Seguridad Ciudadana en Venezuela: Paradigma o Utopía

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES JUSTICIA Y PAZ

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

BARQUISIMETO EDO. LARA

SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: PARADIGMA O UTOPIA

                                                          Autor: Luis Eduardo Bracho Tremont

                                                          C.I: V-7.382.646                                      

Barquisimeto, Abril de 2020

SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: PARADIGMA O UTOPIA
(CITIZEN SECURITY IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA: PARADIGM OR UTOPIA)

Luis Eduardo Bracho Tremont

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNES

“afiliación con la Universidad”

(Edo. Lara - Venezuela)

Fecha de recepción: Abril, 2020

Fecha de aprobación: XXXX, 2020

Resumen. El siguiente artículo tiene el propósito de establecer diferencias entre lo que se indica en el marco jurídico en materia de seguridad ciudadana y la realidad existente referente a la misma en la República Bolivariana de Venezuela, de manera que al ciudadano común se le pueda garantizar  su derecho a la seguridad o por lo menos perciba la acción del Estado mediante la implementación de políticas públicas eficientes reflejadas en los índices delictivos o estadísticas de criminalidad. Mediante el análisis de los planes, programas y los textos que contienen las grandes misiones que tienen que ver con la seguridad ciudadana se pudo constatar la cantidad de instrumentos y mecanismos existentes para desarrollar las acciones que conduzcan al cumplimiento de los objetivos para lograr la paz social,  muy a pesar queda en evidencia la no aplicación de los mismos, por lo tanto la realidad contrasta con lo que se establece para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano en materia de seguridad ciudadana. Del mismo modo, se  confirma la gran cantidad de irregularidades, que han perdurado en el tiempo, que existen en los órganos de seguridad del Estado, así como también, en el sistema penal, judicial y penitenciario.

Palabras claves: seguridad ciudadana, corrupción, políticas públicas, paz social.

Abstract. The following article has the purpose of establishing differences between what is indicated in the legal framework regarding citizen security and the existing reality regarding it in the Bolivarian Republic of Venezuela, so that the common citizen can be guaranteed their right to security or at least perceive the action of the State through the implementation of efficient public policies reflected in crime rates or crime statistics. Through the analysis of the plans, programs and texts that contain the great missions that have to do with citizen security, it was possible to verify the number of instruments and mechanisms that exist to develop the actions that lead to the fulfillment of the objectives to achieve social peace. , despite their non-application, it is evident that the reality contrasts with what is established to meet the needs of the Venezuelan people in terms of citizen security. Similarly, the large number of irregularities, which have endured over time, which exist in the State security organs, as well as in the criminal, judicial and penitentiary system, is confirmed.

Keywords: citizen security, corruption, public policies, social peace.

SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: PARADIGMA O UTOPIA

L

as Sociedades Modernas ante el problema de inseguridad hoy en día, necesitan la presencia del Estado para subsistir, ya que éste es el responsable de garantizar los derechos de los ciudadanos. El Estado como institución es el encargado de mantener el orden jurídico y social, velando porque éste sea llevado a cabo de forma efectiva, existiendo normas jurídicas que permitan este control, con el fin de prevenir y controlar las variadas conductas humanas.

        Así mismo, a lo largo de la historia los gobiernos de casi todos los países del mundo han tenido que mantener una lucha continua y prolongada contra el flagelo de la corrupción en los organismos que se encargan de la seguridad ciudadana y la República Bolivariana de Venezuela no escapa de ello, no es un secreto que la corrupción ha alcanzado todos los cuerpos de seguridad ciudadana del estado y la misma se entiende como un tipo de mala praxis, frecuentemente constitutiva de delito, consistente en el uso indebido de sus atribuciones, recursos o información con el objeto de obtener provecho económico o de otro tipo, así como avances en la carrera profesional e incluso fines políticos. Esa mala praxis consiste frecuentemente en el soborno, el chantaje o el uso selectivo de la persecución, investigación o arresto de terceros.

En relación a lo planteado, el único respaldo que puede sentir un ciudadano cuando se siente amenazado en su instinto de seguridad, es el de sentirse apoyado por el Estado y que este haga sentir su presencia por la vía de la prevención y de la represión. Frente a este fenómeno de la inseguridad, los ciudadanos se ven necesitados a buscar una vía o ruta diferente, alterna, un escape y una solución, debido a que la ciudadanía se siente desprotegida y desamparada por el Estado, en virtud de que muchos de sus organismos de control social encargados de la custodia ciudadana no son eficaces, a tal punto que se ha llegado a la autogestión en busca de la tan ansiada seguridad.

En tal sentido y como consecuencia de la situación de inseguridad, el Estado debe ejercer el rol que le atribuye la competencia exclusiva e indelegable de la seguridad de todos los ciudadanos. Así lo establece nuestra carta magna, conocida como la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, en sus Artículos 55 y 332. De todo ello se desprende que la seguridad debe ser ejercida mediante una política pública eficaz, y reivindicando así el verdadero sentido de la Seguridad Pública.

Anteriormente, la República Bolivariana de Venezuela vivía entre dos modelos policiales; por una parte, un viejo modelo policial represivo, antipopular, lleno de carencias, deformaciones doctrinales y de vicios en su funcionamiento; viejo modelo éste que poco a poco se ha ido depurando con la aplicación de la Reforma Policial en todos los cuerpos de policías del país. Por la otra, un nuevo modelo policial establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Policía fundado en principios humanistas, enfocado a la profesionalización de la labor policial y sustentado en valores de respeto y garantía de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas enmarcado en el poder popular.

Los Cuerpos Policiales y de Seguridad Ciudadana son fuerzas que dependen del Estado y cuya principal misión será la de mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos de acuerdo a las órdenes que se emanen desde el ámbito político.

Según James Fyfe (y otros), en el libro Administración de la Policía (1997), el concepto policía se deriva de la palabra francesa "policer" que significa poder del pueblo. El término, en su sentido más amplio, significa regulación y control de una comunidad en los aspectos relacionados al orden, la salud, la vida y la propiedad.

El Diccionario de la Real Academia Española lo define como el buen orden que se observa y se guarda en las ciudades y repúblicas para cumplir con las leyes y ordenanzas municipales. Se incluye, como parte de la definición, a un cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos. Se circunscriben también los conceptos de cortesía, buena crianza y urbanidad en el trato y las buenas costumbres.

Entonces, por su concepción original y actual, se puede decir que la policía históricamente surgió para cumplir con los objetivos de proteger la vida, la salud, y la tranquilidad de los ciudadanos que conforman la sociedad. En pocas palabras velar por el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden. El servicio de policía es el conjunto de acciones ejercidas en forma exclusiva por el Estado a través de los cuerpos de policía y órganos de seguridad en todos sus niveles, conforme a los lineamientos y directrices contenidos en la legislación, municipal, estadal,  nacional y los que sean dictados por el Órgano Rector, con el propósito de proteger y garantizar los derechos de las personas frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para su integridad física, sus propiedades, el ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la ley conforme a los preceptos constitucionales.

En el mismo sentido, el Estado ha fomentado diferentes mecanismos con el propósito de garantizar cada uno de los aspectos anteriormente señalados, sino también de dignificar la profesión de los funcionarios de todos los órganos de seguridad ciudadana con la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía, así como también de otros instrumentos legales,  los cuales establecen, entre otros: proteger el libre ejercicio de los derechos humanos, las libertades públicas y garantizar la paz social; preservar la comisión de delitos; apoyar el cumplimiento de las decisiones de la autoridad competente; controlar y vigilar las vías de circulación y el tránsito; facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la conciliación. Con este mandato, claro el perfil de los funcionarios de los órganos de seguridad queda, en consecuencia, taxativamente enunciado y por ende, lo que deben aprender. Esta idea de claridad en el mandato de seguridad ciudadana que luego tiene su traducción en las funciones del servicio de cada organismo responsables de la misma y las maneras de hacerlo y que también se normaron, dejaron el camino despejado para que el diseño de la formación fuera mucho más simple.

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