Derecho, legislación y normatividad para el desarrollo sustentable

“Derecho, legislación y normatividad para el desarrollo sustentable”

ÍNDICE

Introducción        3

“Derecho, legislación y normatividad para el desarrollo sustentable”        4

Desarrollo sustentable        4

Desarrollo sustentable en México        4

Legislación y normatividad para el desarrollo sustentable        5

Conclusiones        9

Referencias        10

Introducción

La explotación de los recursos naturales con la finalidad de satisfacer las necesidades primarias del hombre, ha ejercido una fuerte e incesante presión en la naturaleza.

El crecimiento de la población, que hoy en día alcanza números exponenciales, ha dictado uno de los mayores retos a resolver para los líderes nacionales alrededor del mundo: satisfacer las necesidades de la sociedad sin poner en riesgo la disponibilidad de los recursos naturales.

A partir de lo mencionado anteriormente, surge el concepto de ‘desarrollo sustentable’. Dicho concepto es vinculado a los distintos ámbitos de la vida del hombre, con el fin de lograr una aplicación integral del desarrollo sustentable.

En la actualidad, el desarrollo económico de los países, se mide con relación a las industrias que existen dentro de ellos. El desarrollo económico no debería ser opuesto al concepto de desarrollo sustentable; sin embargo, la maximización de la economía basada en el deterioro natural, hace parecer que estos dos conceptos no son compatibles.

El deterioro ambiental se ha visto en creciente criticidad en los últimos años, siendo este tópico uno de los más comentados, considerado un problema que requiere de una solución urgente y el mayor reto al que los seres humanos nos enfrentamos hoy.

El compromiso de los gobiernos en las acciones para contrarrestar el desequilibrio ambiental, es de suma importancia. Los países han considerado necesaria la implementación de legislaciones, reglamentos y normativas referentes al desarrollo sustentable, con el fin de definir qué hacer y qué no para solucionar el problema.

El control de emisiones, las multas por utilización de materiales indebidos, temporadas de veda en los hábitats naturales para proteger a las especies y sanciones por uso desmedido de recursos naturales; son sólo algunos ejemplos de las medidas tomadas por las diferentes organizaciones que tienen como meta la protección del medio ambiente.

En el presente escrito, abordaremos la historia del desarrollo sustentable en México, desde su desarrollo, pasando por su evolución, hasta la actualidad. Además trataremos las legislaciones creadas y la normatividad existente con relación al desarrollo sustentable dentro de nuestro país.

“Derecho, legislación y normatividad para el desarrollo sustentable”

Desarrollo sustentable

La Organización de las Naciones Unidas define al desarrollo sustentable como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (1987).

El desarrollo sustentable surge como el principio que rige el desarrollo de los países a largo plazo. El objetivo es lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.

Los objetivos del desarrollo social y económico de todos los países, desarrollados o en vía de desarrollo, deben estar alineados con la definición de desarrollo sustentable en términos de la sostenibilidad.

A nivel mundial, es uno de los principios más importantes para la planificación a largo plazo, enfocado al desarrollo integral de los países, sin dejar de lado el capital natural que posee cada nación.

Desarrollo sustentable en México

La década de los ochenta, fue una época declarada por la ONU como “la década perdida”. La referencia comenzó a utilizarse debido a que los países con economías no desarrolladas y excesivamente endeudadas, perdieron crecimiento, empleos y progreso, siendo adicional la pérdida de capital natural; México no fue la excepción a dichos cambios.

Durante años, las políticas de desarrollo en México, mantuvieron una concisa indiferencia hacia los costos económicos y sociales que implicaba el crecimiento demográfico, pues además del exceso de población, la distribución territorial de ésta no era adecuada. El impacto de las actividades productivas y la urbanización en la calidad del aire, el agua y el suelo, además de la ignorancia en cuanto a las consecuencias de la degradación y explotación desmedida de recursos naturales, fueron sólo algunos de los factores que desencadenaron graves crisis ambientales, principalmente en las zonas metropolitanas.

“Hace unas décadas prevalecía la idea de un mundo lleno de recursos inagotables; en la actualidad esta visión positiva se ha venido abajo. H. Daly lo plantea con toda claridad cuando percibe que la economía humana ha pasado de una era en la que la acumulación del capital (capital hecho por el hombre) era el factor que limitaba el desarrollo económico, a otra en la que el factor limitante es lo que resta del capital natural.” (Verdejo, 2000).

Legislación y normatividad para el desarrollo sustentable        

En la década de los setenta se inició la creación de instituciones encaminadas para atender los problemas referentes al deterioro ambiental. En 1971 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, en 1972 se creó la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente y en 1976 se estableció la Dirección General de Ecología Urbana dentro de la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

Sin embargo, a pesar de lo conseguido hasta la década de los setenta en pro del ambiente, no fue sino hasta  finales de la década de los ochenta que el concepto de ‘desarrollo sustentable’ tomó importancia en el país. Fue entonces cuando el país tomó la postura de contribuir en los acuerdos internacionales referentes al cuidado del ambiente, iniciando la segunda etapa de creación de dependencias, como contribución local a la solución de las crisis, así como la implementación de leyes que apoyaran el desarrollo de la sustentabilidad a nivel nacional y local.

En 1994, México dio un gran paso a nivel institucional con la creación de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), que fortaleció la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales del país. En el año 2000, la institución pasó a ser la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), sin cambiar los objetivos principales de la primera. La creación de la SEMARNAT fue el parteaguas para la implementación de leyes orientadas a un ámbito específico del medio ambiente que en ese entonces manifestaba la necesidad de ser regulado. Algunas leyes relevantes que se han conseguido promulgar son:

• Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente (1988).
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003).
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (2013).
• Ley General de Vida Silvestre (2000)
• Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (2007)
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001)

La instauración de leyes orientadas a velar por el equilibrio ecológico en México, contribuye a crear una cultura sustentable en la población, convirtiendo las acciones de reversión no solo en recomendaciones, que como bien sabemos, son opcionales. La legislación hace de la sustentabilidad una obligación jurídica para la sociedad, un principio que debe ejercerse en cada aspecto en el que el hombre se desarrolle.

En este mismo sentido, la Carta Magna establece en su articulado diversas disposiciones de carácter ambiental que son la base del sistema jurídico actual. Es importante mencionar que a partir del artículo 27, que se refiere a la conservación de los recursos naturales, se ha dado suma importancia al medio ambiente. De manera implícita, podemos encontrar el concepto de ‘desarrollo sustentable’, así como también maneja el concepto de conservación de los recursos naturales; el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta lo siguiente: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana…”. “Conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico…”

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