Crecimiento de la producción.

 Generación de divisas.

 Generación de ingresos fiscales.

 Incremento de la competencia.

 Incremento de la cobertura de los servicios públicos.

ESTRATEGIAS

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