Seguridad y desapariciones forzadas

 Cristiane Citlali Rodríguez Tahull

SEGURIDAD Y DESAPARICIONES FORZADAS.

INTRODUCCIÓN.

La desaparición forzada es una técnica de terror que busca silenciar y someter poblaciones enteras, pues esta se basa en la privación y ocultamiento de la libertad y el paradero de una persona, ya sea directamente por agentes del estado o relacionados a este o simplemente por particulares a él. El Centro Nacional de Memoria Histórica se refiere a la desaparición forzada como “aquella modalidad de violencia despegada intencionalmente en un contexto de extrema racionalización de la violencia, que consiste en la combinación de privación de libertad de la víctima, sustracción de esta del amparo legal y ocultamiento sobre su paradero” (CNMH 2016).  Es por ello por lo que con este trabajo busco dar a conocer cifras, datos y diversos puntos obtenidos a lo largo de mi investigación, comenzando explícitamente con aspectos a considerar de la desaparición de personas:

• La desaparición forzada es un delito de privación de la libertad un tanto inexacto, pues ciertamente viola diversos derechos de las personas y especialmente el derecho a la existencia social.
• Para que exista un delito debe existir alguien que lo cometa, condiciones físicas y el sistema que lo permita.
• La desaparición coloca a la persona en un tiempo suspendido (el desaparecido no está vivo y no está muerto, simplemente está desaparecido) pues no están presentes, pero a la vez no están ausentes.
• Involucra dimensiones colectivas e individuales, tanto de los individuos que ejecutan el acto de desaparición forzada, como de aquellos que la sufren.
• Son “forzadas” porque el estado es incapaz de garantizar nuestra seguridad.

Con este pequeño listado se puede caer en cuenta en lo que ya todos sospechábamos, y es que el estado es cómplice de dichas desapariciones, pues no mide el problema, no previene y realmente no trabaja para resolverlo; en México quienes dan lucha en contra de esto es la sociedad civil, pues como ya mencioné, el estado hace caso omiso, no está presente o de alguna manera llega tarde. Actualmente hay más de 100,000 desaparecidos registrados hasta mayo de este 2022, sin embargo, hay más de 50,000 cuerpos en manos de los servicios médicos forenses, cuerpos estancados, que no han sido o no pueden ser reconocidos y entregados a sus familias, o simplemente la cantidad de cuerpos es tan inmensa que no se puede llevar un orden. En México la mayoría de las personas desaparecidas van de los 14 a los 29 años y conforman el 46% de los desaparecidos.

 Siendo Jalisco el epicentro de las desapariciones del país, este representa el 14% de las desapariciones totales. Actualmente en Jalisco el gobernador Enrique Alfaro, es el gobernador con más desapariciones en el país, ya ni si quiera busca resolver el problema, sino simplemente controlarlo o lograr administrarlo. Es irónico, pues considerando que las fuerzas públicas se conforman por aproximadamente 400,000 soldados, el estado suele “cuestionar” que se permitan las desapariciones, pero en realidad no busca, ni lo quiere combatir.

En las elecciones presidenciales de 2018 llega al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió entre otras cosas, modificar la estrategia contra la violencia y complementarla con acciones que resolvieran lo que llamó: “las causas” del problema. Estas causas desde su punto de vista son la pobreza, la desigualdad y la marginación. (Presidencia de la república, 2019) Sin embargo yo voy a mencionar algunas tendencias posibles que logré recolectar a lo largo de mi investigación:

• La principal y que más destaco es la falta de voluntad política, pues la ley está ahí gracias al trabajo de familiares, pero el gobierno no la está accionando.
• Así como la falta de voluntad política, también tenemos la falta de capacidad política, que se relacionan estrechamente la una con la otra.
• La corrupción y falta de transparencia.
• Los establecimientos de pautas por separación de tipos de desaparición (desaparición forzada por agentes del estado o desaparición forzada por particulares).
• La impunidad, en cuanto a las carpetas de investigación que no son cerradas de manera correcta y completa.
• Inseguridad generalizada.
• La aprobación de reformas e iniciativas para rectificar desapariciones forzadas, que en su totalidad no están haciendo nada al respecto para prevenir el problema.
• No identificar la falla, pues para solucionar o prevenir algo, es precisamente necesario saber que lo está generando.
• Culpabilizar anteriores, tratando de deslindar las obligaciones y responsabilidades.
• El considerar enemigos del gobierno a personas que le llevan la contra al estado y sus ideales o necesidades (generando estrategias represivas por parte del mismo estado)
• La falta de personal en las comisiones, fiscalía e investigadores de búsqueda.
• El desvío de recursos hacía las cortinas de humo para distraer a la población de las acciones del estado.
• La falta de capacidad del estado de controlar el fenómeno, lo que crea una crisis humanitaria producida por violencia de distintos tipos.
• Y para finalizar, las redes de complicidad.

Pude darme cuenta al indagar un poco, que realmente no existen ni un solo trabajo a escala nacional que realmente explore homicidios y desapariciones forzadas, que involucre técnicas de análisis espacial, y que incluya a todos los municipios del país. Las desapariciones forzadas corresponden al Registro Nacional de datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) dependiente del SESNSP, y están referidos a “datos de personas no localizadas obtenidos a partir de las denuncias presentadas ante la autoridad ministerial correspondiente” (SESNSP, 2019B).

Los orígenes registrados de la desaparición forzada se remontan a 1941, en épocas de la segunda guerra mundial, cuando el conocido Adolf Hitler elaboró un decreto, ordenando en este, el traslado de aquellas personas que en los territorios ocupados presentaran una amenaza para el Reich]; una vez que estas personas fueron trasladadas, los detenidos desaparecían sin más y los oficiales tenían estrictamente prohibido el brindar información sobre la suerte y el paradero de las personas. De tal manera se buscaba generar angustia sobre la suerte de los detenidos en los países ocupados y crear de alguna manera un efecto disuasorio en la sociedad para evitar cualquier tipo de oposición.

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