Problemas de la Administración Pública en México: La crisis de la confianza institucional

Problemas de la Administración Pública en México: La crisis de la confianza institucional.

1. Introducción

La Administración Pública en México ha cambiado bastante en todas las etapas de su historia como colonia de la Monarquía Española y como una nación independiente. Ha quedado de manifiesto que las transformaciones a las que ha sido sometida revolucionaron la forma en la que el país se gobernaba, y la relación que existe entre las esferas del poder político y los ciudadanos se ha visto cambiada de igual forma.

        Si bien es cierto que los académicos, los gobernantes y los burócratas han influido en estos cambios gracias a la cercanía y a la misma aplicación que implican los nuevos sistemas de administración, los principales críticos y los que recienten directamente los cambios en la forma de gobernar la República a través de sus nuevos mecanismos de gestión y administración, son los mismos ciudadanos. Ellos siempre han sido los principales críticos, pues si un conjunto de cambios no les son benéficos o incluso llegan a perjudicarlos constantemente, la forma de administrar tiene que cambiar.

        Es evidente que tanto los tres poderes de la Unión como los poderes que conforman los Estados y los municipios, han buscado aplicar nuevos modelos de Administración Pública en sus respectivos ámbitos de competencia, tratando de tener una atención más eficiente al ciudadano, de realizar las labores de administración de forma más beneficiosa y de tener canales de comunicación modernos y efectivos con la población.

        Sin embargo, es evidente que la percepción ciudadana hacia la Administración Pública está sufriendo un deterioro pronunciado, probablemente sin precedentes, por lo menos no desde la época previa del inicio de la Revolución Mexicana, haca más de 100 años en el pasado. Queda en evidencia que los mecanismos implementados que los diversos organismos públicos que componen los distintos gobiernos locales y el mismo gobierno federal no han dado los resultados esperados.

        En el presente texto se analizarán los motivos por los cuales la ciudadanía desaprueba la actual manera de Administración Pública y por lo tanto, en las instituciones que rigen a los estados y a la nación.  

2. Desarrollo

El modelo central de la forma de gobernar en México se basa en grandes rasgos al que fue implementado en los Estados Unidos de América, puesto que se determinó la división de poderes, el sistema federal y la inclinación hacia el presidencialismo de Estado. Todo lo anterior fue adoptado en la Constitución de 1824 y aunque sufrió el desplazamiento con los modelos centralistas y monárquicos (con la llegada del Primer y Segundo Imperio Mexicano respectivamente) finalmente se consolidó como el sistema adoptado en la actualidad a través de la Constitución Política de 1917.

        La causa de estudio en el presente escrito es el gran mecanismo institucionalizado que permite que esta forma de gobernar se pueda llevar a cabo con eficacia y orden, es decir, la Administración Pública. El modelo es resultado de la combinación del sistema conocido hasta entonces en los mexicanos, es decir, el centralismo establecido por el Reino de España, y los modelos propuestos en la Francia postrevolucionaria y el implementado en los Estados Unidos.

        En lo anterior surge una posible explicación a la difícil tarea que han tenido los que gobiernan este país de implementar un verdadero sistema federal y dejar de ejercer un control sobre las entidades federativas y los municipios, el cual ha sido mediano o casi totalitario, dependiendo de cada Jefe de Estado y de su gabinete.

        El problema del centralismo y de la autonomía de los estados se intentó resolver con la Constitución de 1917. De hecho queda de manifiesto que en este cuerpo normativo se intentó resolver todos los problemas que aquejaban a la República en materia de gobernabilidad, en esto va incluida la Administración Pública. A pesar de lo anterior, no existieron cambios muy significativos en ese entonces, debido a la situación de inestabilidad que imperaba en el México post-revolucionario.

        El país necesitaba tener bases jurídicas sólidas para después encontrar solución a los problemas dentro de la misma administración pública. La época de los años 1950´s fue esencial para el funcionamiento del Estado Mexicano, ya que los gobernantes de aquella época adoptaron sistemas que fueron muy funcionales y crearon instituciones de gran utilidad para los ciudadanos.

        Sin embargo, a partir de los años 1980´s hubo un estancamiento en el buen funcionamiento de las instituciones públicas, lo que en su momento generó diversas crisis políticas en los años 1990´s. Finalmente, con la alternancia en el gobierno, hubo un cambio significativo en las instituciones. Lamentablemente la ciudadanía ha percibido que los cambios no son suficientes.

“La tendencia promedio de confianza en las instituciones mexicanas es a la baja, sufriendo en 2016 su mayor disminución y por primera vez son calificadas debajo de 6 en promedio (escala de 0 a 10) por lo que puede clasificarse en el nivel de “confianza baja”. (Hernández, 2016).

        Es notorio que el deterioro de la imagen de las instituciones está creciendo en forma alarmante. El nivel de desconfianza es tal que según las encuestas realizadas por el portal de Internet “El Economista”, los niveles de ciudadanos contrarios a toda la maquinaria de la administración pública está en sus máximos históricos, solo superado por los niveles de descontento que existían en el México de principios del siglo XX, antes del inicio de la Revolución.

“Del total de encuestados, 30.2% mostró un nivel de desconfianza en las instituciones, categoría que podría considerarse como antisistema”. (Hernández, 2016).

Es ahora tiempo de analizar cuál es el motivo por el que las instituciones del Estado mexicano no funcionan de manera adecuada, ya que es claro que los mexicanos tienen una pésima percepción de las mismas.

El primer punto que se analiza es el contexto de la forma en la que se busca darle solución a estos problemas, pues a pesar de que existen varias administraciones gubernamentales que intentan reparar el dañado prestigio institucional, el resultado parece ser siempre negativo.

        En la tradición legislativa mexicana, se tiene la idea de que una amplia legislación es la solución a varios de los problemas que aquejan a la sociedad mexicana. Existen cientos de ejemplos como este cotidianamente. Por ejemplo, cuando la Administración Pública padecía del autoritarismo postrevolucionario, en el año de 1930 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cambió para incluir aspectos generales sobre el buen funcionamiento de la Administración Pública y sus servidores. A su vez, se creó la Ley de Planeación Federal, en la que se establecieron los planes por sexenios y las políticas que deberían adoptar los funcionarios públicos, siendo una ley reglamentaria de las disposiciones constitucionales relacionadas.

Esta Ley fue modificándose sexenio con sexenio, hasta finalmente convertirse en lo que hoy conocemos como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de observancia para todos los burócratas en instituciones federales. Posteriormente los Estados adaptaron sus propias leyes basados en la Federal.

En estas leyes se enuncian una serie de requisitos y valores que deben cumplir los servidores públicos, que han cambiado y que se han adaptado a las necesidades urgentes que la sociedad necesita. En materia de redacción y organización, tanto como principio de la Constitución como en sus leyes reglamentarias, orgánicas y los reglamentos derivados de estos, es notorio que los legisladores se han empeñado en cubrir de cierta forma el vacío de certeza jurídica en la función de los servidores públicos.

Esta “tradición” del gobierno mexicano a través del Poder Legislativo y decretos por parte del Ejecutivo ha persistido desde la época postrevolucionaria. Lo podemos notar en la amplitud que posee la Carta Magna de México, así como la gran cantidad de leyes y reglamentos que existen.

Queda de manifiesto que se busca brindar controles extensos y certeza jurídica a través de los textos legales, y así sucede especialmente en los países herederos del antiguo Derecho Romano, en especial las naciones que integran América Latina.

Es de especial observancia que en el presente sexenio se han intentado hacer cambios bastos en las leyes que rigen a la Administración Pública, todo con la finalidad de que la ciudadanía vuelva a confiar en el oxidado sistema mexicano. Lamentablemente, las recientes encuestas mencionadas con anterioridad evidencian que el efecto ha sido todo lo contrario.

        Analizando el extenso historial que tiene México en cuanto a reformas, creación de leyes y reglamentos, es válido preguntarse ¿Por qué no ha dado resultado y los mexicanos sienten un desprecio profundo en contra del sistema político y administrativo nacional?

        Varios estudiosos, organizaciones educativas dentro de México y organismos internacionales han dado sus perspectivas del problema en la nación. José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la Organización para el Desarrollo para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha dado sus perspectivas al respecto, considerando que existe tres factores que han frenado el desarrollo de la Administración Pública, y por lo tanto, también el desarrollo de la República.

        El primer gran problema que enfrenta el sistema mexicano es la falta de transparencia, opacada por el enorme espectro de la corrupción generalizada dentro de la sociedad. Si bien es cierto que se han realizado extensas reformas con la finalidad de transparentar los ingresos, egresos, sueldos y demás datos similares en los organizamos públicos de mayor importancia, los resultados de cambio no se han hecho notar.

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