Sentencias

CASO N°4

El Caso 4 hace referencia a las Comunas afroecuatorianas “La Chiquita” y “Guadalito” ubicadas en el Cantón San Lorenzo de la Provincia de Esmeraldas, estas comunas fueron afectadas por varias palmicultoras y haciendas que generaban contaminación al recurso hídrico a través de la descarga de agro tóxicos al medio ambiente. Cabe destacar que al ser contaminados los ríos y esteros, se privaba a los pobladores del consumo del agua, o en su defecto se los envenenaba, pues de acuerdo a datos del INEC, el 33.6 % de la población de San Lorenzo depende del agua de ríos.

A pesar de las quejas expresadas por las comunidades, no se obtuvo respuesta alguna por parte del Ministerio del Ambiente, al contrario, se alargaba el proceso y se evitaba afrontar el inconveniente, trasladando dicho problema a diversas entidades que no tenía dentro de sus competencias dar solución a lo expuesto. Al final el subsecretario de Calidad Ambiental notificó a las empresas involucradas, sobre la demanda, sin embargo, este procedimiento no debió ser tan específico. Al analizar las muestras de agua tomadas se encontró que estaban dentro de los límites máximos permisibles pero en dichos análisis sólo se tomaron en cuenta 15 de los 30 parámetros, beneficiando así a las empresas privadas.

• Los mecanismos violentados fueron, el de control y prevención, ya que no se efectuaron en las empresas contaminantes las auditorías pertinentes; el mecanismo de conservación y protección de las áreas protegidas, dado que el sitio afectado forma parte del área protegida “La Chiquita”. En el momento en que se decidió ejecutar la actividad contaminante en las haciendas, se violentó el mecanismo de consulta previa a las comunidades, así como la falta de información a las mismas. Posteriormente no se ha dado el mecanismo de restauración ni de indemnización por causa de malos procedimientos de la autoridad ambiental.

Al pasar por alto estos mecanismos, se han transgredido derechos fundamentales como son el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, el derecho a la calidad de vida lo que involucra la salud, alimentación, nutrición, saneamiento ambiental, etc. y por la omisión de la autoridad no se obtuvieron las medidas preventivas del caso y afectó el derechos de la comunidad a presentar quejas.

• La tutela de derechos se resuelve a través de la acción de protección pues con ella se actúa inmediatamente en las afectaciones generadas y se reestablece la defensa de los derechos constitucionales que fueron quebrantados por las autoridades a través de la omisión.

• Finalmente analizando el acceso a la justicia, se infiere que el acceso a ésta inicialmente no fue el adecuado, debido a que los denunciantes tuvieron que insistir en varias ocasiones ante el Ministerio del Ambiente para que se les entregue la copia de la auditoría,

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