Derecho . reconocimiento de existencia

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FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE DERECHO

TAREA

DIFERENCIAS ENTRE EL NUEVO PROYECTO DE CODIGO PROCESAL PENAL Y EL DE 1991

ESTUDIANTE

Silva Rodriguez, Melanie

ASESOR

Flórez de la Cruz, Elizabeth

NVO CHIMBOTE

PERÚ - 2017

LAS REFORMAS ENCONTRAS CON EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL Y EL CODIGO PENAL DE 1991 SON LAS SIGUIENTES:

*El Proyecto de Ley N° 3491/2013-CR del Nuevo Código Penal, trae consigo algunas innovaciones importantes, como también muchos desaciertos jurídicos. Entre sus valiosas aportaciones, este cuerpo punitivo intenta reconocer explícitamente derechos fundamentales del ciudadano, como, por ejemplo, el pretender reivindicar y afirmar el “principio de racionalidad y humanidad de las penas” en el artículo VIII del Título Preliminar del citado Código punitivo, paso importante en el reconocimiento de la dignidad personal del hombre como límite infranqueable al Estado, con lo cual se estaría reafirmando que la persona humana no es un objeto, ni medio, sino un fin en sí mismo y como tal debe ser respetado; sin embargo, a pesar de la importancia de este principio rector, éste no se encuentra albergado explícitamente en el Título Preliminar del Código Penal vigente de 1991.

En ese contexto, el presente punto de análisis, tiene como objeto concreto examinar el numeral 2 del referido artículo VIII del Título Preliminar de la propuesta del nuevo Código penal, que pretende facultar al juzgador lo siguiente: “Cuando una pena en el caso concreto resulte cruel, inhumano o degradante, afecte de manera grave a terceros inocentes o sea manifiestamente desproporcionado, el juez la evita o morigera sus efectos aun cuando esté prevista en la ley”. Vale decir, este último supuesto, intenta otorgarle potestad al juzgador para apartarse del marco de pena en abstracto previsto en la ley penal, so pretexto, de considerarla en un caso concreto manifiestamente desproporcionado, y por consiguiente, justificar la imposición de una pena concreta por debajo del mínimo legal, en otras palabras, esta intención normativa, pretende establecer como novedad jurídica, el elevar por encima del principio de legalidad penal, al principio de proporcionalidad de la pena, al parecer con la intención de neutralizar el aumento desmedido de las penas abstractas, a consecuencia de la actual tendencia político –criminal implantada por el Estado en la lucha contra la criminalidad.

* En este nuevo proyecto de Código Penal del 2015 se incorpora un contenido más amplio y especial respecto del tratamiento de la diversidad cultural y la jurisdicción especial de las comunidades indígenas, éstas se desarrollarán en los artículos 14°, 15° y 16°, a diferencia del Código Penal de 1991, en el cual solamente se hacía mención a este tema en su artículo 15° el cual se acogió una forma especial de error conocida como “error de comprensión culturalmente condicionado”, la cual establecía lo siguiente:

“El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón, esa posibilidad se halla disminuida, se atenuará la pena”.

Es así que veremos más a fondo lo que concierne al tema de la jurisdicción especial en las comunidades indígenas, ya que es un tema muy controversial y mucho más en un país como el nuestro que posee una amplia diversidad étnico-cultural, lo cual genera un debate jurídico sobre la aplicación de la ley penal.

*En el Proyecto de Código Penal de 2015, a diferencia del Código Penal de 1991, se hace una precisión respecto a los conceptos de funcionarios y servidores públicos, es así que en el art. 19 se señala que para efectos de la ley penal son funcionarios o servidores públicos:

• Los comprendidos en la carrera administrativa.
• Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección Popular.
• Los que independientemente del régimen laboral en que se encuentren, mantienen vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con Entidades u Organismos del Estado y que en virtud de ello ejercen funciones en dichas entidades u organismos.
• Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por

autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.

• Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
• Los señalados en los numerales anteriores, con independencia de su ubicación

jerárquica, remuneración, antigüedad y estabilidad en el cargo, incluidos los que han sido designados, electos, proclamados o nombrados para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o de sus entidades.

• Los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado.
• Los que expresamente están señalados en los tipos penales.
• Los funcionarios o servidores públicos de otros Estados o de organismos

internacionales. En estos casos, la ley peruana se aplica cuando no proceda la

inmunidad.

• Los demás indicados por la Constitución Política y la ley.

Como es de verse, el Proyecto de Nuevo Código Penal de 2015 incorpora un Capítulo donde hace referencia a quienes son considerados funcionarios o servidores públicos a diferencia del Código Penal de 1991 que regulaba la calidad de funcionarios o servidores públicos en el art. 425° el cual no daba una clasificación tan precisa como lo da el Proyecto de Nuevo Código Penal que extiende la calidad de funcionario público. Al respecto este proyecto incorpora al funcionario o servidor público en función al tipo penal (inc. 8) y funcionario o servidor público de otros Estados o de organismos internacionales (inc. 9) y como novedad se incorpora la posibilidad de imputación penal para los funcionarios o servidores públicos de otros Estados o de organismos Internacionales.

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