Problemas Sociales

La constitución re-legitimó la democracia como sistema político, pero dejó la igualdad de derechos sociales en manos de un Estado paternalista. El Estado central se oxigenó, pero los poderes locales siguen en manos oscuras. La democracia es más participativa, pero los ciudadanos participan muy poco. Paradojas que sintetiza y explica este lúcido análisis del conocido historiador y cofundador de Razón Pública.

Letra muerta

La Constitución de 1886 estuvo en vigencia más que cualquier constitución latinoamericana, pero entre 1949 y 1990 sobrevivió porque no se aplicó.

En efecto, una constitución busca ante todo crear las reglas para el traspaso pacífico del poder entre diversos partidos, para que la oposición pueda ganar elecciones. Y después de 1946 nunca hubo un traspaso pacífico del poder: golpe militar en 1953, derrocamiento de un dictador y Frente Nacional en 1957, y después un mecanismo, primero legal y luego pactado, mediante el cual los dos partidos compartieron el poder y crearon la impresión de que el sistema existía ante todo para bloquear cualquier alternativa.

De este modo la función básica de la constitución - mantener las condiciones para una política pacífica- nunca operó, sino que se recurrió al Estado de Sitio. La constitución se mantuvo mediante la suspensión de vigencia de muchas de sus reglas.

Ampliar la democracia

En ausencia de oposición legítima, surgió la oposición armada, que sirvió al tiempo para frenar el surgimiento de nuevos grupos políticos y para mostrar la falta de legitimidad de nuestra democracia: importantes sectores de opinión, intelectuales y universitarios, dirigentes sociales y sindicales, consideraban que la democracia colombiana era excluyente y limitada, y que eso explicaba o justificaba la violencia y la guerrilla.

El intento del presidente Barco de romper el bloqueo político volviendo a gobiernos de partido se enredó en medio de una violenta guerra contra el narcotráfico y el proceso político pareció entrar en una espiral sin salida: la muerte de tres candidatos presidenciales en 1989, parecía dejar al país sin salidas.

La convocatoria de la Asamblea Constituyente en 1990, que violó formalmente la constitución anterior, fue un triunfó de la voluntad de encontrar nuevas bases de consenso para la democracia, compartida por los presidentes Barco y Gaviria, por las guerrillas que aceptaron la paz, y por muchos dirigentes tradicionales, y permitió redefinir las condiciones de funcionamiento de política.

La Constitución de 1991 fue, como se ha dicho muchas veces, un pacto de paz. Pero sobre todo fue un esfuerzo por superar una democracia que se consideraba limitada, alejada de los ciudadanos, manipulada por dos partidos con recursos institucionales ilimitados, encabezados por una presidencia imperial, centralista y autoritaria.

Tres grandes objetivos

Simplificando un proceso cuya complejidad desafía toda síntesis, la Constitución de 1991 intentó renovar y reforzar tres áreas básicas del orden político:

1. La legitimidad de la democracia y la credibilidad ciudadana en el sistema de representación política.

2. La capacidad del Estado para enfrentar los desafíos de la guerrilla y la violencia.

3. La capacidad del Estado para satisfacer las necesidades sociales y económicas de la población.

Los temas estaban muy interrelacionados y la constitución los trabó aún más:

- Rehacer la legitimidad del Estado no sólo parecía exigir romper el monopolio de los partidos políticos y abrir oportunidades a otros grupos, sino dar más poder a los ciudadanos mediante su participación política directa, su cercanía a la fuente local de poder y una amplia carta de derechos, y convertir al Estado en garante de la satisfacción de las necesidades de vida de los individuos, definidas también como derechos.

-Un Estado más fuerte (y entre 1990 y 2010 creció rápidamente la parte del Producto Interno manejado por un Estado cada vez más grande y rico: hoy más del 30 por ciento del PIB pasa por el Estado) podría obtener los recursos para atender las necesidades de la población, como salud y educación, y reducir la pobreza, a la que se atribuía gran papel en la violencia, tanto política como la ligada al narcotráfico y a otros negocios ilícitos.

-Y una justicia independiente, con una población que negara legitimidad a la guerrilla, sería capaz de enfrentar los desafíos del narcotráfico, la guerrilla y los grupos de autodefensa que desde comienzos de la década de 1980 se habían ido consolidando como mecanismo de defensa de los propietarios rurales frente a la guerrilla.

El modelo de Estado

Estos ideales se resumieron en la expresión de "Estado social de derecho" y en el campo político en el ideal de "democracia participativa", que permitiría:

1. Acercar el gobierno a los ciudadanos mediante gobiernos locales autónomos y sujetos al control del pueblo.

2. Romper la fuente principal de poder presidencial,

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