Seguridad Ciudadana, Un Derecho De Seguridad Sin Proteccion

Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana, un derecho de inseguridad sin protección.

La seguridad ciudadana se encuentra establecida en nuestra Constitución en el artículo 55 el cual estipula que:

“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.”

La ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana fue realizada a través de un Decreto con Fuerza de ley realizado por el ex mandatario Hugo Chávez Frías, el cual tiene objeto el regular los órganos de seguridad ciudadana en lo que respecta a sus competencias concurrentes, cooperación reciproca y el establecimiento de parámetros en el ámbito de su ejercicio. Es a través de esta ley que se institucionaliza la seguridad ciudadana en nuestro país.

Sin embargo y a pesar del esfuerzo de regulación en todo lo atinente a la seguridad ciudadana, Venezuela es considerada como uno de los países más inseguros y con mayor índice de criminalidad, en donde de acuerdo a las estimaciones dadas por el Observatorio Venezolano de Violencia se registraron 24.763 muertes violentas en el país para el año 2013 cifra que causo polémica en el gobierno nacional ya que no están de acuerdo con la misma.

El panorama de la seguridad ciudadana en Venezuela es muy álgido, debido a que los objetivos planteados a través de la ley respectiva para su coordinación, además de los planes ejecutados por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz no han logrado sus objetivos de manera eficiente y eficaz. Las políticas aplicadas para la salvaguarda de este derecho constitucional deben ser revisadas para su restructuración o modificación según sea el caso, buscando de esta manera optimizar la aplicación y el resultado de las mismas; siendo de vital importancia tener en cuenta que el presupuesto nacional de este año dedicará menos de 1% a proyectos de seguridad ciudadana lo que afectara de manera evidente la labor de todos los órganos institucionales que se deben a la materia de la seguridad nacional.

Por tanto es necesario que el gobierno nacional con

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