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Tesis Juridica De La Discapacidad En Ecuador

rossb514 de Noviembre de 2012

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ACCIÓN AFIRMATIVA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL

ÁMBITO LABORAL PÚBLICO Y PRIVADO

JUSTIFICACIÓN

La participación e inclusión para las personas con capacidades especiales en la sociedad ecuatoriana es un gran logro, pusto que han sido años de lucha constante de los gobiernos para erradicar la discriminación ante la discapacidad que no es un limitante; pero si lo es la actitud de la sociedad frente a aquellas personas que sufren el irrespeto e incumplimiento de sus derechos que son vulnerados y desprotegidos.

Desde las corrientes mundiales que han establecido prioridad por este sector, Ecuador y latinoamerica han trabajado poco a poco hasta alcanzar el objetivo en común. Se ha facilitado en parte el acceso al trabajo con oportunidad de igualdes, y promoviendo su fácil acceso en el ámbito público y privado que ha sido el de mayor expectativa.

El Estado garantiza el trabajo remunerado a personas con discapacidad en función de sus capacidades considerando sus limitaciones es un derecho para las personas y grupos de atención prioritaria; siendo la responsabilidad del Estado el de establecer políticas públicas y programas de atención para estas personas; fomentando la autonomía personal, disminuyendo su dependencia, conseguiendo su pleno desarrollo e integración social y participación en la definición y ejecución de estas políticas.

El trabajo para estas personas se lo hace en condiciones de igualdad de oportunidades, las cuales fomentan sus capacidades y potencialidades, y justamente, estas políticas permiten su desenvolvimiento e incorporación en entidades públicas y privadas.

Hoy, en la Misión Solidaria Manuela Espejo, uno de los programas que ideó el Gobierno actual para enmarcar las políticas públicas, ha registrado 294.000 personas con algún tipo de discapacidad.

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR QUE DEFIENDEN A LOS GRUPOS VULNERABLES A LOS QUE ATIENDE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Estos son algunos artículos que amparan los derechos de los grupos vulnerables a los que atiende la Vicepresidencia de la República por medio de los programas sociales que lleva adelante.

Personas con discapacidad

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que resten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas.

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.

4. Exenciones en el régimen tributarlo.

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas.

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue.

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos.

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual.

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas.

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.

PROGRAMAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El 30 de Marzo 2007 el Ecuador se adhirió a la convención de las Naciones Unidas con el propósito de promover y fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

En coherencia de estos instrumentos internacionales adoptados por el País, el 23 de mayo del 2007, se elevó a política de Estado la atención y prevención de la discapacidad, delegando su ejecución a la Vicepresidencia de la República, a través del programa “Ecuador Sin Barreras.

Ecuador aprobó, en el 2008, la nueva Constitución de la República, que menciona en 21 artículos y una disposición transitoria la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la responsabilidad del Estado en su implementación.

Con este marco legal en Junio 2001 la Vicepresidencia de la República suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con casi todas las instituciones del Estado, para emprender conjuntamente la ejecución de la Misión solidaria Manuela Espejo y posteriormente el Programa Joaquín Gallegos Lara.

La Misión Solidaria Manuela Espejo es un estudio bio psico social clínico genético para estudiar y registrar georeferencialmente a todas las personas con discapacidad a escala nacional. Por su parte el programa Joaquín Gallegos Lara nace luego de que la Misión Manuela Espejo detectó los casos más críticos de personas con discapacidad física o intelectual severa que viven en un entorno de pobreza, siendo en muchas veces abandona en largas jornadas.

Desde julio del 2009 a noviembre del 2011, las brigadas de la Misión Solidaria Manuela Espejo, visitaron 1´286.331 hogares en 24 provincias y 221 cantones del Ecuador, estudiando y localizando a 294.611 personas con discapacidad, quienes son atendidas de manera integral en el marco de la fase de respuesta.

En el marco del estudio de la Misión Solidaria Manuela Espejo se realizaron 825.576 atenciones médicas a personas con discapacidad o a familiares. Se efectuaron también 21.062 consultas de genetistas y 35.257 consultas de otros especialistas; se registraron 26.327 casos críticos, que fueron atendidos urgente y oportunamente por la red pública de Salud. Estos datos arrojan una prevalencia de 2,43% de personas con discapacidad a nivel nacional.

El 15 de noviembre de 2009, 14 ministerios e instituciones firmaron un acuerdo con la Vicepresidencia de la República con el fin de coordinar acciones y programas para ayudar a las personas con discapacidad identificadas por la Misión Solidaria “Manuela Espejo”, en el marco de la fase de respuesta.

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social propiciará políticas públicas que permitan la creación de un Sistema Nacional de Prevención de las Discapacidades, con el fin de cambiar la realidad de exclusión que vive esta población.

El Ministerio de Relaciones Laborales se compromete a desarrollar estrategias de auto sustentabilidad, centros de empleo, programas de capacitación e inclusión laboral para las personas identificadas por la Misión Manuela Espejo.

El Ministerio de Educación promoverá la escolarización de las personas con discapacidad identificadas en la Misión Manuela Espejo y su capacitación.

El Ministerio de Industrias se compromete a respaldar el desarrollo de microempresas y la creación de emprendimientos productivos para las personas con discapacidad y sus familias.

PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La reforma a las leyes ecuatorianas han solicitando a las empresas de nuestro país, contratar el 1% anual hasta completar el 5% de su nómina de discapacitados ubicándolos de tal manera que ellos puedan desarrollarse dentro de la misma; pero un problema inminente y que siempre ha existido es el no poseer las herramientas, ni la metodología a seguir para garantizar el desarrollo de la persona que presente una discapacidad.

La inclusión laboral de las personas discapacitadas en empresas ya constituidas, demuestra la importancia que tiene la imagen de la misma ante la sociedad, pero la sola inclusión de la persona no significa que la empresa esté logrando lo que las leyes persiguen, lo cual es el desarrollo personal, físico y profesional de las personas que presentan una discapacidad.

El problema se agrava cuando un discapacitado debe desarrollar su actividad dentro del lugar de trabajo en un ambiente que impide el desarrollo de las diferentes actividades dependiendo de la incapacidad convirtiéndose en un minusválido.

Por las condiciones de extrema pobreza en la que se encontraban la gran mayoría de éstas personas, el gobierno emprendió un programa por medio del cual les otorgaba una subvención económica denominada "Bono de Solidaridad". Sin embargo, éste era un programa aislado que no formaba parte de ningún programa integral que persiguiere mejorar

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