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Una oleada de nuevos conquistadores, como los que nos corrieron hace 500 y menos años hacia la parte más alejada de las montañas y de la selva, ha vuelto. Podríamos decir mejor que no se han ido nunca; pero lo de ahora es más violento, más intenso, con más dinero, con armas más destructivas. La fiebre del oro y la plata de la primera conquista hizo que no vieran los bosques, el agua, el conocimiento; de pronto la codicia nos salvó a muchos pueblos, porque se llevaron apenas lo más visible y lo que era valioso en ese entonces.Pero ahora todo puede convertirse en oro, en dinero. Vienen hasta por los olores de las plantas, por las palabras bonitas de los abuelos y las abuelas, por el conocimiento de los sailas y los jaibanás, hasta por un sitio que solo tiene el mérito de estar más cerca de un río, del mar, de Europa o de Estados Unidos; con esas cosas sagradas pueden hacerse negocios y se las quieren llevar. Un montón de barriales y de lomas peladas donde le ha tocado vivir a muchos pueblos, y donde la gente se sintió un poco segura frente a los primeros conquistadores, ahora son invadidos para sacar petróleo, molibdeno y otros minerales que hasta estos años nos enteramos del nombre y hasta de que existían. Las selvas y sabanas que hemos cuidado, y donde no podían encontrarnos, ahora están vigiladas con satélites, llenas de huecos de exploración sísmica, entregadas a empresarios de la biodiversidad y el turismo.Sobre nuestros territorios los empresarios y el Estado pintan mapas de recursos naturales donde nunca aparece un indio, y hablan de las tierras como si fueran baldías; otra vez no tenemos alma, no somos seres humanos; con esos métodos nos sacan a la fuerza para que les quede libre el espacio donde van a herir a la naturaleza, o nos obligan a que negociemos “de igual a igual” con la gente que viene armada de fusiles y de montones de plata. Éstos no son buenos tiempos para los territorios indígenas. No son buenos tiempos tampoco para la Madre Tierra.El Observatorio Indígena de Políticas Públicas de Desarrollo y Derechos Étnicos –una herramienta de trabajo que la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y el Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin) hemos constituido para analizar estos procesos–, ha venido documentando estas diferentes problemáticas territoriales que vivimos los pueblos indígenas de Colombia. El libro que presentamos, La Tierra A la memoria de Anatolio Quirá Guauña,y a los miles de mujeres y hombres de maízque nos enseñan aún a liberar la Madre Tierra.p Re s eN TaC I Ó N8contra la muerte: conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia, muestra que en todos los rincones del país, sobre todo en esos rincones donde vivimos nosotros, la conquista y la colonización avanzan.Puede decirse que este libro es una especie de crónica de la conquista. Pero muestra también que en algún lugar, en muchos lugares, la gente originaria de estas tierras resiste. Los indígenas le hemos aportado a este país una profunda conciencia de que el territorio y la Madre Naturaleza son nuestra única posibilidad de existir; y desde esa conciencia es que nos movilizamos para defender al uno y a la otra.El libro sintetiza el trabajo que el grupo de análisis del Observatorio ha realizado en los últimos dos años, y los aportes de investigadores e investigadoras igualmente comprometidos con los derechos de los pueblos y con el derecho a tener una vida buena. Recoge análisis teóricos y debates políticos sobre los territorios, documentos de denuncia e informes sobre problemáticas puntuales, así como el

trabajo realizado para constituir un sistema de información geográfica que está al servicio de las organizaciones indígenas y populares.El capítulo introductorio “Desterritorialización y pueblos indígenas”, caracteriza la política del Estado contra los derechos territoriales indígenas: la alianza del latifundio y el capital financiero, y su articulación con el narcotráfico, que define el régimen político en su conjunto; el uso de métodos de control indirecto sobre

los territorios, en particular los encadenamientos y las alianzas productivas, con las cuales se involucra a los pueblos indígenas en los negocios del gran capital; el quitar todo contenido económico real a las instancias de gobierno, y la privatización de los territorios, que se entregan a las empresas como fincas donde no vale ni la ley indígena ni la ley nacional; la continuación de la conquista de los territorios con su entrega a amigos del gobierno y a paramilitares, volviendo a declarar baldíos lo que son territorios de indígenas; el “descuartizamiento” de los territorios separando las aguas, el subsuelo, la biodiversidad, los bosques, para poder meterlos en los mercados; la superposición de jurisdicciones sobre las autoridades indígenas y la militarización. El capítulo termina analizando la respuesta indígena, nacida de una conciencia territorial que nadie puede ya desconocer, donde venimos profundizando el ejercicio de autoridades y gobiernos propios a nivel local y regional, ocupando cada vez más el territorio, creando redes y alianzas territoriales con los campesinos y los afrodescendientes. Este ensayo resume lo que hemos venido diciendo desde el movimiento indígena: que la política del Estado es contra nosotros, contra nuestros territorios y contra la Madre Naturaleza.En el segundo capítulo, la profesora Gloria Amparo Rodríguez analiza “La autonomía y los conflictos ambientales en territorios indígenas”; es un texto complementario al que analiza las políticas generales del Estado, esta vez con un énfasis en las dimensiones jurídicas de los conflictos, las obligaciones estatales en materia p Re s eN TaC I Ó N9de protección de los derechos, y el aporte sustancial al patrimonio natural del país hechos por los pueblos indígenas.La segunda parte del libro analiza la política de tierras del gobierno colombiano, a partir de diversos trabajos realizados por el Observatorio sobre el tema. En la “Legalización de los territorios indígenas en Colombia”, se demuestra que la recuperación de las tierras ancestrales y la liberación de la Madre Tierra han sidodurante estos cuarenta años más eficientes que el Incora y el Incoder juntos, y muestra la hipocresía de los funcionarios del gobierno que insisten en hablar de los millones de hectáreas tituladas a los indígenas siendo ciegos ante las tierras que siguen siendo usurpadas. El “Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2007): contra los pueblos indígenas” es un texto que sintetiza varios documentos elaborados por Héctor Mondragón, Juan Houghton y el grupo de seguimiento al Estatuto Rural; en él se analiza el que constituye el más grande retroceso en materia legal sobre los derechos territoriales indígenas en cuarenta años, una contrarreforma agraria hecha sobre una reforma que nunca se cumplió.

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